Impacto del coronavirus en las Administraciones Públicas

Ha sido publicada en el prestigioso diario jurídico Confilegal, entrevista a Antonio Benítez Ostos, como abogado especialista en derecho administrativo y contencioso – administrativo.

En virtud de la misma, se analiza el impacto o las consecuencias que las medidas adoptadas con motivo del coronavirus, están provocando y provocarán para con las diferentes Administraciones Públicas, en todos los niveles territoriales: Estatal, Autonómico y Local.

La entrevista comienza recordando,que hace más de quince días, el ejecutivo comunicaba la decisión de declarar el Estado de Alarma en nuestro país, conocasión del COVID-19, con las consecuencias restrictivas que ello comportaba.

Dicha medida, como es sabido, quedó enmarcada jurídicamente bajo el amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Por lo que aquí y ahora nos interesa, entre otras medidas, se adoptó la suspensión de los plazos administrativos y suspensión e interrupción de los plazos previstos en el orden contencioso – administrativo. 

No obstante, en la entrevista, recuerdo que existen excepciones a dicha regla general de suspensión de plazos. Así, en vía administrativa, podrá continuarse con la tramitación de los procedimientos administrativosen aquéllas actuaciones que sean necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos de los ciudadanos. No obstante, dicha suspensión, deberá de contar con el acuerdo del interesado en cuestión.

Igualmente señalo, que en vía judicial, la suspensión e interrupción de plazos, no operará en aquellos procedimientos en los que se dilucide la protección de derechos fundamentales de la persona, la tramitación de autorizaciones en domicilio o en aquellos lugares en los que se precise la conformidad de su titular para su acceso e incluso la ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren necesarias en la situación que padecemos.

A continuación, en la entrevista, se trata sobre la desestimación por parte del Alto Tribunal, de la medida cautelarísima que fue planteada recientemente por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y la posibilidad de que dicho Organismo, siguiendo lo establecido por el TS, interponga el correspondiente contencioso – administrativo con la oportuna petición de la medida cautelar que considere, la cual será tramitada por los cauces ordinarios.

Seguidamente, se aborda la suspensión que opera para aquellos contratos celebrados por la Administración Pública y que el contratista no pueda llevar a cabo como consecuencia de la situación excepcional que atravesamos. Explico el devenir de las diferentes contrataciones, en función de si los contratos son o no de tracto sucesivo, de si se trata de obras o de concesión de obras o servicios.

Analizo igualmente, el régimen indemnizatorio que ha sido previsto para cada una de las indicadas modalidades contractuales, que neutraliza y deja sin efecto las previsiones establecidas al respecto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

A continuación, refiero que las antedichas suspensiones contractuales, no se aplican a los contratos de servicio o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, que estén vinculados con la pandemia que nos atañe. Tampoco, a los contratos de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas informáticos, a los relacionados con servicios o suministros necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte, así como a los adjudicados por aquellas entidades públicas que coticen en mercados oficiales y no obtengan ingresos de los Presupuestos Generales del Estado.

A mayor abundancia, se trata en la entrevista, sobre la circunstancia de que el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, fruto de que obedece a una norma que ha sido redactada de forma apresurada por la situación de excepcionalidad de la que trae causa, adolece de ciertas lagunas y escenarios poco definidos. No obstante, el mismo, se completa e interpreta mediante órdenes e instrucciones emitidas por la autoridad competente. Además, ha sido modificado recientemente, en extremos puntuales, por el RD 465/2020, de 17 de marzo”.

Por último, se abordan dos cuestiones capitales: (i) de un lado, se advierte del importante impacto económico que esta crisis sanitaria está produciendo en las Administraciones Públicas (hago especial alusión a los pequeños Ayuntamientos que, con la suspensión de los plazos, ven drásticamente reducida su capacidad de recaudación de tributos y, (ii) de otro lado, la evidente necesidad de que la Administración electrónica tiene que ser de forma insoslayable, una realidad mucho más pragmática de la que teníamos implantada hasta la fecha.

El enlace para para acceder a la entrevista es el siguiente:   Entrevista de Antonio Benítez en Confilegal

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Adela Merino León

Abogada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Asociada Senior

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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