Principales claves sobre la potestad sancionadora de la Administración

I. ¿Qué se entiende por potestad sancionadora de la Administración?

Se entiende por potestad sancionadora de la Administración a una de las potestades administrativas, a través de la cual, una vez verificada la comisión de alguna infracción al ordenamiento jurídico, -precisamente por el incumplimiento de una norma-, se podrá, en desarrollo del procedimiento administrativo sancionador correspondiente, determinar la sanción respectiva que se deberá imponer a la persona infractora, sea esta una persona física o jurídica.

La potestad sancionatoria de la Administración surge de la necesidad de controlar las posibles infracciones por parte de los particulares respecto de los deberes administrativos que el ordenamiento jurídico-administrativo les impone, corrigiendo así la infracción y reprimiendo además la conducta ilícita a través de una sanción, ello con la finalidad de mantener el orden público que a la Administración corresponde tutelar.

II. ¿Cuáles son los principios sobre los cuales versa la potestad sancionadora de la Administración?

La potestad sancionadora de la Administración, versa, de conformidad con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en lo sucesivo, Ley 40/2015), sobre los siguientes principios básicos:

  1. Principio de Legalidad.
  2. Principio de irretroactividad.
  3. Principio de tipicidad.
  4. Principio de responsabilidad.
  5. Principio de proporcionalidad.
  6. Prescripción.
  7. Concurrencia de sanciones.

III. ¿Cuáles son las garantías que ofrecen los principios sobre los cuales versa la potestad sancionadora de la Administración?

Los principios sobre los cuales versa la potestad sancionadora de la Administración¸ ofrecen las siguientes garantías:

  1. A través del principio de legalidad, se garantiza que la potestad sancionadora de la Administración Pública se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio.
  2. Por su parte, el principio de irretroactividad, como principio, previsto en el artículo 9.3 de la Constitución Española, -en lo sucesivo CE-, garantiza conjuntamente con el artículo 26 de la Ley 40/2015, la irretroactividad normativa. Esto quiere decir, que al momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa, le serán aplicables las disposiciones sancionadoras que se encuentren vigentes. Sin embargo, las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.
  3. Mediante el principio de tipicidad se garantiza la imposición de sanciones solo a conductas previamente definidas por Ley como delitos, faltas o infracciones administrativas, tal y como se desprende del artículo 25.1 de la CE, por lo que, sólo podrá versar la potestad sancionadora de la Administración sobre aquellas conductas que constituyan infracciones administrativas o vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales por una Ley.
  4. A través del principio de responsabilidad, se garantiza que la potestad sancionadora de la Administración, solo se aplique a personas físicas y jurídicas, así como, a las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de hechos constitutivos de infracción administrativa a título de dolo o culpa.
  5. En lo que respecta al principio de proporcionalidad, se garantiza que la potestad sancionadora de la Administración, sea o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrá implicar directa o subsidiariamente, privación de libertad. Además, garantiza la debida idoneidad y necesidad de imponer la sanción, así como su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción.
  6. A los fines de ejercer la potestad sancionadora de la Administración, a través de la concurrencia de sanciones, lo que se evita es la imposición de una doble sanción por un mismo hecho, sujeto y fundamento. Por lo tanto, la garantía se traduce en que ninguna persona podrá ser castigada dos veces por los mismos hechos, esto quiere decir, que no procede el castigo o sanción a través de la jurisdicción penal y la jurisdicción contencioso-administrativa, sino a través de una sola de ellas.
  7. Finalmente, la prescripción garantiza hasta qué momento puede ser ejercida la potestad sancionadora de la Administración.

IV. ¿Cómo se ejerce la potestad sancionadora de la Administración según el tipo de infracciones administrativas?

La potestad sancionadora de la Administración se impone en función de la clasificación de las infracciones administrativas, las cuales pueden ser:

  1. Leves.
  2. Graves.
  3. Muy graves.

En ese sentido, dependiendo el tipo de infracción y sobre la base de la potestad sancionadora de la Administración, la misma, podrá, en virtud de las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción, solicitar al infractor responsable:

  1. La reposición de la situación alterada a su estado originario.
  2. La indemnización por los daños y perjuicios causados, que será determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora.

Asimismo, a los fines de la potestad sancionadora de la Administración, se podrá graduar la sanción, tomando en consideración, los siguientes criterios:

  1. El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.
  2. La continuidad o persistencia en la conducta infractora.
  3. La naturaleza de los perjuicios causados.
  4. La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
  5. Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior.

V. ¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para ejercer la potestad sancionadora de la Administración?

El procedimiento mediante el cual se ejerce la potestad sancionadora de la Administración, es precisamente el procedimiento Administrativo sancionador, el cual tiene como fundamento, determinar:

  1. La infracción.
  2. La persona responsable.
  3. La sanción a imponer.

El procedimiento presenta las siguientes particularidades:

  1. Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. De lo anterior se desprende que, el procedimiento sancionador consta de dos fases diferenciadas entre sí: una primera fase de instrucción, que se llevará a cabo por un órgano al que, posteriormente, resolverá en la segunda fase; que será la fase de resolución.
  2. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento.
  3. No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo.

Este procedimiento se configura como una garantía al momento de ejercer la potestad sancionadora de la Administración, toda vez que, en ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento.

VI. Plazo para ejercer la potestad sancionadora de la Administración

El plazo previsto para ejercer la potestad sancionadora de la Administración se encuentra en estricto apego con el plazo de prescripción que tienen las infracciones y sanciones, por el simple transcurso del tiempo, tomando en consideración a tales fines, los plazos previstos en las leyes que las establezcan, no obstante, si las leyes no fijan plazos de prescripción, se han de seguir los siguientes parámetros:

1.- En cuanto a las infracciones.

  • Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años.
  • Las infracciones graves prescribirán a los dos años.
  • Las infracciones leves prescribirán a los seis meses.

2.- En cuanto a las sanciones.

  • Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años.
  • Las sanciones impuestas por faltas graves prescribirán a los dos años.
  • Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año.

En ese sentido, se observa que, lo que prescribe en términos generales no es la infracción, (en virtud de que la Administración no dirija o reanude su actuación contra el responsable de la misma), o la sanción (por la falta de ejecución de la misma), sino que, lo que prescribe con el transcurso del tiempo en los plazos establecidos es la posibilidad de ejercer la potestad sancionadora de la Administración, es decir, la potestad para perseguir las infracciones y sancionarlas o para ejecutar por la fuerza las sanciones previamente impuestas.

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Adela Merino León

Asociada

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Directora

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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