¿Cuánto gana un juez en España?

Su labor es fundamental para el Estado de Derecho; su posición es admirada por toda la sociedad y sus decisiones moldean la vida de los ciudadanos pero ¿sabemos en realidad cuánto gana un juez, que hay que hacer para ejercer como tal y de dónde viene su aura?

Para entender el salario de un juez en España, se hace necesario recurrir a la teoría de la estratificación social de Max Weber, que se comprenderá una vez que se hayan observado las cifras sobre cuál es el salario de un juez y se entienda el proceso para llegar a ejercer esta labor en nuestro país.

 

¿Cuánto gana un juez?

De acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado de 2023, un juez, de base, gana 20.878 euros.

Ante la sorpresa que estos datos puedan causar, hay que aclarar que el auténtico sueldo de un juez es difícil de conocer ya que entran en juego diferentes factores:

Categoría y nivel: Los jueces se clasifican en diferentes categorías según su rango y responsabilidad. Las categorías incluyen jueces de primera instancia, jueces de instrucción, jueces de lo contencioso-administrativo, jueces de lo penal, de lo social, entre otros. A medida que los jueces avanzan en su carrera y asumen cargos de mayor responsabilidad, generalmente obtienen salarios más altos.

Antigüedad y experiencia: La antigüedad y la experiencia también son factores que influyen en la remuneración de los jueces. A medida que acumulan años de servicio, los conocidos como “trienios”, reciben aumentos salariales o progresan en su escala salarial.

Complementos y asignaciones: Además del salario base, los jueces pueden recibir complementos y asignaciones adicionales. Estos pueden incluir complementos por destino en determinadas localidades o complementos por ejercer funciones específicas. Al margen se computan las horas de guardia, una labor extra que efectúan fuera de sus horarios laborales. Además, perciben dos pagas extra.

Con esto, ya podemos ver que la cifra más alta que se puede llegar a obtener, según diversas fuentes consultadas, se sitúa alrededor de los 6.000 euros mensuales.

 

¿Qué hay que hacer para ser juez en España?

En segundo lugar, debemos conocer lo que hay que hacer en España para poder ser juez, que implica muchos años de estudio. A continuación, se describe de manera general el camino para llegar a ser juez en España:

1.Obtener una licenciatura o grado en Derecho: El primer paso es obtener un título de licenciatura o grado en Derecho, que es el requisito académico básico para ingresar a la carrera judicial en España.

2.Opositar para ingresar en la Carrera Judicial: Una vez se ha obtenido el título universitario en Derecho, se puede participar en el proceso selectivo conocido como «oposiciones» para ingresar en la Carrera Judicial. Este proceso es convocado por el Ministerio de Justicia y consta de varias pruebas, que incluyen pruebas escritas y orales, sobre diferentes áreas del Derecho y la jurisprudencia.

3.Superar las pruebas de acceso: Para avanzar en el proceso selectivo, es necesario obtener una puntuación suficiente en cada una de las pruebas y superar los requisitos establecidos. Las pruebas pueden variar dependiendo de la convocatoria, pero generalmente incluyen pruebas escritas de conocimientos jurídicos, pruebas orales de exposición de temas y supuestos prácticos.

4.Realizar el período de formación: Después de aprobar las oposiciones, los candidatos que hayan obtenido una plaza deben realizar un período de formación práctica en la Escuela Judicial sita en Barcelona, donde recibirán una formación especializada en el ámbito judicial.

5.Nombramiento como juez: Una vez finalizado el período de formación, los aspirantes que han cumplido con todos los requisitos y han obtenido una valoración positiva serán nombrados como jueces y asignados a los diferentes destinos dentro del sistema judicial español.

A modo de orientación, se añade que el tiempo para superar las oposiciones, el paso tercero, requiere de 4 a 5 años, según los últimos informes que elabora el Consejo General del Poder Judicial.

 

¿De dónde viene su aura?

Ahora que sabemos que para ser Juez hay que invertir unos diez años de nuestra vida y que el sueldo no es lo esperable ante el esfuerzo realizado, conviene recurrir a la teoría de la estratificación del sociólogo alemán Max Weber para entender su prestigio en la sociedad.

La teoría de la estratificación de Weber, desarrollada principalmente en su obra “Economía y Sociedad” de 1922, busca comprender cómo se distribuyen los roles en una sociedad y cómo influye esto en la estructura de clases.

Según el alemán, la sociedad se estratifica en tres dimensiones: la riqueza, el poder y el prestigio. La estratificación económica se refiere a la distribución de recursos materiales, lo que hoy llamaríamos “posición económica”; la estratificación del poder se relaciona con la capacidad de ejercer influencia y tomar decisiones, lo que en la actualidad estaría desempeñado por los partidos políticos; y la estratificación del prestigio se refiere a la valoración social y el reconocimiento otorgado a diferentes ocupaciones y roles en la sociedad, lo que hoy conocemos como “status”. En función de dónde se ubique cada persona de la sociedad, en cada una de estas estratificaciones tendrá una posición social u otra.

Centrándonos en el caso concreto que nos ocupa, Weber argumentaba que algunas ocupaciones o roles sociales son considerados más prestigiosos que otros, independientemente de su nivel de ingresos o riqueza. Esto se debe a que ciertos trabajos requieren habilidades especializadas, conocimiento técnico, creatividad o contribuyen de manera significativa al bienestar de la sociedad. Estas ocupaciones, como las profesiones intelectuales, académicas o artísticas, suelen ser consideradas socialmente valiosas y, por lo tanto, reciben un alto grado de prestigio.

En contraste, existen ocupaciones que, a pesar de generar altos ingresos económicos, pueden ser menos valoradas en términos de prestigio social. Estos trabajos a menudo se asocian con actividades manuales, tareas repetitivas o trabajos de servicio que son considerados menos relevantes o intelectualmente demandantes desde la perspectiva social.

Weber destacó que la estratificación del prestigio tiene implicaciones importantes para la estructura de clases y la movilidad social en una sociedad: aquellos que tienen acceso a ocupaciones prestigiosas pueden disfrutar de una mayor posición social, influencia y oportunidades, mientras que aquellos que realizan ocupaciones menos prestigiosas pueden enfrentar desventajas y limitaciones en términos de estatus y movilidad social. Sí, a pesar de que los primeros tengan unos bajos ingresos y los segundos unos altos salarios.

Por último, hay que añadir que el autor, considerado fundador de la sociología moderna, investigó las múltiples interacciones entre estas tres estratificaciones, lo que nos lleva a entender la posición de un juez a día de hoy en nuestro país: su status, proviene de su estratificación del prestigio, conjugada con su estratificación de poder y poco tiene que ver con su estratificación económica.

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Adela Merino León

Abogada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Asociada Senior

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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