¿Dónde se publican las licitaciones?

I. ¿Qué se entiende por licitación pública?

Se entiende por licitación pública una de las fases del procedimiento administrativo de contratación pública que permite a las Administraciones Públicas adjudicar contratos públicos garantizando la igualdad de oportunidades y concurrencia de los operadores económicos y la obtención de la oferta más adecuada a las necesidades de la administración licitadora. A continuación daremos respuesta a la pregunta de cómo saber dónde se publican las licitaciones.

El proceso de licita

II. ¿Cuáles son las fases de una licitación pública?

ción pública se lleva a cabo a través de las siguientes fases:

1.- Fase I: el Anuncio

El anuncio de licitación consiste en una comunicación del órgano de contratación dirigida a los licitadores interesados en participar en una licitación pública, mediante el cual informa sobre un procedimiento de contratación específico; en términos de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (STS, 24 de marzo de 2014): “…el anuncio de licitación es un acto de trámite en ejecución del pliego que no puede contradecirlo”. Se encuentra regulado en el artículo 135 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (denominada, en lo sucesivo, LCSP). El mismo se publica con carácter previo a la convocatoria de la licitación pública y debe contener una descripción general del proyecto, el presupuesto base y las fechas concretas en las que se publicará el pliego de condiciones. El anuncio deberá ser publicado en los diarios oficiales y en la prensa de mayor difusión.

2.- Fase II: pliego y bases de convocatoria.

En la fecha indicada en el anuncio, se deberán publicar las bases de la convocatoria y los pliegos que son aquellos documentos que contienen la totalidad de las cláusulas y criterios que van a regir el contrato. En el pliego se deberán contener –entre otras-, las condiciones económicas y técnicas del contrato, el procedimiento y los plazos de presentación de las ofertas, el presupuesto base de la licitación pública, los requisitos de garantía y fianza que se solicitan para formalizar el contrato, el régimen de extinción y suspensión del contrato, además de cualquier otra información que sea necesaria.

3.- Fase III: presentación de propuestas.

Una vez se tenga toda la información, las empresas o potenciales proveedores deberán preparar sus ofertas y recopilar toda la información necesaria para cumplir y acreditar todos los requisitos que se soliciten en la licitación pública.

Otra de las cuestiones más relevantes a tener en cuenta en esta fase, son los plazos de presentación de las ofertas.

4.- Fase IV: revisión de las solicitudes y adjudicación del contrato.

La mesa de contratación deberá revisar todas las ofertas recibidas y comprobar que los proveedores que se han presentado a la licitación pública cumplen con todos los requisitos y documentación exigida. Tras ello, la mesa de contratación deberá adjudicar el contrato a la propuesta más ventajosa en términos económicos y técnicos, atendiendo a los criterios que en los pliegos se hayan establecido.

5.- Fase V: resolución, notificación de la adjudicación y formalización del contrato.

La resolución de adjudicación deberá estar motivada y se deberá notificar a los potenciales proveedores y licitadores, debiendo publicarse esta en el plazo de 15 días. La notificación de resolución deberá contener la información necesaria para que los interesados puedan conocer qué recursos se pueden interponer contra la decisión de adjudicación y los plazos para ello. Tras la adjudicación, se deberá proceder a la formalización del contrato.

III. ¿Dónde se publican las licitaciones?

Para conocer dónde se publican las licitaciones lo primero a tener en cuenta es que los órganos de las entidades del sector público estatal están obligados a usar la Plataforma de Contratación del Estado, que funciona de conformidad con lo previsto en el artículo 347 de la LCSP, como un portal online, cuyo titular es la Dirección General del Patrimonio del Estado, adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno de España, el cual funcionará como el portal centralizador dónde se publican las licitaciones, es decir, es el portal que reúne toda la publicación contractual de España. Ello en virtud de que, los perfiles de contratante de los órganos de contratación de todas las entidades del sector público estatal deberán alojarse de manera obligatoria en la Plataforma de Contratación del Sector Público, gestionándose y difundiéndose exclusivamente a través de la misma.

Siendo en estos perfiles donde según lo previsto en el artículo 135 de la LCSP, se publicará el anuncio de licitación, con carácter obligatorio. Sin embargo, en los contratos celebrados por la Administración General del Estado, o por las entidades vinculadas a la misma que gocen de la naturaleza de Administraciones Públicas, el anuncio de licitación se publicará, además, en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No obstante, cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada la licitación deberá publicarse, además, en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), debiendo los poderes adjudicadores poder demostrar la fecha de envío del anuncio de licitación.

En ese sentido, la Plataforma de Contratación del Estado se constituye, para los órganos de contratación, en el medio idóneo para proporcionar publicidad y transparencia a sus contrataciones a través del Perfil de Contratante, y la conexión telemática para la publicación simultánea de anuncios en BOE y DOUE. Ofreciendo, además, una diversidad de canales para comunicarse con los licitadores; además de acceso para la consulta a diversos registros oficiales. Mientras que, para las empresas constituye el punto único de información de contratación pública de todo el Sector Público, donde se puede:

  1. Obtener información sobre anuncios por una diversidad de criterios de búsqueda.
  2. Descargar pliegos.
  3. Recibir información personalizada por diversos canales sobre las licitaciones y contratos.
  4. Realizar preguntas a los órganos de contratación.
  5. Recibir invitaciones a licitar y comunicaciones de admisión o exclusión, requerimiento de documentación y de adjudicación

Sin embargo, muchas empresas para saber sobre la publicación de las licitaciones optan por revisar diariamente los Perfiles del Contratante –de la Administración Pública Autonómica o Local-, o contratar un servicio de alertas.

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David Muñoz Zapata

Director

Doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, con la tesis: “Estudio y propuesta de revisión de la prerrogativa en los contratos administrativos”, que fue calificada con sobresaliente cum laude por el tribunal nombrado al efecto.

Asimismo ha realizado el Máster en “Derechos Fundamentales y Libertades Públicas” y el Máster en “Derecho de la Contratación Pública” de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Cuenta con una experiencia profesional de dieciocho años, compaginando puestos tanto en el sector privado, en el ámbito de la abogacía y la asesoría jurídica, como en el sector público, ocupando destinos en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha.

Igualmente, posee amplia experiencia en el ámbito del Derecho deportivo, habiendo sido, durante seis años, Secretario del Comité de Disciplina Deportiva de Castilla-La Mancha y Secretario del Consejo Regional de Deportes de dicha Comunidad Autónoma. De igual modo, fue el autor del Anteproyecto de la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha.

En el ámbito de la docencia, es profesor en diversas titulaciones de Máster y postgrado del ámbito del Derecho administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha y ha sido docente de varios cursos para empleados públicos de la Diputación Provincial de Toledo y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Finalmente, en el ámbito de la investigación del Derecho administrativo, ha participado en varios congresos y seminarios y posee media docena de trabajos publicados en distintos soportes.

De la mano de Administrativando Abogados, vuelve al ejercicio de la abogacía tras ser diputado de las Cortes de Castilla-La Mancha en su X Legislatura, participando durante la misma en la ponencia de veinticuatro leyes.

Adela Merino León

Asociada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos. Es profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Loyola y participa como miembros del tribunal de TFM en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid. 

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Socia

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues. 

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores. 

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias. 

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo. 

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Socio

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi. 

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19. 

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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