Casi la mitad del personal público sanitario en España es interino

El 43% de los trabajadores de la sanidad pública en España son interinos, frente al 47% que son funcionarios de carrera, según el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas perteneciente a 2022.

Más de la mitad de los empleados de la sanidad pública no tiene un contrato fijo. El 47,2% son funcionarios de carrera frente al 43,7% que son interinos, mientras que el 6% pertenece a la categoría de “otro personal” y el 3,2% es personal laboral, según datos pertenecientes al Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas correspondiente a enero de 2022 y manejados por elDiario.es.

Rebajar la temporalidad

El Gobierno, condicionado por la concesión de los fondos europeos, impulsaba una ley que obligaba a las Comunidades Autónomas a iniciar procesos extraordinarios para reducir la temporalidad al 8% para 2024. En el caso de la sanidad pública, el intento de fijar las plazas ocupadas por interinos o temporales aún no está dando sus frutos. “La estabilización derivada de la ley está en marcha, pero por el momento mantenemos la misma temporalidad que hasta ahora”, señala Javier Ortega, presidente de Atención Hospitalaria del sindicato Amyts.

La norma, en un intento de estabilizar las plazas, permite que los puestos ocupados antes del 1 de enero de 2016 puedan ser convocados por el sistema de concurso, lo que significa que los candidatos no tienen que pasar por un examen, sino que solo se tiene en cuenta la valoración de sus méritos. En cambio, los ocupados entre 2016 y 2020 se ven obligados a pasar por un concurso-oposición, si bien el examen no es eliminatorio.

Algunas regiones, en cambio, han optado por procesos diferentes. En el caso de Madrid, por ejemplo, la huelga indefinida de los médicos especialistas conseguía que estos profesionales no tuvieran someterse a un examen, sino a un concurso de méritos.

Comunidades Autónomas e interinidad

El porcentaje de interinos en la sanidad pública varía según la Comunidad Autónoma. La que cuenta con una mayor tasa es Cataluña con un 64%, seguida de Canarias con un 59%. La Comunidad Valenciana y Asturias se encuentran situadas en el tercer y cuarto puesto del ranking de interinidad, con un 55% y un 52% respectivamente. Por su parte, Madrid y Murcia, ambas con un 52%, también forman parte de las Comunidades Autónomas en las que más de la mitad del personal de sanidad es interino.

En el otro lado de la balanza se encuentran Aragón con un 19% de interinos en la sanidad pública. Castilla y León y el País Vasco cuentan con un 25%, Baleares con un 26%, y La Rioja con un 28%.

Desventajas e irregularidades

Ser funcionario de carrera implica ciertas ventajas, tanto salariales como laborales, frente al personal interino, que no tiene reconocida su antigüedad en algunas comunidades, mientras que en otras no tiene posibilidad de cambiar de puesto o no se le reconoce la carrera profesional. Esto ha provocado numerosas propuestas e incluso algunos empleados han llevado esta situación a los tribunales, con sentencias favorables.

Por otro lado, los trabajadores de la sanidad pública, que tienen que enfrentarse a escasas oposiciones por parte de la Administración, han denunciado irregularidades en algunos de los procesos. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el año pasado se presentaron casi 25.000 enfermeros para 3.817 plazas. Los sindicatos y el Colegio de Enfermería de Valencia fueron muy críticos con las preguntas realizadas en el examen, que en su opinión “exigían conocimientos de otras disciplinas y no estaban orientados a la práctica de la profesión”.

Interinidad y brecha de género

La interinidad también es un hecho que afecta al personal no sanitario de la sanidad pública. En la mayoría de las regiones la tasa de interinos sanitarios y no sanitarios suele ser parecida, salvo en regiones como Cataluña, Canarias, la Comunidad Valenciana y Murcia, donde es mayor el porcentaje de empleados no sanitarios, como pueden ser directivos, administrativos o puestos técnicos.

En cuanto a la feminización del sector, tres de cada cuatro trabajadores de la sanidad pública son mujeres. Esta brecha de género es especialmente significativa en regiones como La Rioja, con un 81,1% de mujeres sanitarias frente al 18,9% de hombres. En Aragón, el 80,1% de los trabajadores sanitarios son mujeres, frente al 19,9% que son hombres. Por el contrario, en Andalucía el sector sanitario posee un 71,1% de mujeres frente al 28,9% de hombres. Y en Canarias el 72,4% del personal sanitario es femenino, frente al 27,6% que es masculino.

También se encuentran diferencias de género en cuanto a empleados interinos se refiere. El 45% de las profesionales de la sanidad pública en España son interinas, frente al 39% de los interinos varones.

Una prioridad para la ONU

Mejorar el sistema sanitario español y las condiciones de trabajo de sus trabajadores es considerado una prioridad para la ONU. Tomás Zapata, asesor regional de Recursos Humanos en Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), manifestaba en una entrevista a EFE que “durante la pandemia, los trabajadores han estado expuestos a unos altos niveles de carga de trabajo, un alto estrés y ansiedad. Ahora hay una sensación de cansancio y quemazón”.

Una penosa situación que, en opinión de Zapata, se vería agravada por su situación laboral. “Las condiciones de trabajo no son como deberían ser en cuanto a carga, flexibilidad laboral y conciliación”, apuntaba.

Fuente: https://www.eldiario.es/sociedad/mitad-trabajadores-sanidad-publica-espana-son-interinos_1_9857736.html

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Adela Merino León

Asociada

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Directora

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

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Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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