Comisión Interministerial para la incorporación de criterios de innovación en la contratación pública

I. ¿Qué es la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios de innovación en la contratación pública?

La Comisión Interministerial para la incorporación de criterios de innovación en la contratación pública, creada mediante Real Decreto 364/2024, de 9 de abril, (en lo sucesivo RD 364/2024), y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 103, de 27 de abril de 2024, es un órgano colegiado interministerial, adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Secretaría General de Innovación, que se encargará, como su nombre lo indica, de la incorporación de criterios de innovación en la contratación pública. Esta comisión se deberá constituir en el plazo de un mes contado a partir de la entrada en vigor del RD 364/2024, es decir, a partir del día 28 de abril de 2024.

II. ¿Qué motivó la creación de la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios de innovación en la contratación pública?

El motivo principal que originó la creación de la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios de innovación en la contratación pública fue la multiplicidad de criterios que, a efectos de promover una contratación pública comprometida con la innovación, confluyen en diversas normas jurídicas nacionales y europeas, por lo que se hacía necesario constituir un órgano colegiado que permitiera valorar la incorporación de criterios vinculados a la innovación en el ámbito de la contratación del sector público, al objeto de que se observen de forma proactiva y de forma amplia criterios vinculados a la innovación en el ámbito de la contratación del sector público para promover una cultura innovadora en la gestión de la contratación pública, como elemento propio y principal alineado con los mejores estándares de buena administración.

En ese sentido, se consideró oportuno la creación de una Comisión Interministerial para la incorporación de criterios de innovación en la contratación pública que permitiera una actuación eficaz de la Administración General del Estado, permitiendo, además, incrementar la seguridad jurídica al establecer un marco organizativo fijo.

III. A los fines de la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios de innovación en la contratación pública: ¿qué se entiende por innovación?

Se entiende por innovación a los fines de la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios de innovación en la contratación pública, la: «introducción de un producto, servicio o proceso nuevos o significativamente mejorados, que incluye, aunque no se limita a ellos, los procesos de producción, edificación o construcción, un nuevo método de comercialización o un nuevo método de organización de prácticas empresariales, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores, entre otros con el objetivo de ayudar a resolver desafíos de la sociedad o a apoyar la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador».

IV. ¿Cuál es la finalidad de la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios de innovación en la contratación pública?

La Comisión Interministerial para la incorporación de criterios de innovación en la contratación pública tiene como fin garantizar la coordinación de la Administración General del Estado, sus organismos y entidades de derecho público y los servicios comunes y las entidades gestoras de la Seguridad Social, en la incorporación y el uso de criterios de innovación en la contratación pública, y en particular:

  1. Promover la consideración de la innovación en todas las fases de los expedientes de contratación.
  2. Difundir las mejores prácticas administrativas.
  3. Evaluar las técnicas y opciones de promover la innovación de la normativa vigente al objeto de impulsar criterios de forma proactiva que permitan una compra pública innovadora.
  4. Estudiar la necesidad de posibles mejoras en el marco normativo de la compra pública innovadora.

V. ¿Cómo estará conformada la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios de innovación en la contratación pública?

La Comisión Interministerial para la incorporación de criterios de innovación en la contratación pública estará conformada de la siguiente forma:

  1. La presidencia, que será ejercida por la persona titular de la Secretaría General de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
  2. La Vicepresidencia primera, que la ejercerá la persona titular de la Subdirección General de Coordinación de la Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
  3. La Vicepresidencia segunda, la cual será ejercida por una persona representante de la Dirección General de Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda, titular de un órgano con rango de Subdirección General o equivalente.
  4. Quince Vocalías.
  5. En el caso de la secretaría de la comisión interministerial para la incorporación de criterios de innovación en la contratación pública, corresponderá a una persona, funcionaria de carrera del subgrupo A1, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, designada por la persona titular de su Subsecretaría, a quien le corresponderá velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas, participando en las reuniones con voz, pero sin voto.

VI. ¿Cuáles son las funciones de la comisión interministerial para la incorporación de criterios de innovación en la contratación pública?

Corresponde a la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios de innovación en la contratación pública, en colaboración con la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y en coherencia con lo establecido en la Estrategia Nacional de Contratación Pública:

1.- La elaboración y revisión, en su caso, del Plan para la Innovación en la Contratación Pública de la Administración General del Estado, sus organismos y entidades de derecho público y los servicios comunes y las entidades gestoras de la Seguridad Social, que deberá ser acorde con la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación y con la Estrategia Nacional de Contratación Pública. Este plan tendrá una duración de siete años y en el mismo se determinarán los productos, obras, servicios y suministros en los que la Administración General del Estado, sus organismos y entidades de derecho público y los servicios comunes y las entidades gestoras de la Seguridad Social van a promover una compra pública que tenga en cuenta parámetros en materia innovadora, así como los criterios a tener en cuenta en ese ámbito por los órganos de contratación, en las distintas fases del procedimiento de licitación de los mismos, de conformidad con la normativa de contratación pública. Pudiendo estos criterios ser incorporados a los pliegos de contratación, según proceda en cada caso, como:

  • Especificaciones técnicas del contrato.
  • Criterios de selección de los participantes y licitadores.
  • Criterios de adjudicación.
  • Condiciones especiales de ejecución.

2.- El seguimiento de las medidas contenidas en el plan.

3.- A tal fin, el plan establecerá un mecanismo de seguimiento que permita la revisión periódica de sus resultados. Con la periodicidad que se determine en el plan, la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios de innovación en la contratación pública, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, elevará un informe al Consejo de Ministros, dando cuenta de la implementación del plan y de los resultados obtenidos.

4.- El diseño de acciones de información y formación del personal encargado de la puesta en marcha del plan, las cuales, se realizarán en coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública, así como con otros centros de formación especializada de la Administración General del Estado o privados.

5.- Cuantas otras funciones relacionadas con su ámbito de actuación le encomienden las personas titulares de los Ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades, para la Transformación Digital y de la Función Pública, y de Hacienda.

VII. ¿Cómo se llevará a cabo el funcionamiento de la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios de innovación en la contratación pública?

El funcionamiento de la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios de innovación en la contratación pública, se llevará a cabo de la manera siguiente:

1.- La Comisión Interministerial para la incorporación de criterios de innovación en la contratación pública, será convocada con la frecuencia necesaria para el cumplimiento de sus fines o cuando lo estime necesario su Presidencia, por propia iniciativa o a petición de al menos un tercio de las personas que lo integran. En todo caso, se convocará como mínimo una vez al año.

2.- Las reuniones de la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios de innovación en la contratación pública podrán celebrarse presencialmente o a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario.

En ese sentido, de conformidad con lo previsto en el artículo 17.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, (en lo sucesivo, Ley 40/2015), en las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos, considerándose también tales los telefónicos, y audiovisuales, la identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Incluyéndose entre los medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias

3.- En cuanto al régimen de funcionamiento de la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios de innovación en la contratación pública, ésta se ajustará a lo previsto en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, esto es, en cuanto a las actas, convocatorias y sesiones y atribuciones de sus miembros.

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Adela Merino León

Asociada

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Directora

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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