¿Hay plazo de caducidad para subsanar la falta de presentación de la demanda en un procedimiento abreviado que se inicia como si fuera ordinario?

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Compartimos interesante artículo que aborda Gertrudis Ramos Martínez, abogada especialista en derecho administrativo y Socia – Directora de Ramos Martínez Abogados.

En entradas anteriores de este blog jurídico, se ha ofrecido un estudio detallado sobre el plazo de caducidad del artículo 128 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, como “medida de gracia”, analizando su regulación y ámbito de aplicación.

Sin embargo, hoy tratamos un tema muy concreto sobre la aplicación de este artículo, el cual ha suscitado muchas dudas legales y ha dado origen a diferentes interpretaciones jurídicas que recientemente han sido casadas por el Tribunal Supremo, como ahora expondremos.

I. Cuestión planteada

El tema concreto que se trata mediante el presente artículo es determinar la posibilidad o no de aplicar lo dispuesto por el art. 128 LRJCA (caducidad) al plazo de subsanación de 10 días otorgado para presentar demanda cuando se inicia indebidamente un recurso contencioso administrativo abreviado mediante un escrito de interposición (como si fuese un ordinario). El tema no es baladí, pues podemos encontrarnos con una inadmisión de plano, que de al traste con la defensa de nuestras pretensiones en sede judicial, procediendo el órgano judicial al archivo de las actuaciones sin posibilidad de recurso alguno.

II. Interpretaciones de la cuestión planteada

En relación con esta cuestión, se han suscitado diferentes interpretaciones jurídicas a lo largo del tiempo, que iban solucionando los problemas que se planteaban diariamente en la práctica jurídica.

A modo de ejemplo, podemos citar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 17/02/2021 (Rec. 381/2020) que, en relación con esta cuestión, establecía lo siguiente:

«La interpretación en torno a esta cuestión no es pacífica; prueba de ello es que el Pleno de la Sala de lo Contencioso administrativo de este Tribunal Superior de Justicia de Galicia, tras someterla a debate, adoptó, en fecha 15 de diciembre de 2020, por mayoría de los Magistrados asistentes, el siguiente Acuerdo:

«Se acordó por mayoría de los Magistrados asistentes la no aplicación del artículo 128 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en la subsanación de defectos advertidos con la interposición del recurso; con advertencia expresa en la diligencia de ordenación en la que se concede plazo para la subsanación del defecto advertido«.

Sin embargo, la aplicación de la posibilidad de rehabilitación del art. 128 LJCA para subsanar la falta de presentación de la demanda en un procedimiento abreviado que se inicia como si fuera ordinario no es una cuestión pacífica, existiendo pronunciamientos de Tribunales en los que se revocaban los autos de archivo dictados por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y se reconocía la posibilidad de rehabilitar el plazo para formalizar demanda. Entre otras: STSJ de Cataluña de 19 de diciembre de 2017 (recurso nº 238/2016), STSJ de Madrid de 23 de octubre de 2017 (recurso nº 1135/2016), STSJ de Castilla y León (sede de Valladolid) de 08/03/2018 (recurso nº 623/2017) y STSJ de Galicia de 24 de enero de 2018 (recurso nº 403/2017).

Existían resoluciones judiciales como la STSJ de Andalucía de 14/11/2018 (Rec. 830/2018), que entendían que «el procedimiento abreviado de conformidad con el artículo 78.2 de la ley de la jurisdicción, comienza por demanda, por lo que no es posible la aplicación del artículo 52.2 que se pretende, al estar referida al procedimiento ordinario que se inicia por escrito de interposición» o la STSJ de Galicia de 30/11/2018 (Rec. 4252/2018) que consideraba que «Hasta la presentación de la demanda, en puridad, no se puede considerar iniciado el procedimiento…Debe recordarse que el artículo 128 no permite rehabilitar plazos que afecten a la interposición del recurso contencioso-administrativo…La presentación de la demanda en un procedimiento abreviado no es un trámite intraprocedimental… sino que es precisamente el acto iniciador del procedimiento, que debe realizarse por iniciativa de la parte actora, y respecto a estos actos iniciadores, que no responden a un trámite que deba ser ofrecido por el Letrado de la Administración de Justicia, no es de aplicación el artículo 128”.

III. Cuestión de interés casacional

Tal es el la trascendencia y relevancia que tiene la cuestión debatida que el Tribunal Supremo mediante Auto de 19.07.2019 (RC 1186/2019) admitió a trámite un recurso de casación en relación con una resolución de la Sala del TSJ de Andalucía, con sede en Sevilla, donde señala que

«La cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la siguiente: si, en el procedimiento abreviado y una vez expirado el plazo de subsanación de 10 días concedido por el Juzgado para presentar la demanda sin haberlo hecho así la parte recurrente, el órgano judicial ha de dictar una resolución que declare la caducidad del plazo para formalizarla demanda, en cuyo caso deberá admitirse el escrito de demanda si se presenta dentro del día en que se notifique aquella resolución, o bien si el Juzgado ha de dictar un auto de archivo del procedimiento sin que sea posible, por ello, la rehabilitación del plazo para presentar la demanda».

Pues bien, en relación con dicho Auto en días pasados la Sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado Sentencia 1262/2021 de fecha 25 de octubre de 2021 estimando el referido recurso de casación y aclarando esta cuestión, que en síntesis se resumen en su Fundamento Séptimo,

“SÉPTIMO. – La respuesta a la cuestión de interés casacional.

A la vista de lo argumentado en el razonamiento anterior la respuesta a la cuestión de interés casacional es que en el procedimiento abreviado, una vez expirado el plazo de subsanación de 10 días concedido por el Juzgado para presentar la demanda sin haberlo hecho, cuando hubiere sido iniciado el procedimiento por un escrito presentado en plazo y el órgano judicial hubiere dictado una resolución declarando la caducidad del plazo para formalizar la demanda, deberá admitir el escrito que la formule si se presenta dentro del día en que se notifica aquella resolución”.

IV. Conclusión

Tras la importante Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2021, la conclusión es clara. Podemos afirmar que procede la subsanación prevista en los arts. 52.2 y 128 LJCA a la subsanación de los procedimientos abreviados indebidamente iniciados por escrito de interposición cuando se debería de haber iniciado por demanda.

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Adela Merino León

Abogada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos. 

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Asociada Senior

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues. 

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores. 

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias. 

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo. 

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi. 

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19. 

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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