Sobre el Auto que prohibió la apertura del Ayuntamiento de Badalona el pasado día 12 de octubre, día de la Hispanidad

Como sabemos, el Juzgado Contencioso Administrativo número 14 de Barcelona admitió el pasado 11 de octubre de 2016, por el cauce de “la vía de hecho” del artículo 25.2 LJCA, el recurso presentado por la Delegación del Gobierno en Cataluña contra la decisión del Ayuntamiento de Badalona de abrir las oficinas de atención ciudadana para ofrecer información y concertar citas, pero no para hacer trámites legales, durante la Fiesta Nacional del 12 de octubre. De esta forma, el Ayuntamiento, por decisión del Juez, debió de cerrar.

En su recurso, la Delegación del Gobierno consideraba que abrir el Ayuntamiento en festivo retribuido contraviene varias normativas, como el Estatuto General de los Trabajadores ya que ese día no es recuperable por otra fiesta. De esta forma, los empleados públicos que acudan a trabajar no podrían cambiar el día festivo por el 9 de diciembre para disfrutar del puente de la Purísima, como propuso el equipo de gobierno municipal. También recuerda que el Ayuntamiento es una administración pública.

El magistrado acuerda adoptar las medidas cautelares de la Delegación del Gobierno y por eso suspende la efectividad de cualquier actuación administrativa del Ayuntamiento de Badalona, incluida la de abrir al público el 12 de octubre. Argumenta que en caso de no adoptarse este cierre cautelar se perjudicaría de forma irreparable el interés general o colectivo en la celebración de una festividad nacional.

«La fijación, en este caso por Ley, de un determinado día como festividad nacional (y lo mismo ocurre con las festividades autonómicas y las locales) obedece a razones sociales y culturales, que reflejan un interés general, social o colectivo en su celebración,. En caso de que se llevara a efecto la decisión del Ayuntamiento de Badalona este interés se vería perjudicado de marea irreparable», remarca el auto.

Además, las medidas cautelares pretenden proteger la libertad ideológica de los trabajadores públicos del Consistorio.

En este sentido, el juez afirma que: «resulta evidente que la decisión del Ayuntamiento obedece a un determinado planteamiento político o ideológico (perfectamente lícito y respetable, por otro lado), de modo que la decisión individual de cada trabajador de ir o no a trabajar ese día, pese a lo que pueda argumentarse por el Ayuntamiento, puede no ser enteramente libre y, además, podría resultar contraria al derecho fundamental a la libertad ideológica».

Desde este foro, aplaudimos el acuerdo judicial, no sólo por el fondo y la decisión adoptada, sino, además, por la forma y claridad a través del cual se justifica el mismo.

Por su interés, dejamos reseñado el enlace que contiene el texto íntegro del auto:

http://www.ara.cat/2016/10/11/Auto_CONTENCIOS_14_BCN-_Acuerda_Cautelarisima_360_2016.pdf?hash=d1ead22190bf4ee52d640e71715588ca8ae81f99

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Adela Merino León

Abogada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Asociada Senior

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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