¿Cuándo y cómo opera la revisión de precios en los contratos del Sector Público?

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I. Concepto

La revisión de precios en los contratos públicos, constituye una excepción al principio que rige la modificación de los mismos, los cuales solo pueden llevarse a cabo por motivos de interés público en los casos y en la forma previstos en la ley (artículo 203 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero, en adelante, LCSP).

En virtud del artículo 103.1 del mismo texto normativo, el precio del contrato resulta ser la retribución o contraprestación económica del contrato, ya sea abonada por la Administración o por los usuarios.

II. Régimen jurídico y ámbito de aplicación

El régimen jurídico de la revisión de precios en los contratos de las entidades del Sector Público, se encuentra previsto en el Capítulo II “Revisión de precios en los contratos de las entidades del Sector Público” del Título III “Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión”, del Libro Primero de la LCSP, concretamente en los artículos 103 a 105 por cuya virtud, los precios podrán ser revisados de manera periódica y predeterminada.

La LCSP supone un avance en este sentido al acomodar las normas de revisión de precios a lo dispuesto en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española (en lo sucesivo, Ley 2/2015).

De este modo, la revisión de precios, ya no se hace con índices generales, sino en función de índices específicos que operan por medio de fórmulas que reflejan los componentes de coste de la prestación contratada, tal y como dispone el preámbulo de la norma.

No obstante, en los contratos que se formalicen y ejecuten en el extranjero pueden presentarse otras normas distintas de revisión de precios, sin perjuicio de la utilidad de las disposiciones de la LCSP para resolver las dudas o lagunas que puedan surgir en su aplicación.

Además, la Disposición adicional primera de la LCSP, prevé que, en la documentación contractual, el órgano de contratación puede establecer un régimen de revisión de precios distinto del previsto con carácter general en la LCSP, “atendiendo a la legislación del país en que haya de ejecutarse el contrato y a sus circunstancias socioeconómicas”.

Sin embargo, recalca que en todo caso el régimen de revisión de precios que se determine deberá basarse en parámetros objetivos (preferiblemente públicos) o al menos, fácilmente medibles pudiendo utilizarse a estos efectos los calculados por Organismos Internacionales.

Asimismo, en el marco de la contratación pública en las Entidades locales, la Disposición adicional tercera de la LCSP, señala que la revisión de precios de los contratos deberá ir precedida de un informe jurídico evacuado por el Secretario Interventor.

Por último, de conformidad con el artículo 289 de la LCSP, las normas relativas a la revisión de precios en los contratos de las entidades del sector público también resultarán de aplicación en la revisión de las contraprestaciones económicas pactadas (tarifas) en el marco de la ejecución del contrato de concesión de servicios.

III. Modalidades de revisión y límites: especial referencia a la revisión periódica o predeterminada

Es importante destacar la existencia de dos formas o modalidades de revisión:

  • La revisión periódica y predeterminada de valores monetarios.
  • La revisión periódica no predeterminada y la revisión no periódica de valores monetarios; encontrándose el régimen jurídico aplicable contenido en los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015.

Para que pueda aplicarse la revisión de los precios de los contratos, esta deberá ser periódica o estar predeterminada, salvo en los contratos no sujetos a regulación armonizada a los que se refiere el artículo 19.2 de la LCSP.

Más concretamente, la revisión periódica y predeterminada de los precios únicamente se puede llevar a cabo:

a) Previa justificación en el expediente.

b) Y para los siguientes contratos: (i) contratos de obra, (ii) contratos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, (iii) contratos de suministro de energía y (iv) en aquellos otros contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años.

No obstante, dentro de los costes revisables, se excluyen:

  • Los costes asociados a las amortizaciones.
  • Los costes financieros.
  • Los gastos generales o de estructura.
  • El beneficio industrial.

Por su parte, los costes de mano de obra de los contratos distintos de los de obra, suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, se revisarán solo si el período de recuperación de la inversión es igual o superior a cinco años y la intensidad en el uso del factor trabajo sea considerada significativa.

Pero ¿cómo opera la revisión periódica y predeterminada de precios? en los supuestos en que proceda, el órgano de contratación será quien establezca el derecho a revisión periódica y predeterminada de precios.

En este sentido, en el pliego de cláusulas administrativas, en caso de que admita su procedencia, detallará la fórmula de revisión de precios a aplicar atendiendo a tres factores: en primer lugar, a la naturaleza del contrato; en segundo lugar, a su estructura; y, en tercer lugar, a la evolución de los costes de las prestaciones.

Esta fórmula no se podrá modificar durante la vigencia del contrato y determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la de formalización del contrato (siempre que se produzca en los tres meses siguientes a la finalización del plazo de presentación de ofertas), o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses, si la formalización se produce con posterioridad.

IV. ¿Cuándo se aplica la revisión periódica y predeterminada de precios?

Pues bien, salvo en los contratos de suministro de energía, la revisión tendrá lugar, si procede, cuando concurran dos condiciones: (i) cuando se hubiese ejecutado ya el contrato en, al menos, el 20% de su importe y (ii) si hubiesen pasado dos años desde la formalización del mismo. No obstante, la condición relativa al porcentaje de ejecución contractual no se aplica a los contratos de concesión de servicios.

Continuando con el análisis de la revisión de precios, el Consejo de Ministros está facultado para aprobar fórmulas tipo de revisión periódica y predeterminada. Por lo tanto, si para un tipo de contrato susceptible de ser afectado por la revisión de precios, se aprobasen fórmulas tipo, el órgano de contratación no podrá incluir otra fórmula de revisión diferente a esta en los pliegos y contrato.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística es el encargado de elaborar los índices mensuales de los precios de los componentes básicos de costes incluidos en las fórmulas tipo de revisión de precios de los contratos (estableciéndose la relación de costes reglamentariamente). Estos índices reflejan las variaciones reales de los precios de la energía y otros materiales básicos en el mercado, pudiendo ser uniformes para todo el territorio nacional o definirse por zonas geográficas.

Lo analizado hasta el momento, se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de aplicación del régimen relativo a la revisión periódica no predeterminada y a la revisión no periódica de valores monetarios contenido en el artículo 5 de la Ley 2/2015, y sin perjuicio de la posibilidad de mantener el equilibrio económico en el contrato en las circunstancias previstas en los artículos 270 y 290 de la LCSP.

V. Cuestiones prácticas: forma de pago, supuesto de revisión en caso de demora en la ejecución y la imposibilidad de revisión de los precios provisionales

El pago de las revisiones de precio, se hará en efectivo, de oficio, mediante el pago o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales, mientras que el pago de los posibles desajustes respecto del expediente de gasto aprobado en el ejercicio económico, se hará efectivo en un momento posterior: en la certificación final, o en la liquidación del contrato.

Por otro lado, el artículo 104 de la LCSP dispone que cuando el contratista incurra en mora en la ejecución del contrato, se tendrán en cuenta para la aplicación de la revisión los índices de precios correspondientes a las fechas establecidas en el contrato para la realización de la prestación en plazo.

Por último, es interesante recalcar que, a pesar de que, excepcionalmente, se pueden celebrar contratos con precios provisionales, si la determinación no es posible antes del comienzo de la ejecución del contrato, en estos supuestos la LCSP no permite la revisión de precios.

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