Recuperar licencia de actividad

recuperar licencia de actividad

I. ¿En qué consiste la licencia de actividad?

La licencia de actividad o de apertura es un acto administrativo mediante el cual el Ayuntamiento autoriza, cuando así lo exige la normativa aplicable, el ejercicio de una actividad económica, comercial, industrial, profesional o de servicios en un establecimiento, local o nave determinados. A través de este título habilitante, la Administración verifica que la actividad y el inmueble cumplen las condiciones técnicas, ambientales, urbanísticas y sectoriales exigibles —seguridad, accesibilidad, salubridad, aislamiento acústico, protección contra incendios y demás requisitos aplicables—, así como la compatibilidad del uso pretendido con el planeamiento urbanístico vigente.

II. ¿Cuáles son las causas por las cuales se puede perder una licencia de actividad?

Una licencia de actividad se puede perder, por:

1. Caducidad por inactividad.

Con carácter general, las licencias de actividad no están sujetas a un plazo ordinario de caducidad mientras la actividad autorizada continúe desarrollándose en las condiciones habilitadas. No obstante, las ordenanzas municipales pueden prever que, cuando el establecimiento permanezca cerrado o la actividad se interrumpa de forma continuada durante un determinado período —habitualmente seis meses o un año, según el municipio—, el Ayuntamiento pueda iniciar un procedimiento para declarar la caducidad o pérdida de eficacia de la licencia, previa audiencia del interesado y con arreglo a las garantías propias del procedimiento administrativo.

2. Revocación administrativa.

Se produce como sanción debido a un incumplimiento grave de la normativa, como, por ejemplo, exceso de aforo reiterado, molestias graves por ruidos, falta de medidas de seguridad o por cambios drásticos en el planeamiento urbanístico.

Si tu negocio se enfrenta al cierre o la suspensión de sus permisos, Administrativando Abogados aporta la destreza jurídica y la agilidad necesarias para solucionar la crisis. Al conocer a fondo las reglas del juego de la administración local, nuestros especialistas localizan con rapidez las debilidades del expediente sancionador. Diseñan recursos sólidos y gestionan la interlocución directa con el organismo público para neutralizar la orden de clausura, permitiéndote reabrir las puertas cuanto antes y evitar pérdidas económicas mayores.

III. ¿Cuándo se puede recuperar una licencia de actividad?

Dentro de los supuestos en los cuales se puede recuperar una licencia de actividad, podemos mencionar:

1. Cuando el local está cerrado pero el Ayuntamiento aún no ha declarado la caducidad.

Esto quiere decir que, si el negocio cierra la licencia no desaparece al instante, para ello el Ayuntamiento otorga un plazo –que generalmente puede ser de 6 meses a 1 año, antes de poder extinguirla. Por lo tanto, antes de que venza dicho plazo o, en su defecto, mientras el Ayuntamiento no haya dictado una resolución formal de caducidad. Si el local sigue cerrado pero la administración no ha movido ficha, la licencia sigue vigente.

En ese caso, para recuperar la licencia de actividad no se debe haber modificado ni un solo elemento físico del local -distribución, superficie-, ni la naturaleza de la actividad, debiendo presentar una comunicación previa de reanudación de actividad, incluyendo a tales efectos un certificado de persistencia o idoneidad firmado por un técnico competente, confirmando que las instalaciones no han sido modificadas y siguen siendo seguras.

2. Cuando se realiza un cambio de dueño por transmisión del título habilitante.

En este caso, si el negocio se detiene a causa de una transmisión de propiedad, simplemente porque cambia la persona que lo gestiona, el título habilitante se puede recuperar e incorporar al nuevo proyecto sin necesidad de pedir una licencia nueva desde cero. Lo ideal es que, de forma inmediata al tomar posesión del local y siempre antes de que la inactividad consuma los plazos de caducidad municipal, se efectúe este trámite mediante un trámite de cambio de titularidad.

Para ello se requerirá:

  1. Identidad exacta de la actividad (un bar sigue siendo un bar, sin añadir cocina si no la tenía).
  2. Suscripción conjunta del documento de transmisión (cedente y adquirente) o, en su defecto, acreditar el título legítimo de uso del local (contrato de alquiler o escritura) si el anterior titular ha desaparecido.

3. Tras el levantamiento de un cierre cautelar por subsanación de deficiencias.

Cuando el Ayuntamiento suspende una licencia y precinta un local tras una inspección que detecta un peligro –como falta de medidas contra incendios, problemas estructurales o exceso de ruidos-, en este caso, para recuperar la licencia de actividad el interesado debe ejecutar las obras o reformas técnicas exigidas. Una vez concluidas, el técnico contratado emite un informe de subsanación que se presenta ante el Ayuntamiento. Tras la correspondiente comprobación o inspección por parte de los técnicos municipales, se dicta el levantamiento de la suspensión y la licencia recupera automáticamente su eficacia.

4. Cuando el expediente de caducidad municipal incurre en caducidad del propio procedimiento.

Un Ayuntamiento no tiene tiempo infinito para retirar una licencia. El procedimiento administrativo para declarar la caducidad de una licencia también caduca si la administración se vuelve pasiva, es decir, si el Ayuntamiento inició el expediente de caducidad, pero tardó, por ejemplo, 6 meses en notificar la resolución final, el procedimiento ha caducado. La resolución es nula por lo que, al recibir la resolución final de caducidad para recuperar la licencia de actividad, el titular deberá interponer un recurso de reposición en sede administrativa o un recurso contencioso administrativo en sede judicial.

IV. ¿Qué pasos se deben cumplir para intentar recuperar una licencia de actividad?

Si te han notificado el inicio de un expediente de extinción o ya se ha dictado resolución, para defenderse e intentar recuperar la licencia de actividad se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Alegaciones en el periodo de audiencia.

Si el Ayuntamiento notifica el inicio del expediente de caducidad, se tiene un plazo normalmente de 10 a 15 días hábiles para presentar alegaciones. A tales fines se debe aportar pruebas que demuestren que el local no ha estado inactivo o que el cese de actividad se debió a causas de fuerza mayor.

  1. Interposición de recursos administrativos.

En caso de que el Ayuntamiento haya dictado la resolución cerrando el caso y extinguiendo la licencia, se debe recurrir mediante:

  1. Recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución en el plazo de un mes desde la notificación.
  2. Recurso de Alzada, ante el superior jerárquico, en caso de que la resolución no agote la vía administrativa.
  1. Impugnación en sede judicial.

Si la vía administrativa falla -o hay silencio administrativo negativo-, el último recurso es acudir a la sección de lo Contencioso-Administrativo de los tribunales de instancia, en el plazo de 2 meses. Al interponer el recurso contencioso-administrativo, es vital solicitar la medida cautelar de suspensión de la revocación. Si el juez la concede al apreciar el riesgo de perjuicios de imposible o difícil reparación -como la quiebra del negocio-, podrás seguir operando con la licencia original mientras dure el juicio.

V. ¿Cuándo no se puede recuperar una licencia de actividad?

No se podrá recuperar una licencia de actividad, cuando:

  1. El Ayuntamiento ya ha declarado la Caducidad de la Licencia.

Si la Administración local inició, tramitó y notificó un expediente de declaración de caducidad, la licencia original ha quedado sin efectos jurídicos, por lo tanto, no se puede rehabilitar.

Ante este escenario, para volver a abrir el negocio, el interesado está obligado a tramitar un nuevo título habilitante, ya sea:

  1. Vía Declaración Responsable.
  2. Vía del Procedimiento de Licencia Ordinaria.
  1. Cuando el Ayuntamiento revoca la licencia de actividad.

La revocación implica que el Ayuntamiento retira una licencia que estaba plenamente vigente debido a razones:

  1. De legalidad, -se otorgó con algún vicio o error-.
  2. De oportunidad -cambios en el planeamiento urbanístico-.
  3. Como sanción ante un incumplimiento grave del titular.

En ese sentido, por regla general, una licencia válidamente revocada en vía administrativa no se puede recuperar ni reactivar como tal, ya que el acto administrativo que la sustentaba ha sido formalmente extinguido y eliminado del ordenamiento.

VI. Conclusiones

Cuando un Ayuntamiento u otro organismo público decreta la suspensión, revocación o denegación de una licencia de actividad, el impacto económico y operativo para cualquier negocio es crítico. En estos escenarios de urgencia regulatoria, Administrativando Abogados se posiciona como una firma de referencia gracias a su enfoque combativo y a una metodología estrictamente diseñada para la defensa del tejido empresarial.

Nuestra firma aborda la recuperación de licencias a través de tres ejes técnico-jurídicos:

  1. Auditoría del Expediente Sancionador: Análisis inmediato de la resolución de clausura o suspensión para detectar quiebras procedimentales, caducidad de los plazos de la Administración o falta de proporcionalidad en la medida adoptada.
  2. Solicitud de Medidas Cautelares: En la vía contencioso-administrativa, el tiempo es vital. Nuestro equipo se especializa en solicitar la suspensión cautelar de las órdenes de cierre para permitir que el establecimiento reabra y mantenga su actividad económica mientras se resuelve el fondo del asunto.
  3. Subsanación y Negociación Técnica: Paralelamente a la vía de recurso, coordinan con los técnicos y arquitectos del cliente para corregir de forma exprés las deficiencias alegadas por la inspección municipal, forzando así el levantamiento de los precintos en vía administrativa.

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David Muñoz Zapata

Director

Doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, con la tesis: “Estudio y propuesta de revisión de la prerrogativa en los contratos administrativos”, que fue calificada con sobresaliente cum laude por el tribunal nombrado al efecto.

Asimismo ha realizado el Máster en “Derechos Fundamentales y Libertades Públicas” y el Máster en “Derecho de la Contratación Pública” de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Cuenta con una experiencia profesional de dieciocho años, compaginando puestos tanto en el sector privado, en el ámbito de la abogacía y la asesoría jurídica, como en el sector público, ocupando destinos en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha.

Igualmente, posee amplia experiencia en el ámbito del Derecho deportivo, habiendo sido, durante seis años, Secretario del Comité de Disciplina Deportiva de Castilla-La Mancha y Secretario del Consejo Regional de Deportes de dicha Comunidad Autónoma. De igual modo, fue el autor del Anteproyecto de la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha.

En el ámbito de la docencia, es profesor en diversas titulaciones de Máster y postgrado del ámbito del Derecho administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha y ha sido docente de varios cursos para empleados públicos de la Diputación Provincial de Toledo y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Finalmente, en el ámbito de la investigación del Derecho administrativo, ha participado en varios congresos y seminarios y posee media docena de trabajos publicados en distintos soportes.

De la mano de Administrativando Abogados, vuelve al ejercicio de la abogacía tras ser diputado de las Cortes de Castilla-La Mancha en su X Legislatura, participando durante la misma en la ponencia de veinticuatro leyes.

Adela Merino León

Asociada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos. Es profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Loyola y participa como miembros del tribunal de TFM en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid. 

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Socia

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues. 

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores. 

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias. 

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo. 

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Socio

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi. 

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19. 

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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