La tasación pericial como un derecho y no una obligación del contribuyente

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El procedimiento de tasación pericial contradictoria, a mi entender y salvo mejor criterio, obedece a un método más a disposición del contribuyente para debatir las comprobaciones de valores realizadas por la Administración, pero no puede configurarse como un método obligatorio y único para debatir las valoraciones realizadas. Pudiendo optar el interesado por cualquier otro medio fundado en derecho.

Así, debemos destacar la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de Mayo de 2018, de la Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, la cual fija doctrina analizando que en caso de no estar conforme con los valores comprobados por la Administración tributaria actuante, el contribuyente puede utilizar cualquier medio de prueba admitido en Derecho sin resultar obligado a promover una tasación pericial contradictoria para desvirtuar el valor real comprobado por aquélla. 

En este terreno, el Supremo confirma su jurisprudencia en el sentido, insistimos, de que la tasación pericial contradictoria no es una carga del interesado para desvirtuar la comprobación de valores aportada por la Administración, sino que su utilización es meramente potestativa. Así, para oponerse a la valoración del bien derivada de la comprobación de la Administración, el interesado puede valerse de cualquier medio admisible en derecho, debiendo tenerse en cuenta lo establecido sobre la carga de la prueba que recae en la Administración.

«[…]Determinar si, en caso de no estar conforme, el interesado puede utilizar cualquier medio de prueba admitido en Derecho o resulta obligado a promover una tasación pericial contradictoria para desvirtuar el valor real comprobado por la Administración tributaria a través del expresado método, habida cuenta de que es el medio específicamente regulado para cuestionar el valor comprobado por la Administración tributaria en caso de discrepancia».

La disconformidad del contribuyente con la tasación que ha efectuado la Administración a través del método de aplicación de coeficientes multiplicadores del valor catastral no necesita hacerse efectiva, necesariamente, a través de la tasación pericial contradictoria. Es cierto que esta tasación ha pasado de ser una fase superior del procedimiento de comprobación, rodeada de garantías reforzadas para el contribuyente, a convertirse en una especie de medio impugnatorio sui generis.

Así, a diferencia de lo que ocurría en la LGT 1963, en que dicha tasación pericial contradictoria constituía un medio para comprobar valores – artículo 52.1.e)-, en la LGT 2003 actualmente vigente es un instrumento puesto en manos del contribuyente para discutir el resultado de la comprobación de valores (artículo 57.2).

Según ha precisado el Tribunal Supremo, se trata de un último derecho del contribuyente frente a la comprobación de valores, y no la única manera de combatir la tasación realizada por la Administración, que antes está obligada a cumplir con su obligación de fundar suficientemente los valores a los que ha llegado (sentencia de 29 de marzo de 2012, pronunciada en el recurso de casación no 34/2010 ).

No es en rigor un medio de impugnación del que haya de ser informado el comprobado en la notificación del acto resultante de la comprobación (sentencia de 5 de mayo de 2014, recurso de casación no 5690/2011 ), sin perjuicio de que no resulta impertinente ni desatinado ofrecer tal posibilidad, que no la convierte en un recurso. De hecho, en la muy reciente sentencia de esta Sala, de 22 de mayo de 2018 que resuelve el recurso de casación no 38/2017, sin prejuzgar su naturaleza de recurso administrativo, se declara que es necesario informar en la notificación al responsable solidario de la posibilidad de la tasación pericial contradictoria, cuando la liquidación primera hubiera estado precedida de una comprobación de valores.

[…] Además del carácter meramente facultativo de la tasación pericial contradictoria (en el proceso aquí seguido las pruebas valoradas por el Tribunal de instancia han sido otras), no resulta superfluo reiterar nuestra consolidada jurisprudencia según la cual, cuando la valoración administrativa no suministra elementos y datos suficientes en que sustentar aquélla para que el ciudadano las pueda comprender y poner en tela de juicio, esa tasación deviene innecesaria y perturbadora.

Ello significa, además, que se trata de una vía opcional para el interesado, cuya existencia y ejercicio efectivo es indiferente para el enjuiciamiento de una norma que será legal o ilegal, acertada o no, con independencia de los medios que el ordenamiento ofrezca para reaccionar contra sus actos de aplicación. […]“.

Es decir, a la vista de lo expuesto, y de la reciente jurisprudencia emanada de nuestro Alto Tribunal, entiendo que, a diferencia del criterio que en la mayor parte de las ocasiones mantiene la Administración, el hecho de que la interesada no lleve a cabo el procedimiento de tasación pericial contradictoria, no es óbice, para no admitir ni tampoco valorar, cualquier Informe pericial de parte que haya sido aportado como medio admitido en derecho para impugnar la valoración realizada por la Administración actuante.

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Adela Merino León

Abogada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

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Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos. 

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

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Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias. 

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo. 

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Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

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