Modificaciones del RDL 6/2023 sobre la Ley reguladora de las bases de régimen local

I. ¿En qué consiste el RDL 6/2023?

El Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, es la norma por medio del cual se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo (RDL 6/2023), siendo precisamente este instrumento normativo el que contempla en su Libro III, el artículo 128, mediante el cual se introducen modificaciones a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley de Bases del Régimen Local).

II. ¿Cuál es la finalidad con que se lleva a cabo la reforma de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local?

La reforma introducida por el RDL 6/2023 a la Ley de Bases del Régimen Local, tiene por finalidad contribuir al cumplimiento del hito número 147 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, titulado «Entrada en vigor de la reforma de la Ley 7/1985 y de las modificaciones del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales».

A través de este instrumento se pretende dar cumplimiento a los objetivos siguientes:

  1. Acelerar y ampliar el despliegue de los servicios públicos locales, también a través de medios digitales como las aplicaciones.

  1. Apoyar a las ciudades pequeñas en su prestación de servicios públicos.

III. ¿Cuáles son las modificaciones introducidas por el RDL 6/2023 a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local?

En líneas generales, las modificaciones introducidas por el RDL 6/2023 a la Ley de Bases del Régimen Local consisten en los siguientes aspectos:

1.- Se modifica el apartado 2 del artículo 13, fijándose un nuevo nivel de población para la creación de nuevos municipios, señalando que la creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 4.000 habitantes.

En ese sentido, se observa una disminución en el mínimo de población exigido para la creación de nuevos municipios, el cual antes de la modificación de la Ley de Bases del Régimen Local, era de 5.000 habitantes.

2.- Se lleva a cabo la modificación del artículo 16 relativo al Padrón municipal, en el que de una parte se actualizan los datos obligatorios que deben constar en la inscripción conforme a la nueva normativa en materia de extranjería, al tiempo que se concreta la obligación de que los datos relativos al domicilio habitual incluyan la correspondiente referencia catastral, siempre que ello sea posible.

3.- Se modifica el tercer párrafo del apartado 1, el tercer y cuarto párrafo del apartado 3 y el párrafo a) del apartado 4 del artículo 17 de la Ley de Bases del Régimen Local, en cuanto a la gestión del Padrón municipal, introduciéndose en el mismo la gestión electrónica del Padrón municipal de los municipios, reforzándose la obligación de gestión informatizada de los Padrones de los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan mantener los datos de forma automatizada.

Esta modificación tiene como finalidad permitir la actualización en tiempo real de los datos que obran en los padrones, lo que permitirá a su vez un mejor acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, y, la modernización digital del conjunto de las entidades locales.

4.- Además, dentro de las modificaciones a la Ley de Bases del Régimen Local, se adiciona un nuevo apartado 6 al artículo 25, referido a la ponderación de la capacidad de gestión de la entidad local, señalando a tales fines que, con carácter previo a la atribución de competencias a los municipios, y de acuerdo con el principio de diferenciación, deberá realizarse una ponderación específica de la capacidad de gestión de la entidad local, dejando constancia de tal ponderación en la motivación del instrumento jurídico que realice la atribución competencial.

5.- Se dota de contenido al artículo 28 de la Ley de Bases del Régimen Local, (el cual había sido suprimido por el artículo 1.11 de Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local), con el fin de incluir la figura de la gestión colaborativa en el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes. Dicha figura, está dirigida a garantizar el cumplimiento de las competencias municipales y, esencialmente, una prestación de calidad de los servicios públicos mínimos obligatorios de manera financieramente sostenible.

Para ello, se establece un elenco enunciativo de medidas que van desde:

  • La adopción de medidas de racionalización organizativa y de funcionamiento.
  • La adopción de medidas orientadas a garantizar la prestación de los servicios mínimos obligatorios a través de cualquier fórmula asociativa prevista en el ordenamiento jurídico.
  • Así como medidas dirigidas al sostenimiento del personal en común con otros municipios.
  • O medidas de fomento orientadas al desarrollo económico y social del municipio.

6.- Se adiciona un nuevo artículo 70 quáter a la Ley de Bases del Régimen Local, artículo mediante el cual se prevé que las entidades locales adopten las medidas necesarias para facilitar la accesibilidad de los servicios públicos a los vecinos, promoviendo la utilización de las tecnologías de la información. Para ello, elaborarán planes que tengan por objeto la implementación de mecanismos digitales que faciliten la accesibilidad de los vecinos y de las empresas a los servicios públicos.

Además, deberán crear y mantener un portal de internet cuyo objeto será la digitalización de sus servicios, que operará como plataforma tecnológica de comunicación entre aquéllos y la Administración local destinada a promover la digitalización progresiva de los servicios públicos, donde se deberá publicar la información que las Administraciones locales consideren adecuada a este efecto y, en su caso, la relación de servicios públicos a los que se pueda acceder por el portal o los vínculos a la información sobre el acceso a los servicios disponibles en el territorio, en los términos en los que disponga la normativa autonómica.

Asimismo, para garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este nuevo artículo (70 quáter), recoge en su apartado 4 un sistema de garantía para los municipios de menos de 20.000 habitantes, señalando que, los servicios previstos en ese artículo se prestarán con las adaptaciones y plazos de implementación correspondientes a sus especialidades en los términos que se determinen por la legislación autonómica.

7.- Se modifica el apartado 7 de la disposición adicional segunda, referido a los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En ese sentido, de conformidad con la nueva redacción, todas las facultades previstas respecto a dicho personal serán asumidas en los términos que establezca la normativa autonómica, incluyendo entre las mismas:

  • La facultad de selección.
  • La aprobación de la oferta pública de empleo para cubrir las vacantes existentes de las plazas correspondientes a las mismas en su ámbito territorial.
  • Convocar exclusivamente para su territorio los procesos de provisión para las plazas vacantes en el mismo.
  • La facultad de nombramiento del personal funcionario en dichos procesos de provisión.
  • La asignación del primer destino y las situaciones administrativas.

8.- Se modifica el párrafo tercero de la disposición adicional séptima, previéndose en la misma que, la Dirección General de la Policía, comunicará, al menos mensualmente, (y no mensualmente como se decía de manera expresa en la Ley de Bases del Régimen Local antes de su reforma por el RDL 6/2023) al Instituto Nacional de Estadística, para el ejercicio de sus competencias, los datos de los extranjeros anotados en el Registro Central de Extranjeros.

9.- Se añade una nueva disposición adicional, referida a los derechos históricos de Cataluña, estableciendo en la misma, el respeto con el cual se aplicarán las disposiciones de la Ley de Bases del Régimen Local, sobre la posición singular en materia de sistema institucional recogida en el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, así como las competencias exclusivas y compartidas en materia de régimen local y organización territorial previstas en dicho Estatuto, de acuerdo con el marco competencial establecido en la Constitución y en especial en el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

IV. ¿Cuándo entran en vigor las modificaciones a la Ley de Bases del Régimen Local?

El régimen de entrada en vigor de las medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, dictadas mediante el RDL 6/2023, se encuentra previsto en la disposición final novena del referido RDL 6/2023, señalándose en su apartado primero que el referido RDL 6/2023, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que fue el 20 de diciembre de 2023 (núm. 303).

Sin embargo, prevé un régimen específico para la entrada en vigor de las siguientes disposiciones:

  1. El libro primero, las disposiciones adicionales primera a novena, y las disposiciones transitorias primera a tercera, entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE.
  2. Por su parte, las previsiones contenidas en el título VIII del libro primero y en las disposiciones finales primera, segunda y cuarta, entrarán en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE.
  3. Mientras que, el libro cuarto entró en vigor el 1 de enero del año 2024.

No obstante, al no señalar de manera específica, la entrada en vigor del libro tercero, en cuanto a las modificaciones de la Ley de Bases del Régimen Local, se entenderán en vigor de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición final novena, es decir, el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En tal sentido, las modificaciones de la Ley de Bases del Régimen Local se encuentran en vigor desde el día 21 de diciembre de 2023.

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Adela Merino León

Abogada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Asociada Senior

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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