Derecho de acceso a la información pública por la Ley de Transparencia

I. ¿En qué consiste el derecho de acceso a la información pública?

El derecho de acceso a la información pública tiene sus bases en el artículo 105.b de la Constitución Española, y consiste en el derecho subjetivo que se reconoce a las personas para solicitar y obtener información pública, en los términos y condiciones regulados por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en lo sucesivo Ley de Transparencia).

Por tanto, el ejercicio de este derecho:

  1. No está condicionado a la concurrencia de un interés personal.
  2. No queda sujeto a motivación.
  3. No requiere la invocación de ninguna norma.

II. ¿Qué se entiende por información pública a los fines de la Ley de Transparencia?

Se entiende por información pública, según el artículo 13 de la Ley de Transparencia, los contenidos o documentos que obren en poder del sector público, en virtud de que hayan sido elaborados o adquiridos por éstos como consecuencia de su actividad o del ejercicio de sus funciones, incluidos los que le suministren otros sujetos obligados, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia.

III. ¿Quiénes pueden ejercer el derecho de acceso a la información pública?

Toda persona tiene derecho de acceder a la información pública ya sea a título individual o en nombre y representación de cualquier persona jurídica legalmente constituida. Cabe destacar que algunas normas autonómicas de transparencia han establecido una edad mínima (14 o 16 años) para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, aun cuando el Código Civil no establece ninguna edad, salvo las reglas generales de la capacidad de obrar de las personas, allí reguladas.

IV. Aspectos resaltantes que presenta el derecho de acceso a la información pública

De conformidad con lo previsto en la Ley de Transparencia, el derecho de acceso a la información pública:

  1. Se garantiza a todas las personas.
  2. Solamente puede ser denegado o restringido por las causas expresamente establecidas por las leyes.
  3. Las limitaciones legales al derecho de acceso a la información pública deben ser aplicadas de acuerdo con su finalidad, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso concreto, deben interpretarse siempre restrictivamente en beneficio de este derecho y no pueden ampliarse por analogía.
  4. Para aplicar límites al derecho de acceso a la información pública, la Administración no dispone de potestad discrecional y debe indicar en cada caso los motivos que lo justifican. En la motivación debe explicitarse el límite aplicado y razonar debidamente las causas que fundamentan su aplicación.
  5. Los límites al derecho de acceso a la información pública deben aplicarse de acuerdo con los principios de igualdad y de interdicción de la arbitrariedad.

V. Límites que presenta el derecho de acceso a la información pública

Este derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información (derivado de lo dispuesto en la Constitución Española) o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. En todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. En ese sentido, de conformidad con lo previsto en la Ley de Transparencia, el derecho de acceso a la información pública puede ser denegado o restringido si el conocimiento o divulgación de la información conlleva un perjuicio para:

  1. La seguridad nacional.
  2. La defensa.
  3. Las relaciones exteriores.
  4. La seguridad pública.
  5. La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
  6. La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
  7. Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
  8. Los intereses económicos y comerciales.
  9. La política económica y monetaria.
  10. El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
  11. La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
  12. La protección del medio ambiente.

La aplicación de estos límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.

VI. ¿Cómo se ejerce el derecho de acceso a la información pública?

Para ejercer el derecho de acceso a la información pública, la Ley de Transparencia, establece que, el acceso se llevará a cabo presentando la solicitud en el formulario establecido al efecto, preferentemente por vía electrónica a través del Portal de la Transparencia.

En el Portal de la Transparencia podrá ejercer el derecho de acceso accediendo a la sección “Derecho de acceso” presionando seguidamente “Solicite información”. Tras identificarse electrónicamente haciendo uso del sistema Cl@ve o el Código de Acceso, se mostrará un formulario para llevar a cabo la solicitud de información.

También podrá hacerlo:

  1. En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera del resto de sujetos obligados por la ley de transparencia.
  2. En las oficinas de Correos.
  3. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
  4. En las oficinas de asistencia en materia de registros.
  5. En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En dicha solicitud, se dejará constancia de:

  1. La identidad del solicitante.
  2. La información que se solicita.
  3. Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones.
  4. En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada.

En este caso, el solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por si sola causa de rechazo de la solicitud

VII. ¿A quién le corresponde la competencia para resolver las solicitudes que se presenten en ejercicio del derecho de acceso a la información pública?

En términos generales, será competente para resolver las solicitudes de acceso a la información, el órgano que tenga la información o documentación en su poder. En ese sentido, si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del órgano al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante. Asimismo, cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso.

VIII. ¿Cuál es el plazo que se tiene para resolver las solicitudes que se presenten en ejercicio del derecho de acceso a la información pública?

Las solicitudes que se presenten en ejercicio del derecho de acceso a la información pública, deben resolverse en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, pudiendo ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante, tal y como lo establece la Ley de Transparencia.

Si transcurriera el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.

IX. ¿Cuál es el órgano encargado de salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública?

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tal y como se encuentra previsto en el artículo 34 de la Ley de Transparencia, es el órgano encargado no sólo de salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sino además de:

  1. Promover la transparencia de la actividad pública.
  2. Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.
  3. Garantizar la observancia de las normas de buen gobierno.

X. Naturaleza jurídica y atribuciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, creado por la Ley de Transparencia, es un organismo público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el cual actúa con plena autonomía e independencia en el cumplimiento de sus fines, configurándose como el órgano que conocerá de las reclamaciones que, en materia de acceso a la información, presenten los ciudadanos.

Tiene encomendadas las siguientes funciones:

  1. Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta Ley.
  2. Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
  3. Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen la Ley de Transparencia o que estén relacionados con su objeto.
  4. Evaluar el grado de aplicación de la Ley de Transparencia. Para ello, elaborará anualmente una memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales.
  5. Promover la elaboración de borradores de recomendaciones y de directrices y normas de desarrollo de buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
  6. Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las materias reguladas por la Ley de Transparencia.
  7. Colaborar, en las materias que le son propias, con órganos de naturaleza análoga.
  8. Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario.

XI. Marco normativo que regula el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, fue creado por la Ley de Transparencia, configurándose en esta norma la composición del Consejo de Transparencia, a fin de garantizar la especialización y profesionalidad que el ejercicio de sus tareas requiere. No obstante, además de lo previsto en la Ley de Transparencia, su regulación se encuentra prevista en el Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

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Adela Merino León

Abogada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Asociada Senior

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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