La caducidad de un procedimiento administrativo, ¿Puede ser apreciada de oficio por un Juzgado de lo contencioso – administrativo?

Imaginemos por un momento, que la parte recurrente no alega ni en vía administrativa ni tampoco en fase judicial (al tiempo de formalizar la oportuna demanda contencioso – administrativa), la caducidad del procedimiento administrativo.

En tal caso, me pregunto, ¿podría apreciarla de oficio el Juzgado o Tribunal de lo Contencioso Administrativo que esté conociendo del caso?.

La respuesta, según he podido analizar, no es unívoca ni, por tanto, pacífica. Si nos asomamos a la Jurisprudencia, podremos observar sentencias contradictorias.

Así, el Tribunal Supremo, Sala Quinta, de lo Militar, en su Sentencia de 18 Sep. 2015, Rec. 2/53/2015, si bien considera que la prescripción si que puede ser apreciada de oficio por el Tribunal, opina justamente lo contrario con respecto al instituto de la caducidad. Señala al respecto:

“En sede judicial, aun cuando no haya sido alegada y, por tanto, no haya sido objeto de debate, su apreciación por el Tribunal no quebranta las reglas de la congruencia de la resolución judicial, ni el principio de contradicción. Así, la sentencia que aprecia de oficio la prescripción no incurre en incongruencia «extra petita» porque el derecho a la tutela judicial efectiva exige del Tribunal la apreciación de oficio de aquellos defectos que inciden en la legalidad de la resolución y, por lo que se refiere al principio de contradicción, porque la apreciación de oficio, sin someter previamente a las partes su posible existencia para ser oídas al respecto no implica ninguna tacha de nulidad. Entender lo contrario, cuando se aplica de este modo en el ámbito del derecho penal, sería mantener una situación que atenta a la seguridad jurídica dando lugar a la incoherencia de ser más exigente en el campo del derecho disciplinario sancionador que en el ámbito penal cuando precisamente en aquella parcela el reproche es menor.

Por estas consideraciones, la Sala entiende que la caducidad sólo puede apreciarse a instancia de parte. Apreciable únicamente en términos de «justicia rogada» ya que, al no impedir su apreciación la incoación de un nuevo procedimiento sancionador no puede sostenerse que necesariamente beneficie al expedientado, antes al contrario pudiera perjudicarle la incoación de otro procedimiento disciplinario que la Administración inicie cuidando de depurar y no incurrir en posibles vicios jurídicos que, a juicio del expedientado, pudieran existir en el procedimiento que se declara caducado«.

Por el contrario, existen otras sentencias precedentes, que apuestan por entender que la caducidad de un procedimiento administrativo, si puede ser apreciada de oficio por el Tribunal sin necesidad de que haya sido invocada por la parte. Por todas, Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Contencioso-administrativo, Sentencia de 20 Oct. 1987:

“Tercero. Que así establecida la caducidad del expediente administrativo, que deviene por ministerio de la ley en aplicación del citado art. 49 de la que regula el Procedimiento Administrativo, es patente que para hacer posible su estimación por el Tribunal «a quo», debe bastar la alegación de los hechos que la produce porque, incluso pudo hacerlo de oficio ejercitando plenamente las amplias facultades revisoras que corresponden a esta jurisdicción, con lo que resulta indiferente que la caducidad fuese solicitada por el actor de forma indirecta al pedir la prescripción, como aduce el apelante, y que se hiciera referencia en la decisión que se impugna en este recurso, al transcurso del plazo prescriptivo, que evidentemente tuvo lugar, por la necesidad de cifrarlo en dos meses que es el señalado para las faltas en el art. 113 del Código Penal, como tiene declarado con reiteración este mismo Tribunal, porque, en todo caso, ninguna de estas apreciaciones podrían haber modificado el pronunciamiento decisorio que contiene la Sentencia apelada”.

En el mismo sentido de considerar que la caducidad puede ser apreciada de oficio, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Sevilla, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia de 4 Mar. 2011, Rec. 259/2008, en cuyo Fundamento de Derecho Segundo, establece:

“Segundo.- Ha de enjuiciarse con carácter previo la alegación sobre la caducidad del expediente, sin que sea obstáculo a ello el que no fuera esgrimida en vía administrativa habida cuenta que la misma podría ser apreciable incluso de oficio por el Tribunal”.

La misma es confirmada por el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia de 3 Jul. 2013, Rec. 2454/2011:

Por último, conviene traer a colación la reciente Sentencia del TSJ de Castilla y León, Sala de lo Contencioso-Administrativo, nº 612/2018, de 19 de junio, que en favor de considerar que la caducidad puede ser apreciada de oficio, expone:

“Sobre la procedencia de la caducidad. Sea alegada someramente o con vehemencia, la existencia de una caducidad procedimental debe ser analizada por los órganos jurisdiccionales con rigor. Más aún si, como es sabido, debe ser apreciada por los órganos jurisdiccionales de oficio (v. la muy consolidada jurisprudencia, de la que puede ser exponente la vieja STS Sala 3ª, sec. 3ª, S 9-12- 1978. Pte: Espín Cánovas, Diego, la STS. de 13 de junio de 1989 -aún sin hacer el planteamiento de la tesis-, la STS 23 de junio , 15 de mayo de 1989.

Sigue leyendo Administrativando

Suscríbete a nuestro canal de YouTube

Vídeos sobre infinidad de temáticas relacionadas con el Derecho Administrativo y Contencioso-Administrativo.

Apúntate a nuestra newsletter

Puedes suscribirte a la newsletter de Administrativando haciendo click en el botón que verás debajo.

Puedes suscribirte a Administrativando dejando tu e-mail a continuación y recibirás semanalmente los últimos artículos en tu bandeja de entrada.

Adela Merino León

Abogada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Asociada Senior

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

En AB Legal International S.L.P. utilizamos cookies propias y de terceros que permiten al usuario la navegación a través de una página web (técnicas), para el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento de los usuarios (analíticas),  que permiten la gestión de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página (publicitarias) y  cookies  que almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo elaboración de perfiles web ( hay que poner la información genérica sobre el tipo de datos que se van a recopilar y utilizar en caso de que se elaboren perfiles) (análisis de perfiles) (si hubiera otras finalidades debería incluirse la información). Si acepta este aviso consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra política de cookies.

Newsletter

Puedes suscribirte a Administrativando dejando tu e-mail a continuación y recibirás semanalmente los últimos artículos en tu bandeja de entrada.

Call Now Button