Excepcional cómputo de la cuantía para interponer recurso de apelación en las derivaciones de responsabilidad

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I.-¿Qué resoluciones son recurribles en recurso de apelación contencioso – administrativo por razón de la cuantía.

La respuesta queda enmarcada en el artículo 81 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que establece la posibilidad de que las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, sean susceptibles de recurso de apelación contencioso – administrativo, siempre que la cuantía del procedimiento exceda de 30.000 euros.

II.-¿Cómo se calcula la cuantía del procedimiento a efectos del recurso de apelación?

Lo establece expresamente el artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción contencioso – administrativa, al disponer:

“1. La cuantía del recurso contencioso-administrativo vendrá determinada por el valor económico de la pretensión objeto del mismo.

2. Cuando existan varios demandantes, se atenderá al valor económico de la pretensión deducida por cada uno de ellos, y no a la suma de todos.

 3. En los supuestos de acumulación o de ampliación, la cuantía vendrá determinada por la suma del valor económico de las pretensiones objeto de aquéllas, pero no comunicará a las de cuantía inferior la posibilidad de casación o apelación”.

En base al citado precepto, en el supuesto de acumulación de pretensiones y/o de actos administrativos, la cuantía del procedimiento se determinará, por tanto, sumando el valor económico de los mismos.

No obstante, tal y como seguidamente expongo, nos encontramos con excepciones interesantes en la Jurisprudencia que eluden la acumulación de actos a efectos de cuantía y se centran en la necesidad de que los mismos, de forma individualizada y no conjuntamente, superen los 30.000 euros.

Me refiero concretamente, por ejemplo, a las derivaciones de responsabilidad tributaria. Sorpresivamente, se deberá de estar al importe de las liquidaciones individualizadas y no al acuerdo de derivación en su totalidad pese a tratarse del acto administrativo que se impugna.

III.-Corriente Jurisprudencial recaída en un primer momento

Inicialmente, se venía aplicando el posicionamiento general en el sentido de que la cuantía del procedimiento en los acuerdos de derivación de responsabilidad debe de computarse por el total de las liquidaciones giradas. Si las mismas superaban el umbral de 30.000€ o de 600.000€ (con la anterior regulación), podría interponerse recurso de apelación o de casación, respectivamente.

En este sentido, debemos partir del Auto del Tribunal Supremo de fecha 11 de septiembre de 2014 recaído en el Recurso nº 540/2014, donde se recoge en su Fundamento de Derecho Cuarto in fine:

“(…) No obstante, según ya hemos tenido ocasión de señalar ( ATS de 24 de abril de 2014, RC 3561/2013 , con cita en el de 6 de marzo de 2014, RC 2539/2013 ) la proyección de esta doctrina tiene plena virtualidad cuando lo que se discute son las liquidaciones mensuales por débitos a la Seguridad Social que integran el acuerdo de liquidación, pero no así cuando el objeto del recurso se centra únicamente en la procedencia de dicho acuerdo como acto único y la impugnación se centra, exclusivamente, en la improcedencia del acuerdo de derivación de responsabilidad y no en las liquidaciones que lo integran , de modo que, en el presente caso, la cuantía viene determinada por el importe de la deuda reclamada, en su totalidad (…)”.

En idénticos términos, se sigue expresando el Tribunal Supremo en su Auto de 15 de enero de 2015 recaído en el Recurso nº 2833/2014, donde recoge la admisión en su Fundamento de Derecho Cuarto:

“(…) Ahora bien, según ya hemos tenido ocasión de señalar ( ATS de 11 de septiembre de 2014, RC 540/2014 , que se remite al de 24 de abril de 2014, RC 3561/2013 , con cita en el de 6 de marzo de 2014, RC 2539/2013 ) la proyección de esta doctrina tiene plena virtualidad cuando lo que se discute son las liquidaciones mensuales por débitos a la Seguridad Social  que integran el acuerdo de liquidación, pero no así cuando el objeto del recurso se centra únicamente en la procedencia de dicho acuerdo como acto único y la impugnación se centra, exclusivamente, en la improcedencia del acuerdo de derivación de responsabilidad y no en las liquidaciones que lo integran , de modo que, en el presente caso, la cuantía viene determinada por el importe de la deuda reclamada, en su totalidad”.

Como queda evidente, el Tribunal Supremo (con la regulación vigente en dicho momento), venía mantenido la tesis de admisión del Recurso de Casación siempre y cuando la cuantía total reclamada en el Acto Administrativo de Derivación de Responsabilidad, excluidos posibles recargos así como intereses de demora, superase los 600.000 € al amparo de la conjugación de los artículos 86.2.b), 41.3 y 42.1.a) LJCA.

IV.-Cambio jurisprudencial: la cuantía se determinará liquidación a liquidación

Sin embargo, con el Auto de la misma Sala de fecha 5 de noviembre de 2015, dictado en el Recurso nº 987/2015, el Tribunal Supremo da un giro interpretativo y considera que la cuantía del procedimiento a efectos de impugnación deberá de valorarse liquidación a liquidación, sin tener presente el montante total en el acuerdo de derivación.

Concretamente, señala:

“QUINTO .- Tampoco obsta la alegación realizada, en la que con base en la doctrina reiterada de este Tribunal contenida en autos de 15 de enero de 2015 y de 6 de marzo , 24 de abril y 11 de septiembre de 2014, defiende al admisión del recurso de casación por cuanto que, en el caso de autos, al igual que sucedía en los autos que invoca, no se discute la validez individualizada de ninguna de las liquidaciones tributarias, sino la derivación de responsabilidad solidaria y, ha de estarse, por tanto al importe total de la deuda derivada.

En efecto, si bien este Tribunal ha mantenido, durante un tiempo, la admisión del recurso de casación cuando lo que se discute no son las liquidaciones tributarias que integran el acuerdo de derivación de responsabilidad, sino la procedencia de dicho acuerdo como acto único, siempre que el importe total derivado superase el límite legal para acceder al recurso de casación, ahora reconsiderando la cuestión, llega a la conclusión contraria, al entender que, con carácter previo al examen del acto único de derivación de responsabilidad, ha de examinarse cada acto administrativo de liquidación tributaría y, en consecuencia, únicamente podrán acceder al recurso de casación, por razón de la cuantía, las liquidaciones derivadas cuyo débito principal supere el límite legal de 600.000 euros para acceder al recurso de casación, o bien las que no superando el débito principal la referida cuantía, alguno de los conceptos liquidados anudados (intereses de demora, recargos de apremio o sanción) individualmente considerados superen la referida cifra.

V.-Nuevas sentencias que confirman que hay que computar la cuantía liquidación a liquidación

En los mismos términos, Auto del Alto Tribunal, de fecha 27 de octubre de 2016, acordado en el Recurso nº 740/2016, al señalar:

“CUARTO .- La conclusión anterior no resulta desvirtuada por las alegaciones realizadas por la entidad recurrente en el trámite de audiencia, en las que defiende la admisión total del recurso por razón de la cuantía, pues son contrarias a la doctrina más reciente de este Tribunal, contenida entre otras, en autos de 5 de noviembre de 2015 y 12 de mayo de 2016 , dictados, respectivamente, en los recursos de casación nº 987/2015 y 3034/2015.

En efecto, si bien este Tribunal ha mantenido, durante un tiempo, la admisión del recurso de casación cuando lo que se discute no son las liquidaciones tributarias que integran el acuerdo de derivación de responsabilidad, sino la procedencia de dicho acuerdo como acto único, siempre que el importe total derivado superase el límite legal para acceder al recurso de casación, ahora reconsiderando la cuestión, llega a la conclusión contraria, al entender que, con carácter previo al examen del acto único de derivación de responsabilidad, ha de examinarse cada acto administrativo de liquidación tributaría y, en consecuencia, únicamente podrán acceder al recurso de casación, por razón de la cuantía, las liquidaciones derivadas cuyo débito principal supere el límite legal de 600.000 euros para acceder al recurso de casación, o bien las que no superando el débito principal la referida cuantía, alguno de los conceptos liquidados anudados (intereses de demora, recargos de apremio o sanción) individualmente considerados superen la referida cifra.

VI.-Última Jurisprudencia recaída al efecto

Recientes Resoluciones Judiciales del Alto Tribunal, confirman la nueva corriente doctrinal adoptada. A título de ejemplo, Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo nº 1717/2019 de 12 de diciembre de 2019, Fundamento de derecho tercero:

“Así es, en aquellas resoluciones explicamos, y ahora reiteramos, que si bien este Tribunal ha mantenido, durante un tiempo, la admisión del recurso de casación cuando lo que se discute no son las liquidaciones concretas que integran el acuerdo de derivación de responsabilidad, sino la procedencia de dicho acuerdo como acto único, siempre que el importe total derivado superase el límite legal para acceder al recurso (de casación), ahora reconsiderando la cuestión, se llega a la conclusión contraria, al entender que, con carácter previo al examen del acto único de derivación de responsabilidad, ha de examinarse cada acto administrativo de liquidación y, en consecuencia, únicamente podrán acceder al recurso de casación, por razón de la cuantía, las liquidaciones derivadas cuyo débito principal supere el límite legal, en este caso los 30.000 euros del recurso de apelación ( artículo 81.1.a) de la LJCA).

(…)

La razón de esa desestimación de la apelación es la aplicación del requisito que atiende a la cuantía del recurso de apelación, pues » la cuantía de las cuotas que sustentan el acto administrativo impugnado impide la apelación de la Sentencia dictada, por lo que no procedía la admisión del presente recurso de apelación que en la fase procesal en el que nos encontramos se convierte en motivo de desestimación»

Más recientemente aún y en la misma dirección, Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo nº 7/2020 de 14 de enero de 2019, Fundamento de derecho segundo.

VII.-Conclusión

En resumen de lo recogido hasta ahora, debemos indicar, que desde finales de 2015, para poder ser admitido a trámite el Recurso de Apelación en materia Contencioso-Administrativa, según la cuantía del mismo y en procedimientos cuyo objeto sea la impugnación de un acto de derivación de responsabilidad, las respectivas cuotas individuales liquidadas que forman parte del acto de derivación, sus recargos o intereses de demora, deben superar la cuantía de 30.000 € de manera individualizada, incluso si el único motivo de recurso es exclusivamente la impugnación del Acto de derivación de responsabilidad en su conjunto.

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Adela Merino León

Abogada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos. 

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Asociada Senior

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues. 

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores. 

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias. 

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo. 

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi. 

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19. 

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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