¿Qué son las entidades locales menores y cuáles son sus funciones?

I. ¿Qué se entiende por entidades locales menores?

Se entiende por entidades locales menores aquellas administraciones públicas locales que se rigen por el Derecho público y que tienen un ámbito territorial inferior al municipio. Las entidades locales menores, carecen de personalidad jurídica, como forma de organización desconcentrada del mismo para la administración de núcleos de población separados y se regularán por las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, pudiendo crearse sólo si resulta una opción más eficiente para la administración desconcentrada de núcleos de población separados, de acuerdo con los principios previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

II. ¿Con qué denominación se conocen las entidades locales menores?

Las entidades locales menores o entidades de ámbito territorial inferior al municipio, se conocen bajo la denominación tradicional de:

  1. Caseríos.
  2. Parroquias.
  3. Aldeas.
  4. Barrios.
  5. Anteiglesias.
  6. Concejos.
  7. Pedanías.
  8. Lugares anejos y otros análogos.

III. ¿Dónde se encuentran reguladas las entidades locales menores?

Inicialmente, las entidades locales menores, se encontraban reguladas en el artículo 45 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). No obstante, dicha norma quedó sin contenido tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, pasando a regularse a través de un nuevo artículo (24 bis) cuyo contenido fue introducido a la LRBRL.

IV. ¿Cuáles son las funciones que tienen atribuidas las entidades locales menores?

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (RDL 781/1986), las entidades locales menores o entidades locales de ámbito territorial inferior al municipal, tendrán las siguientes competencias:

  1. La construcción, conservación y reparación de fuentes, lavaderos y abrevaderos.
  2. La policía de caminos rurales, montes, fuentes y ríos.
  3. La limpieza de calles.
  4. La mera administración y conservación de su patrimonio, incluido el forestal, y la regulación del aprovechamiento de sus bienes comunales.
  5. La ejecución de obras y la prestación de servicios comprendidos en la competencia municipal y de exclusivo interés de la Entidad, cuando no esté a cargo del respectivo Municipio.

Estas competencias se ejercerán en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas.

V. Potestades de las entidades locales menores

De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 de LRBRL, las entidades locales menores podrán tener las mismas potestades de Administraciones públicas de carácter territorial que correspondan, en todo caso, a los municipios, las provincias y las islas, a saber:

  1. Las potestades reglamentarias y de autoorganización.
  2. Las potestades tributarias y financieras.
  3. La potestad de programación o planificación.
  4. Las potestades expropiatorias y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes.
  5. La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos.
  6. Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.
  7. La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.
  8. Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado y de las comunidades autónomas, así como la inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes.

Todo ello, siempre y cuando las leyes de las Comunidades Autónomas, concreten cuáles de las potestades antes mencionadas serán de aplicación.

VI. Constitución de las entidades locales menores

La constitución de nuevas entidades locales de ámbito territorial inferior al municipal o entidades locales menores, se hará de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 del RDL 781/1986, sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos:

  1. Petición escrita de la mayoría de los vecinos residentes en el territorio que haya de ser base de la entidad, o alternativamente, acuerdo del Ayuntamiento.
  2. Información pública vecinal.
  3. Informe del Ayuntamiento.
  4. Resolución definitiva por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

Es importante destacar que no podrán constituirse entidades locales menores en el núcleo territorial en que resida el Ayuntamiento.

Una vez constituida la entidad se establecerán sus límites territoriales y se hará la separación patrimonial.

VII. Modificación y disolución de las entidades locales menores

La modificación y disolución de las entidades locales menores o entidades locales de ámbito territorial inferior al municipal, podrá llevarse a efecto:

  1. A petición de la propia entidad cumpliendo los requisitos consignados en el artículo 42 del RDL 781/1986.
  2. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma adoptado previa audiencia de las Entidades y Ayuntamientos interesados, con informe del órgano consultivo superior de aquél donde existiere o, en su defecto, del Consejo de Estado en el que se demuestre la insuficiencia de recursos para sostener los servicios mínimos que le estén atribuidos, o se aprecien notorios motivos de necesidad económica o administrativa.

No obstante, en cuanto a la disolución de las entidades locales menores, además se debe tomar en consideración lo establecido en la Disposición transitoria cuarta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la cual prevé que, con fecha de 31 de diciembre de 2014, las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio deberán presentar sus cuentas ante los organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva para no incurrir en causa de disolución.

Se resalta como causa de disolución la no presentación de cuentas por las entidades locales menores ante los organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva. En ese sentido, la disolución será acordada por la Comunidad Autónoma respectiva en el que se podrá determinar su mantenimiento como forma de organización desconcentrada.

VIII. Consecuencias de la disolución de las entidades locales menores

La disolución de las entidades locales menores, en todo caso, conllevará:

  1. Que el personal que estuviera al servicio de la entidad disuelta quedará incorporado en el Ayuntamiento en cuyo ámbito territorial esté integrada.
  2. Que el Ayuntamiento del que dependa la entidad de ámbito territorial inferior al municipio queda subrogado en todos sus derechos y obligaciones.

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Adela Merino León

Asociada

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Directora

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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