Nacionalidad española por residencia

I. ¿Qué es la nacionalidad española?

La nacionalidad española en términos generales es el vínculo jurídico que une a la persona con el estado español y tiene la doble vertiente de ser un derecho fundamental y constituir el estatuto jurídico de las personas. Por esta relación, el individuo disfruta de unos derechos que puede exigir a la organización estatal a la que pertenece y ésta, como contrapartida, puede imponerle el cumplimiento de una serie de obligaciones y deberes, sobre esta base, que se entendería por nacionalidad española por residencia.

II. ¿Qué es la nacionalidad española por residencia?

La nacionalidad española por residencia es una de las formas de obtención de la nacionalidad española, para lo cual se requiere la residencia de la persona en España durante el período de residencia exigido, (según sea el caso), de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición, así como el cumplimiento de los requisitos de buena conducta cívica e integración.

III. Periodo de tiempo necesario para obtener la nacionalidad española por residencia

Para la obtención de la nacionalidad española por residencia se requiere que la persona (extranjera) solicitante, haya residido de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición, durante diez años previos a la solicitud. No obstante, existen supuestos en los cuales este periodo de tiempo puede ser reducido a:

1.- Cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiado.

2.- Dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes.

3.- Un año para:

  • Quien haya nacido en territorio español.
  • El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar.
  • El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, curatela con facultades de representación plena, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud.
  • Quien al tiempo de la solicitud llevare un año casado con español o española y no estuviere separado legalmente o, de hecho.
  • El viudo o viuda de española o español, si a la muerte del cónyuge no existiera separación legal o, de hecho.
  • El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles.

IV. ¿Quiénes se encuentran legitimados para presentar la solicitud de nacionalidad española por residencia?

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por residencia, podrá presentar la solicitud:

  1. El interesado emancipado o mayor de dieciocho años.
  2. El mayor de catorce años asistido por su representante legal.
  3. El representante legal del menor de catorce años.
  4. El representante legal de la persona con la capacidad modificada judicialmente o la persona con la capacidad modificada judicialmente por sí sola debidamente asistido, según resulte de la sentencia de incapacitación.

V. Documentación que han de aportar los solicitantes de la nacionalidad española por residencia

La documentación que han de aportar los solicitantes de la nacionalidad española por residencia¸ varía en función de si se trata de:

  1. Emancipados o mayores de dieciocho años que no tengan la capacidad modificada judicialmente.
  2. Menores de 14 años o personas con la capacidad modificada judicialmente que deban actuar a través de representante legal.
  3. Mayores de 14 años, pero menores de 18 años, no emancipados o incapacitados legalmente que pueden actuar por sí mismos asistidos por su representante legal.

Por tanto, al momento de presentar una solicitud de concesión de nacionalidad española por residencia se deberá consultar el anexo de la Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por residencia, a los fines de conocer la documentación a consignar de acuerdo al supuesto de que trate.

VI. ¿Cómo se tramita el procedimiento de solicitud para la obtención de la nacionalidad española por residencia?

La tramitación del procedimiento de solicitud para la obtención de la nacionalidad española por residencia, será electrónica y su instrucción originalmente correspondía a la Dirección General de los Registros y del Notariado, posteriormente denominada, Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Durante esta tramitación, se concederá un plazo de subsanación de tres meses desde la notificación del requerimiento, para que se subsane la falta o se acompañen los documentos requeridos, en ese caso queda suspendido el cómputo del plazo existente para la resolución y notificación del procedimiento iniciado hasta su efectivo cumplimiento o el transcurso del plazo concedido para ello.

De no efectuarse la subsanación en el plazo establecido se le tendrá por desistido de la pretensión, y se procederá al archivo del procedimiento por desistimiento tácito del solicitante, dictándose la correspondiente resolución que pondrá fin a la vía administrativa.

VII. Pago de una tasa administrativa como requisito para solicitar la nacionalidad española por residencia

Para la presentación de la solicitud de concesión de la nacionalidad española por residencia es requerido el pago de la tasa administrativa vigente para el momento de efectuar dicha solicitud, por lo que, sin ese requisito, la misma no será tramitada.

No obstante, es importante destacar que, el pago de esta tasa es independiente del pago de las pruebas de examen para la obtención del Diploma de español como lengua extranjera (DELE) y de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE), diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes, así como de los gastos y honorarios devengados por los representantes de los interesados.

Esta tasa se abonará preferentemente de forma telemática, integrada en el proceso de solicitud en la misma sede del Ministerio de Justicia, a través de la pasarela de pagos de la Agencia Tributaria. Sin embargo, en caso de que se opte por el pago en entidad bancaria, será necesario descargar previamente de la sede electrónica del Ministerio de Justicia el modelo correspondiente (modelo 790 026).

VIII. Pruebas del Instituto Cervantes como requisito para solicitar la nacionalidad española por residencia

Los solicitantes de la nacionalidad española por residencia deberán acreditar la superación de dos exámenes:

  1. El diploma de español como lengua extranjera (DELE) como mínimo de nivel A2.
  2. La prueba que acredite los conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE).

Estas pruebas serán presenciales, y son diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes.

Se encuentran exentos de la superación de la prueba DELE, los nacionales de: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

IX. Resolución del procedimiento de solicitud de nacionalidad española por residencia

Originalmente, el titular del Ministerio de Justicia era el competente para resolver la concesión o denegación de la nacionalidad española por residencia. Sin embargo, mediante Orden JUS/987/2020, de 20 de octubre, sobre delegación de competencias, el titular del Ministerio de Justicia delegó en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública la competencia para resolver las solicitudes de nacionalidad, previa propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil del Ministerio.

La resolución que se emita deberá ser motivada, dictada y notificada en el plazo de un año desde que la solicitud haya tenido entrada en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Si transcurrido este plazo no ha recaído resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo.

X. ¿Se obtiene la nacionalidad española por residencia una vez dictada la resolución de concesión?

La respuesta es no. La eficacia de la resolución de concesión de la nacionalidad española por residencia, quedará supeditada a que, en el plazo de 180 días, contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución, el interesado cumpla, (ante el Encargado del Registro Civil del último domicilio en España que conste en el expediente), con los siguientes requisitos:

  1. Que el mayor de catorce años y capaz para prestar una declaración por sí jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes.
  2. Que la misma persona declare que renuncia a su anterior nacionalidad. Quedan a salvo de este requisito los naturales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal y los sefardíes.
  3. Que la adquisición se inscriba en el Registro Civil español.

Por lo tanto, una vez recibida la notificación de la resolución de concesión de la nacionalidad española por residencia, el interesado deberá acudir al Registro Civil competente por razón del domicilio en España para solicitar de forma expresa el cumplimiento de este trámite.

De igual manera, se requerirá el juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes, así como la inscripción de la resolución. En ese sentido, en el plazo de cinco días, el encargado del Registro Civil competente por razón del domicilio del interesado en España procederá a la inscripción de la adquisición de la nacionalidad española, poniéndose con ello fin al procedimiento de solicitud de nacionalidad española por residencia.

XI. ¿Se puede impugnar la resolución de concesión o denegación de la solicitud de nacionalidad española por residencia?

Frente a la resolución de concesión o denegación de la solicitud de nacionalidad española por residencia podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. Si interpuesto recurso de reposición transcurriese un mes sin que se haya notificado la resolución del mismo, se entenderá desestimado el recurso por silencio administrativo y podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación. No obstante, si no hubiera notificación, el plazo para recurrir será de seis meses y se contará a partir del día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto.

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Adela Merino León

Abogada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Asociada Senior

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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