Arbitraje: ¿Qué es y cómo funciona?

I. ¿Qué es el arbitraje?

El arbitraje es un sistema privado de resolución de conflictos, basado en la autonomía de la voluntad de las partes, a través del cual, éstas, de mutuo acuerdo, convienen en remitir la solución de sus controversias presentes o futuras a uno o varios árbitros o centro de arbitraje, cuya decisión es definitiva y de carácter vinculante.

II. ¿Cuáles son los conflictos que pueden ser sometidos a arbitraje?

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, (norma que regula el arbitraje en España), son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho por lo que podrá someterse a arbitraje todas aquellas materias de índole patrimonial y contenido económico que se encuadren dentro del ámbito del poder de disposición de las partes.

Por lo general, dentro de los conflictos sometidos a arbitraje¸ las materias que mayormente resultan expuestas, son, entre otras:

  1. Las materias relativas al derecho societario.
  2. El incumplimiento de contratos.
  3. Las controversias comerciales.
  4. El pago de deudas.
  5. Las indemnizaciones.
  6. Los asuntos de índole ambiental.

No obstante, no pueden someterse a arbitraje y, por ende, quedan reservadas a la jurisdicción ordinaria, las materias de orden público, tales como:

  1. Los delitos sujetos al Código Penal español.
  2. Los delitos al estado o capacidad civil de las personas, entre otras.

III. ¿Quiénes acuden mayormente al arbitraje?

El arbitraje puede resultar un mecanismo de resolución de controversias útil para todo tipo de empresas, desde multinacionales de gran tamaño hasta pequeñas y medianas empresas, e incluso para personas físicas. En ese sentido, dentro de las empresas que mayormente acuden con frecuencia al arbitraje, son precisamente las empresas pertenecientes al sector energético, de la construcción, financiero, de seguros, de transporte y en menor medida el sector tecnológico y del consumo.

IV. ¿Cómo se clasifican los arbitrajes?

Los arbitrajes pueden ser clasificados de la manera siguiente:

1.- De acuerdo con la gestión y administración del arbitraje, en:

  • Arbitraje ad-hoc: En este caso se trata de un arbitraje que no está administrado por una institución de arbitraje en cuestión sino que rige la autonomía de la voluntad de las partes y hay libertad para configurar las reglas del procedimiento.
  • Arbitraje institucional: El arbitraje institucional es administrado por una institución pública o privada, nacional o internacional, en donde se aplica el reglamento de la propia institución, en el cual se encuentra regulado el procedimiento arbitral, su estructura y las condiciones de celebración del arbitraje, en cuanto a: procedimiento arbitral, gestión, Administración, tasas y costes.

2.- Según la materia y las partes, el arbitraje se clasifica, entre otros, en:

  • Arbitraje Comercial: Es el que se lleva a cabo entre partes netamente privadas, cuya naturaleza tiene por objeto, asuntos exclusivamente mercantiles.
  • Arbitraje de Inversión: Se efectúa entre una o más partes privadas frente a uno o más Estados o entidades estatales, dentro del alcance de los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRIs), o bien de acuerdos multilaterales como la Carta de la Energía.

3.- Según las reglas jurídicas aplicables, estaríamos ante:

  • El Arbitraje de Derecho. Es el que se lleva a cabo en aplicación y cumplimiento de las normas de un determinado ordenamiento jurídico. En el caso español, se establece el Arbitraje de Derecho en defecto de pacto o acuerdo expreso.
  • El Arbitraje de equidad. A diferencia del Arbitraje de Derecho, el Arbitraje de equidad, es resuelto conforme a lo que el árbitro o tribunal arbitral considera que es justo y equitativo, esto es, según su leal saber y entender. Supone en definitiva una interpretación amplia y subjetiva de las normas aplicables al caso, ello, no obstante, con respeto absoluto a las normas imperativas o de derecho público.

4.- En función de la materia, el arbitraje se clasifica en arbitraje estatutario, para asuntos de derecho societario, cuya validez reside en los estatutos sociales, y el arbitraje de consumo, aplicable en materia de consumidores y usuarios. Por último, el arbitraje deportivo, que se utiliza para resolver conflictos vinculados a los asuntos del deporte.

5.- Según la ubicación geográfica y las reglas aplicables. Los arbitrajes se pueden clasificar también según la situación geográfica donde se resuelva la controversia, en arbitrajes internacionales y arbitrajes nacionales, lo que igualmente determinaría las reglas de derecho aplicables a la controversia en cuestión.

V. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento de arbitraje?

En líneas generales, las principales etapas de un procedimiento de arbitraje, son:

  1. Inicio del arbitraje. En este caso se tomará en consideración la fecha en que el demandado haya recibido el requerimiento de someter la controversia a arbitraje.
  2. Respuesta a la solicitud.
  3. Constitución del Tribunal Arbitral.
  4. Comparecencia inicial.
  5. Demanda
  6. Audiencia de pruebas.
  7. Conclusiones.
  8. Laudo Arbitral.

VI. ¿Cuáles son las principales diferencias que existen entre el arbitraje y los tribunales ordinarios?

Las diferencias que existen entre el arbitraje y los tribunales ordinarios son:

  1. En el arbitraje, tanto los árbitros, las partes y las instituciones arbitrales, en su caso, están obligadas a guardar confidencialidad sobre el objeto del procedimiento, mientras que en los tribunales ordinarios, los juicios y resoluciones judiciales son de carácter público.
  2. En el arbitraje, las partes de mutuo acuerdo, seleccionan el tribunal arbitral, la sede y lugar del arbitraje, la ley aplicable al fondo de la controversia, y el idioma del procedimiento, entre otras cosas. Por su parte, en la jurisdicción o tribunales ordinarios, las partes no eligen a los jueces sino que éstos son asignados en función de las normas de reparto.
  3. En cuanto a las reglas del procedimiento, en el arbitraje hay libertad para configurar las reglas del procedimiento, en el tribunal ordinario, las reglas del procedimiento no son negociables, por lo que las partes deben soportar la rigidez de las leyes procesales.
  4. En el arbitraje, los árbitros gestionan directamente la tramitación del procedimiento hasta que se dicte el laudo y, por su parte, en la jurisdicción, el juez normalmente interviene en el juicio para dictar sentencia, encargándose el secretario judicial de la mayor parte de la tramitación del procedimiento.
  5. El arbitraje es un procedimiento considerablemente más rápido, situación contraria ocurre en los tribunales ordinarios, en los cuales, los juicios pueden durar años.
  6. En el caso del arbitraje, las partes deben costear el procedimiento en su totalidad, entiéndase honorarios de árbitros, tasas institucionales, entre otras. Si bien es cierto, el coste inicial de la jurisdicción es inferior al que corresponde a un procedimiento arbitral, no obstante, debe tenerse en cuenta que la existencia de varias instancias puede incrementar dicho coste.

VII. Ventajas que brinda el arbitraje

El arbitraje como mecanismo de resolución de conflictos, brinda:

  1. La especialización y el conocimiento técnico de las personas que intervienen en la solución del conflicto.
  2. Rapidez y celeridad en el proceso.
  3. La autonomía de la voluntad de las partes, en cuanto al desarrollo del procedimiento.
  4. Favorece espacios y situaciones para llegar a acuerdos.
  5. El procedimiento arbitral termina mediante una decisión denominada laudo. Esta decisión, vinculante para ambas partes, tiene la misma eficacia que una sentencia.
  6. Acudir al arbitraje, impide asistir a la vía jurisdiccional, es decir, que al optarse por el arbitraje no se puede acudir a la jurisdicción posteriormente, sino que se debe acatar la decisión del árbitro o tribunal arbitral.

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Adela Merino León

Asociada

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Directora

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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