Excedencia por el cuidado de hijos de funcionarios

I. Una primera aproximación a la excedencia por el cuidado de hijos de funcionarios

El ordenamiento jurídico español contempla dentro de las bases normativas de la función pública el servicio activo como la situación normal del funcionario y, como vía excepcional, todas las demás situaciones administrativas que se encuentren de manera explícita contenida en la norma, reconociéndose exclusivamente los efectos que en ella misma se establezcan.

En ese sentido, se ha de entender por situaciones administrativas, todos aquellas circunstancias que son diferentes al servicio activo en las cuales los funcionarios o funcionarias, sin perder su condición, y conservando una relación de servicio con la Administración, pueden, de manera temporal, apartarse de la prestación del servicio activo, caso en el cual la relación de servicio existente con la Administración, no se pierde y el funcionario conserva su condición ante la Administración para la cual -de manera temporal-, ha dejado de prestar sus servicios.

Visto lo anterior, en cuanto a las situaciones administrativas antes señaladas, observamos que la excedencia por el cuidado de hijos de funcionarios, se configura precisamente como una de estas situaciones administrativas que modifica la relación funcionarial, debido a la concurrencia de circunstancias objetivas o subjetivas mediante las que el funcionario suspende la prestación de servicios para la Administración, durante un máximo de tres años, quedando garantizado su reingreso a la misma Administración.

II. Normativa que regula la excedencia por el cuidado de hijos de funcionarios

En el marco normativo que rige para los funcionarios públicos, la excedencia por el cuidado de hijos, se encuentra establecida como una de las situaciones administrativas previstas para los funcionarios públicos, en el artículo 85.1.d) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en lo sucesivo TRLEBEP), encontrándose la excedencia por el cuidado de hijos de funcionarios, regulada de manera expresa en el artículo 89.4 de la referida norma.

III. Naturaleza jurídica para el otorgamiento de la excedencia por el cuidado de hijos de funcionarios

De conformidad con lo establecido en el TRLEBEP, la excedencia por el cuidado de hijos de funcionarios, es una situación administrativa, cuyo otorgamiento confiere a sus acogidos una serie de derechos. No obstante, la naturaleza jurídica de su otorgamiento, está supeditado al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente.

IV. Plazo y documentación que se deberá aportar para solicitar la excedencia por el cuidado de hijos de funcionarios

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado (RD 365/1995), “La excedencia podrá solicitarse en cualquier momento posterior a la fecha del nacimiento o resolución judicial de adopción, teniendo, en todo caso, una duración máxima de tres años desde la fecha del nacimiento”

Asimismo, de acuerdo con lo señalado en el portal web del Ministerio de Hacienda y Función Pública, para solicitar la excedencia por el cuidado de hijos de funcionarios, éstos dirigirán la solicitud a la Dirección General de la Función Pública debiendo hacer constar la fecha de efectos de la excedencia y adjuntando la siguiente documentación:

(i) Declaración jurada del solicitante de no desempeñar otra actividad que menoscabe el cuidado del menor.

(ii) Declaración jurada de la pareja de no encontrarse en la situación de excedencia por cuidado de familiares por el mismo hecho causante.

(iii) Escrito de la Administración de destino en el que conste que han sido informados de que se va a proceder a solicitar la excedencia a la unidad competente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Por su parte, la Administración, de oficio, -salvo que de manera expresa y motivada el interesado muestre su oposición-, consultará el Certificado de nacimiento del menor. En el caso que el vínculo fuera por adopción o acogimiento pre-adoptivo deberá aportar la documentación acreditativa de esta circunstancia. Asimismo, si ha mostrado su oposición a la consulta deberá aportar copia del certificado de nacimiento, del libro de familia o documento oficial acreditativo de los miembros que componen la unidad familiar.

V. Duración de la excedencia por el cuidado de hijos de funcionarios

El periodo de duración de la excedencia por el cuidado de hijos de funcionarios no podrá ser superior a tres años, computados desde la fecha del nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa, en caso de adopción o guarda con fines de adopción.

El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando.

En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios. Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 89.4 del TRLEBEP en concordancia con el artículo 14 del RD 365/1995.

VI. Efectos de la concesión de excedencia por el cuidado de hijos de funcionarios

La concesión de excedencia por el cuidado de hijos de funcionarios producirá los siguientes efectos:

(i) La antigüedad en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.

(ii) El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante dos años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución.

(iii) Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

(iv) Si antes de la finalización del período de excedencia por cuidado de hijos no solicita el reingreso al servicio activo, el funcionario será declarado de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés particular.

VII. Límite temporal de la excedencia por el cuidado de hijos de funcionarios

A tenor de lo establecido en el artículo 89.4 del TRLEBEP, el periodo de duración de la excedencia por el cuidado de hijos de funcionarios, no podrá ser superior a tres años. Sobre este particular se ha pronunciado la STSJ Madrid, Nº 902/2020, de 4 de mayo de 2020, ECLI: ES:TSJM:2020:5918, señalando que la excedencia por el cuidado de hijos de funcionarios “…posee carácter específico y diferenciador respecto a la excedencia genérica por cuidado de familiares y que los sujetos causantes de una y otra excedencia son distintos. En el caso de la excedencia para el cuidado de hijos el legislador marcó el límite temporal de 3 años, reservando la segunda modalidad a supuestos distintos, siendo esa la interpretación bajo los criterios hermenéuticos(literal, histórico, sistemático y, fundamentalmente teleológico) si se utilizan correctamente. Y dice también que límite temporal de tres años se acomoda a la Directiva del Consejo 2010/18/UE, de 8 de marzo de 2010, relativa al Acuerdo Marco sobre el permiso parental al ser el Estado a quien corresponde definir los límites de la duración.

En ese mismo sentido, el Alto Tribunal ha establecido que “Por más que pueda considerarse insuficiente el plazo de tres años para conciliar la vida laboral y familiar, no es posible la interpretación que propugna la actora, haciendo aplicable la figura de la excedencia para el cuidado de familiares a los hijos mayores de 3 años, salvo los supuestos en que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, de manera que no es posible utilizar la excedencia para el cuidado de familiares para atender al cuidado de hijos de más de tres años, con excepción de los casos de enfermedad, accidente o discapacidad».

Visto lo anterior, se observa que el legislador ha establecido dos supuestos de excedencias, cada uno para una finalidad distinta, uno para el cuidado de hijos y otro para el cuidado de familiares ya sea por razón de edad, enfermedad o accidente. Si bien es cierto, ambos tienen como finalidad favorecer la conciliación laboral y familiar, sus supuestos de aplicación son totalmente distintos, por lo que la interpretación que ha de darse a lo establecido por el legislador es que precisamente no podrán aplicarse los dos supuestos de excedencia a un mismo hijo de funcionario toda vez que la configuración de los casos es específica y diferenciada entre sí.

VIII. Reingreso al servicio activo

Reglamentariamente se regularán los plazos, procedimientos y condiciones, según las situaciones administrativas de procedencia, para solicitar el reingreso al servicio activo de los funcionarios de carrera, con respeto al derecho a la reserva del puesto de trabajo en los casos en que proceda conforme al TRLEBEP.

Determinada la excedencia por el cuidado de hijos de funcionarios, como una de las situaciones administrativas que conlleva el derecho a la reserva del puesto de trabajo, el procedimiento de reingreso se inicia mediante solicitud del funcionario, siendo el plazo para formalizar la toma de posesión de tres días a contar desde el siguiente a la notificación de la resolución acordando el reingreso.

Los efectos del reingreso serán los de la fecha efectiva de la toma de posesión, excepto para la situación de servicios especiales, cuyos efectos serán los de la fecha de entrada de la solicitud.

Sigue leyendo Administrativando

Suscríbete a nuestro canal de YouTube

Vídeos sobre infinidad de temáticas relacionadas con el Derecho Administrativo y Contencioso-Administrativo.

Apúntate a nuestra newsletter

Puedes suscribirte a la newsletter de Administrativando haciendo click en el botón que verás debajo.

Puedes suscribirte a Administrativando dejando tu e-mail a continuación y recibirás semanalmente los últimos artículos en tu bandeja de entrada.

Adela Merino León

Abogada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Asociada Senior

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

En AB Legal International S.L.P. utilizamos cookies propias y de terceros que permiten al usuario la navegación a través de una página web (técnicas), para el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento de los usuarios (analíticas),  que permiten la gestión de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página (publicitarias) y  cookies  que almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo elaboración de perfiles web ( hay que poner la información genérica sobre el tipo de datos que se van a recopilar y utilizar en caso de que se elaboren perfiles) (análisis de perfiles) (si hubiera otras finalidades debería incluirse la información). Si acepta este aviso consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra política de cookies.

Newsletter

Puedes suscribirte a Administrativando dejando tu e-mail a continuación y recibirás semanalmente los últimos artículos en tu bandeja de entrada.

Call Now Button