Certificado de buena ejecución: ¿Qué es y qué hacer si la Administración se niega a emitirlo?

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I. ¿Qué es el Certificado de Buena Ejecución y cuál es su régimen legal?

El certificado de buena ejecución es un documento mediante el cual una entidad pública o privada acredita que una determinada obra, servicio o suministro ha sido efectivamente ejecutado por una empresa, indicando normalmente su objeto, importe, fecha, destinatario y, cuando proceda, que la prestación se realizó correctamente y conforme a las condiciones pactadas.

Su principal relevancia en materia de contratación pública se encuentra en la acreditación de la solvencia técnica o profesional de los licitadores. En este sentido, los artículos 88, 89 y 90 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en lo sucesivo, LCSP) regulan los medios para acreditar la experiencia previa en contratos de obras, suministros y servicios, respectivamente. En los contratos de obras, el artículo 88 exige expresamente que la relación de trabajos ejecutados esté avalada por certificados de buena ejecución, mientras que para suministros y servicios la LCSP contempla certificados o documentos equivalentes expedidos por el destinatario de las prestaciones.

II. ¿Para qué sirve el Certificado de Buena Ejecución?

El certificado de buena ejecución es un documento especialmente relevante en la contratación pública y privada, cuya finalidad principal es acreditar la experiencia previa y la capacidad técnica o profesional de una empresa o profesional. En este sentido, puede utilizarse para:

  1. Acreditar la solvencia técnica o profesional en licitaciones públicas. Cuando una empresa pretende participar en un procedimiento de contratación para ejecutar una obra, prestar un servicio o realizar un suministro, la LCSP puede exigirle acreditar experiencia previa suficiente. En los contratos de obras, el período general de referencia comprende los cinco últimos años, aunque en determinados supuestos pueden tomarse en consideración obras ejecutadas hasta diez años antes; en los contratos de servicios y suministros, el período ordinario es de hasta tres años.
  2. Acreditar la correcta ejecución de prestaciones anteriores. A diferencia de una simple factura o contrato, el certificado permite dejar constancia de que la prestación se ejecutó efectivamente y, cuando proceda, conforme a las condiciones pactadas. En materia de obras, la LCSP exige además que el certificado indique el importe, las fechas y el lugar de ejecución, así como si los trabajos se realizaron correctamente y llegaron normalmente a buen término.
  3. Demostrar experiencia suficiente para superar los requisitos de solvencia. Estos certificados permiten acreditar el volumen, importe y naturaleza de los trabajos previamente realizados y comprobar si cumplen los requisitos mínimos establecidos en los pliegos para participar en la licitación.
  4. Acreditar experiencia ante clientes privados y procesos de homologación. Fuera de la contratación pública, también pueden utilizarse como prueba de experiencia y cumplimiento en procedimientos de selección u homologación de proveedores, subcontratistas o colaboradores empresariales.

III. ¿Qué contiene el certificado de buena ejecución?

Para que el certificado de buena ejecución resulte útil como medio de acreditación de la solvencia técnica o profesional y reduzca el riesgo de requerimientos de subsanación, debe identificar con claridad la prestación realizada y las principales circunstancias de su ejecución. Habitualmente incluye:

  1. Identificación de la entidad que expide el certificado y del contratista, con indicación de su razón social y, cuando proceda, NIF.
  2. Descripción concreta de la obra, suministro o servicio ejecutado, pudiendo incorporarse también el número de expediente o referencia contractual cuando exista.
  3. Importe de la prestación ejecutada, normalmente expresado sin IVA cuando se utiliza para acreditar solvencia en una licitación pública.
  4. Fechas y lugar de ejecución, especialmente relevantes en los contratos de obras, respecto de los cuales el artículo 88.1.a) LCSP exige que los certificados indiquen el importe, las fechas y el lugar de ejecución.
  5. Declaración sobre la correcta ejecución, haciendo constar, cuando proceda, que los trabajos se realizaron conforme a las reglas aplicables y llegaron normalmente a buen término.
  6. Fecha, firma e identificación de la persona u órgano competente para expedir el certificado, pudiendo utilizarse firma electrónica cuando corresponda.

En todo caso, el contenido concreto deberá adaptarse al tipo de contrato y a lo que exijan los pliegos de la licitación en la que vaya a utilizarse.

IV. ¿Quién emite el certificado de buena ejecución?

 La persona u órgano competente para expedir el certificado de buena ejecución depende de quién haya sido el destinatario de la prestación y de la organización interna de la entidad contratante.

Cuando el destinatario sea una entidad del sector público, los certificados deberán ser expedidos o visados por el órgano competente, de acuerdo con lo previsto en los artículos 88.1.a), 89.1.a) y 90.1.a) de la LCSP. La ley no atribuye esta función necesariamente al órgano de contratación, sino que deberá atenderse a las reglas de competencia, delegación y organización de cada entidad.

En la práctica, pueden intervenir distintos órganos o responsables:

  1. El órgano de contratación o el órgano administrativo competente, cuando tenga atribuida la función de certificar la correcta ejecución de los contratos o se le haya delegado dicha competencia.
  2. El responsable del contrato, regulado en el artículo 62 LCSP, que supervisa la ejecución y puede emitir informes o antecedentes técnicos que sirvan de base para la expedición del certificado.
  3. La dirección facultativa, en los contratos de obras, desempeña un papel especialmente relevante en la comprobación de la correcta ejecución técnica y puede aportar los informes y certificaciones necesarios para acreditar que los trabajos se realizaron conforme al proyecto y a las condiciones contractuales.

Cuando el destinatario de un suministro o servicio sea un sujeto privado, la LCSP permite acreditar la prestación mediante un certificado expedido por ese cliente privado y, a falta de éste, mediante una declaración del propio empresario acompañada de documentación suficiente que acredite la realización efectiva de la prestación

V. ¿Qué hacer si la Administración se niega a emitirlo o guarda silencio?

Cuando la Administración se niega a expedir un certificado de buena ejecución o demora injustificadamente su emisión, el contratista puede adoptar distintas medidas para obtener una respuesta formal y proteger su solvencia en futuras licitaciones:

  1. Presentar una solicitud formal por registro electrónico, identificando claramente el contrato o expediente, la prestación ejecutada y el certificado solicitado, acompañando la documentación que acredite la correcta ejecución, como el acta de recepción, la liquidación o los informes favorables existentes.
  2. Exigir una respuesta expresa y motivada. La Administración está obligada, con carácter general, a resolver las solicitudes que den lugar a un procedimiento administrativo. No obstante, el plazo concreto para resolver y los efectos del silencio dependerán de la normativa aplicable y de la configuración del procedimiento, por lo que no puede afirmarse de forma general que exista siempre un plazo de tres meses ni que el silencio tenga necesariamente carácter desestimatorio.
  3. Impugnar la denegación expresa, cuando constituya un acto recurrible, mediante recurso de alzada o reposición según que el órgano que la dicte ponga o no fin a la vía administrativa, y posteriormente, cuando proceda, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
  4. Reaccionar frente a la inactividad administrativa, cuando concurran los requisitos legales para ello, pudiendo acudirse a la vía contencioso-administrativa si la Administración incumple una obligación concreta de actuación legalmente exigible.
  5. Aportar documentación alternativa en una nueva licitación, cuando el certificado todavía no haya sido expedido. El acta de recepción, la liquidación, los contratos, facturas u otros documentos pueden servir para acreditar determinados extremos o justificar la solicitud pendiente, siempre que la LCSP y los pliegos permitan ese medio de prueba.

Además, cuando la documentación necesaria ya obre en poder de la propia Administración, deberá tenerse en cuenta el derecho reconocido en el artículo 28 de la Ley 39/2015 a no aportar nuevamente documentos que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las especialidades propias de la contratación pública.

¿La Administración demora o deniega la expedición de sus certificados de buena ejecución? En Administrativando Abogados analizamos la documentación contractual y las vías de actuación disponibles para solicitar su expedición, recurrir una eventual denegación y evitar que una demora administrativa perjudique injustificadamente la acreditación de la solvencia de su empresa.

VI. ¿Puede utilizarse un mismo certificado de buena ejecución para múltiples licitaciones públicas de forma simultánea?

Sí. Un mismo certificado de buena ejecución puede utilizarse para acreditar la solvencia técnica o profesional en distintas licitaciones públicas, siempre que la prestación certificada resulte adecuada para cumplir los requisitos exigidos en cada procedimiento y se encuentre dentro del período temporal computable conforme a la LCSP y a los pliegos.

El certificado no se consume por haber sido aportado en una licitación anterior ni queda reservado a un único procedimiento. En la contratación electrónica puede incorporarse en tantas licitaciones como resulte necesario, mediante copia digital o a través de los sistemas de acreditación previstos en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

VII. ¿En qué se diferencia el certificado de buena ejecución del acta de recepción?

El acta de recepción y el certificado de buena ejecución cumplen funciones distintas. El acta de recepción es un acto formal bilateral que documenta que la Administración recibe la prestación ejecutada y, cuando proceda, deja constancia de su conformidad, constituyendo además un hito relevante para el inicio del plazo de garantía y para la posterior liquidación del contrato.

Por su parte, el certificado de buena ejecución es una declaración unilateral de conocimiento que tiene una finalidad principalmente probatoria: acredita que una determinada obra, servicio o suministro fue efectivamente realizado y, cuando corresponda, que se ejecutó correctamente. Su utilidad principal es permitir al contratista demostrar su experiencia y solvencia técnica o profesional en futuras licitaciones.

Resumen

El certificado de buena ejecución es un documento utilizado para acreditar la experiencia y solvencia técnica o profesional de una empresa en futuras licitaciones. Permite demostrar que una determinada obra, suministro o servicio fue efectivamente ejecutado y, cuando corresponda, que se realizó correctamente. Su régimen se encuentra principalmente en los artículos 88, 89 y 90 de la LCSP, y debe diferenciarse del acta de recepción, cuya función se vincula al cumplimiento y cierre del contrato.

Cuando el destinatario sea una entidad pública, el certificado deberá ser expedido o visado por el órgano competente conforme a las reglas internas de cada Administración. Si su emisión se demora o deniega injustificadamente, el contratista podrá solicitarlo formalmente, impugnar la denegación cuando proceda y, en determinados casos, acudir a la vía contencioso-administrativa. Un mismo certificado puede utilizarse en distintas licitaciones mientras la experiencia acreditada se encuentre dentro del período temporal computable exigido por la LCSP y los correspondientes pliegos.

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David Muñoz Zapata

Director

Doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, con la tesis: “Estudio y propuesta de revisión de la prerrogativa en los contratos administrativos”, que fue calificada con sobresaliente cum laude por el tribunal nombrado al efecto.

Asimismo ha realizado el Máster en “Derechos Fundamentales y Libertades Públicas” y el Máster en “Derecho de la Contratación Pública” de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Cuenta con una experiencia profesional de dieciocho años, compaginando puestos tanto en el sector privado, en el ámbito de la abogacía y la asesoría jurídica, como en el sector público, ocupando destinos en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha.

Igualmente, posee amplia experiencia en el ámbito del Derecho deportivo, habiendo sido, durante seis años, Secretario del Comité de Disciplina Deportiva de Castilla-La Mancha y Secretario del Consejo Regional de Deportes de dicha Comunidad Autónoma. De igual modo, fue el autor del Anteproyecto de la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha.

En el ámbito de la docencia, es profesor en diversas titulaciones de Máster y postgrado del ámbito del Derecho administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha y ha sido docente de varios cursos para empleados públicos de la Diputación Provincial de Toledo y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Finalmente, en el ámbito de la investigación del Derecho administrativo, ha participado en varios congresos y seminarios y posee media docena de trabajos publicados en distintos soportes.

De la mano de Administrativando Abogados, vuelve al ejercicio de la abogacía tras ser diputado de las Cortes de Castilla-La Mancha en su X Legislatura, participando durante la misma en la ponencia de veinticuatro leyes.

Adela Merino León

Asociada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos. Es profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Loyola y participa como miembros del tribunal de TFM en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid. 

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Socia

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues. 

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores. 

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias. 

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía. 

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo. 

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Socio

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo. 

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi. 

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19. 

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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