¿Qué hace un abogado administrativo?

I. ¿Qué se entiende por derecho administrativo?

De conformidad con lo previsto en el Diccionario Panhispánico del español jurídico de la Real Academia española, se entiende por derecho administrativo a la “Rama del derecho que estudia la organización y funcionamiento de las administraciones públicas, sus relaciones con los ciudadanos, así como el sistema normativo que las rige y las garantías jurisdiccionales correspondientes.” En ese sentido, esta rama del derecho es una de las disciplinas más importantes del derecho público, en virtud de la cual se analizan, organizan y clasifican las distintas normas que tienen relación con todas las instituciones y organismos que forman parte del estado.

II. ¿Cuáles son las fuentes del derecho administrativo?

Las fuentes del derecho administrativo las podemos observar con carácter general, en el Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se publica el Código Civil, específicamente en su artículo 1, al señalar que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la Ley, la costumbre, y los principios generales del derecho.

No obstante, todo ordenamiento jurídico se encuentra subordinado a la Constitución como norma suprema. Sobre esta base, la Constitución Española, prevé en su artículo 9 que, “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.” En ese mismo orden de ideas, la Constitución Española, estableció en su artículo 103 las bases del derecho administrativo, señalando que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Visto de ese modo, podemos establecer las fuentes del derecho administrativo, a través de la siguiente estructura:

(i) Fuentes directas.

  • La Constitución Española.
  • Las Leyes Orgánicas.
  • Las Leyes Ordinarias.
  • Los Decretos Legislativos.
  • Los Decretos Ley.
  • Los Reglamentos.
  • Los Actos Administrativos.
  • Los principios generales del derecho.

(ii) Fuentes indirectas.

  • Los tratados internacionales.
  • La jurisprudencia.

III. Particularidades del abogado administrativo

El abogado administrativo es aquel profesional del derecho, que se encarga de prestar asesoría jurídica y acompañamiento en los conflictos que puedan suscitarse entre la misma administración o la administración y los particulares. En ese sentido, el abogado administrativo tiene la responsabilidad de gestionar los aspectos jurídicos que existen entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos.

El abogado administrativo se caracteriza por ser un abogado que ejerce un control total del área pública, lo que le permite tener la capacidad plena para interpretar, discernir, argumentar, razonar y fundamentar sus decisiones, consultas y respuestas a problemas prácticos suscitados en este campo jurídico. Asimismo, el abogado administrativo posee las habilidades necesarias para desenvolverse en juicio, analizar, argumentar y reflexionar sobre problemas de la Administración Pública, la descentralización administrativa, el servicio público, y en general, el Derecho Administrativo.

IV. ¿Cuál es el perfil ocupacional del abogado administrativo?

El abogado administrativo posee un perfil ocupacional que le permite desempeñarse como funcionario o litigante, tanto en entidades del sector público como del sector privado, prestando además sus servicios tanto a personas naturales como jurídicas, independientemente del tipo de Administración que se trate (estatal, autonómica o local).

V. ¿Qué función cumple un abogado administrativo?

En líneas generales, un abogado administrativo cumple una función de:

(i) Asesoría, la cual consiste en emitir informes en derecho, verbales o escritos, elaborados sobre la base de análisis de las normativas vigentes, para que los requerimientos de los clientes se ajusten a la legalidad y se resuelva el conflicto ya sea en sede administrativa o judicial.

(ii) Gestión y trámites.

(iii) Representación y defensa.

VI. ¿Qué hace un abogado administrativo de acuerdo al área donde deba prestar el servicio?

El abogado administrativo en materia de contratación pública podrá prestar su asesoramiento al licitador durante la totalidad del procedimiento de contratación, la preparación de ofertas, la interposición de recursos especiales en materia de contratación, la solicitud y tramitación de reequilibrio económico del contrato público, entre otras. Asimismo, el abogado administrativo podrá ayudar a su cliente en la realización de todos los trámites necesarios para la obtención, ampliación, modificación de una licencia o autorización pública para el desempeño de una actividad económica.

De igual manera, el abogado administrativo puede aportar asesoramiento en operaciones urbanísticas de toda índole, procurando desarrollar los trámites oportunos en materia de uso del suelo y ordenación del territorio. Puede llevar a cabo la redacción y tramitación de convenios urbanísticos, redacción de informes jurídicos en materia urbanística, redacción de planes generales y de sectorización, etc.

El abogado administrativo puede asistir al cliente en derecho fiscal o tributario, asesorando en todo tipo de procedimientos con la Administración Tributaria, ya sea la Hacienda estatal como la administración tributaria autonómica o local. De igual forma, podrá prestar servicios en todos los asuntos relacionados con la exigencia de responsabilidad patrimonial a la Administración Pública.

Los abogados administrativos también pueden interponer reclamaciones e impugnaciones en todo tipo de procedimientos sancionadores, independientemente de su ámbito de actuación, ya sea ante la vía administrativa, o ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, así como asesorarle a lo largo de todo el procedimiento de expropiación forzosa e incluso, una vez agotada la misma, ante los Jurados provinciales de Expropiación e incluso, en última instancia, ante la vía judicial.

Además de las funciones antes mencionadas, los abogados administrativos pueden prestar servicios en materia de ayudas y subvenciones públicas, lo cual incluye tanto la defensa en vía administrativa de estos procedimientos -por medio de la formalización de las oportunas alegaciones y de la interposición de los recursos administrativos que procedan-, así como la defensa en la ulterior fase judicial, mediante la interposición del correspondiente recurso contencioso–administrativo.

No obstante las anteriores, podrán asesorar y prestar servicios en materias de medioambiente, la protección de datos y la función pública.

VII. ¿Cuánto gana un abogado administrativo?

Determinar cuánto gana un abogado administrativo, no es un trabajo fácil, ya que la remuneración económica de un abogado va a depender de la categoría, años de experiencia y sector donde labora, sea público o privado, tomando en consideración que en el sector privado los sueldos son más elevados que en las Administraciones Públicas.

En cualquier caso, según diversas encuestas, el salario promedio de un abogado en España se encuentra entre 25.000€ a 30.000€ al año. Los cargos de nivel inicial comienzan con un ingreso aproximado de € 19.550 al año, mientras que profesionales más experimentados perciben hasta € 48.000 al año.

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Adela Merino León

Abogada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Asociada Senior

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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