I. ¿Qué es el Certificado de Buena Ejecución y cuál es su régimen legal?
El certificado de buena ejecución es un documento mediante el cual una entidad pública o privada acredita que una determinada obra, servicio o suministro ha sido efectivamente ejecutado por una empresa, indicando normalmente su objeto, importe, fecha, destinatario y, cuando proceda, que la prestación se realizó correctamente y conforme a las condiciones pactadas.
Su principal relevancia en materia de contratación pública se encuentra en la acreditación de la solvencia técnica o profesional de los licitadores. En este sentido, los artículos 88, 89 y 90 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en lo sucesivo, LCSP) regulan los medios para acreditar la experiencia previa en contratos de obras, suministros y servicios, respectivamente. En los contratos de obras, el artículo 88 exige expresamente que la relación de trabajos ejecutados esté avalada por certificados de buena ejecución, mientras que para suministros y servicios la LCSP contempla certificados o documentos equivalentes expedidos por el destinatario de las prestaciones.
II. ¿Para qué sirve el Certificado de Buena Ejecución?
El certificado de buena ejecución es un documento especialmente relevante en la contratación pública y privada, cuya finalidad principal es acreditar la experiencia previa y la capacidad técnica o profesional de una empresa o profesional. En este sentido, puede utilizarse para:
- Acreditar la solvencia técnica o profesional en licitaciones públicas. Cuando una empresa pretende participar en un procedimiento de contratación para ejecutar una obra, prestar un servicio o realizar un suministro, la LCSP puede exigirle acreditar experiencia previa suficiente. En los contratos de obras, el período general de referencia comprende los cinco últimos años, aunque en determinados supuestos pueden tomarse en consideración obras ejecutadas hasta diez años antes; en los contratos de servicios y suministros, el período ordinario es de hasta tres años.
- Acreditar la correcta ejecución de prestaciones anteriores. A diferencia de una simple factura o contrato, el certificado permite dejar constancia de que la prestación se ejecutó efectivamente y, cuando proceda, conforme a las condiciones pactadas. En materia de obras, la LCSP exige además que el certificado indique el importe, las fechas y el lugar de ejecución, así como si los trabajos se realizaron correctamente y llegaron normalmente a buen término.
- Demostrar experiencia suficiente para superar los requisitos de solvencia. Estos certificados permiten acreditar el volumen, importe y naturaleza de los trabajos previamente realizados y comprobar si cumplen los requisitos mínimos establecidos en los pliegos para participar en la licitación.
- Acreditar experiencia ante clientes privados y procesos de homologación. Fuera de la contratación pública, también pueden utilizarse como prueba de experiencia y cumplimiento en procedimientos de selección u homologación de proveedores, subcontratistas o colaboradores empresariales.
III. ¿Qué contiene el certificado de buena ejecución?
Para que el certificado de buena ejecución resulte útil como medio de acreditación de la solvencia técnica o profesional y reduzca el riesgo de requerimientos de subsanación, debe identificar con claridad la prestación realizada y las principales circunstancias de su ejecución. Habitualmente incluye:
- Identificación de la entidad que expide el certificado y del contratista, con indicación de su razón social y, cuando proceda, NIF.
- Descripción concreta de la obra, suministro o servicio ejecutado, pudiendo incorporarse también el número de expediente o referencia contractual cuando exista.
- Importe de la prestación ejecutada, normalmente expresado sin IVA cuando se utiliza para acreditar solvencia en una licitación pública.
- Fechas y lugar de ejecución, especialmente relevantes en los contratos de obras, respecto de los cuales el artículo 88.1.a) LCSP exige que los certificados indiquen el importe, las fechas y el lugar de ejecución.
- Declaración sobre la correcta ejecución, haciendo constar, cuando proceda, que los trabajos se realizaron conforme a las reglas aplicables y llegaron normalmente a buen término.
- Fecha, firma e identificación de la persona u órgano competente para expedir el certificado, pudiendo utilizarse firma electrónica cuando corresponda.
En todo caso, el contenido concreto deberá adaptarse al tipo de contrato y a lo que exijan los pliegos de la licitación en la que vaya a utilizarse.
IV. ¿Quién emite el certificado de buena ejecución?
La persona u órgano competente para expedir el certificado de buena ejecución depende de quién haya sido el destinatario de la prestación y de la organización interna de la entidad contratante.
Cuando el destinatario sea una entidad del sector público, los certificados deberán ser expedidos o visados por el órgano competente, de acuerdo con lo previsto en los artículos 88.1.a), 89.1.a) y 90.1.a) de la LCSP. La ley no atribuye esta función necesariamente al órgano de contratación, sino que deberá atenderse a las reglas de competencia, delegación y organización de cada entidad.
En la práctica, pueden intervenir distintos órganos o responsables:
- El órgano de contratación o el órgano administrativo competente, cuando tenga atribuida la función de certificar la correcta ejecución de los contratos o se le haya delegado dicha competencia.
- El responsable del contrato, regulado en el artículo 62 LCSP, que supervisa la ejecución y puede emitir informes o antecedentes técnicos que sirvan de base para la expedición del certificado.
- La dirección facultativa, en los contratos de obras, desempeña un papel especialmente relevante en la comprobación de la correcta ejecución técnica y puede aportar los informes y certificaciones necesarios para acreditar que los trabajos se realizaron conforme al proyecto y a las condiciones contractuales.
Cuando el destinatario de un suministro o servicio sea un sujeto privado, la LCSP permite acreditar la prestación mediante un certificado expedido por ese cliente privado y, a falta de éste, mediante una declaración del propio empresario acompañada de documentación suficiente que acredite la realización efectiva de la prestación
V. ¿Qué hacer si la Administración se niega a emitirlo o guarda silencio?
Cuando la Administración se niega a expedir un certificado de buena ejecución o demora injustificadamente su emisión, el contratista puede adoptar distintas medidas para obtener una respuesta formal y proteger su solvencia en futuras licitaciones:
- Presentar una solicitud formal por registro electrónico, identificando claramente el contrato o expediente, la prestación ejecutada y el certificado solicitado, acompañando la documentación que acredite la correcta ejecución, como el acta de recepción, la liquidación o los informes favorables existentes.
- Exigir una respuesta expresa y motivada. La Administración está obligada, con carácter general, a resolver las solicitudes que den lugar a un procedimiento administrativo. No obstante, el plazo concreto para resolver y los efectos del silencio dependerán de la normativa aplicable y de la configuración del procedimiento, por lo que no puede afirmarse de forma general que exista siempre un plazo de tres meses ni que el silencio tenga necesariamente carácter desestimatorio.
- Impugnar la denegación expresa, cuando constituya un acto recurrible, mediante recurso de alzada o reposición según que el órgano que la dicte ponga o no fin a la vía administrativa, y posteriormente, cuando proceda, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
- Reaccionar frente a la inactividad administrativa, cuando concurran los requisitos legales para ello, pudiendo acudirse a la vía contencioso-administrativa si la Administración incumple una obligación concreta de actuación legalmente exigible.
- Aportar documentación alternativa en una nueva licitación, cuando el certificado todavía no haya sido expedido. El acta de recepción, la liquidación, los contratos, facturas u otros documentos pueden servir para acreditar determinados extremos o justificar la solicitud pendiente, siempre que la LCSP y los pliegos permitan ese medio de prueba.
Además, cuando la documentación necesaria ya obre en poder de la propia Administración, deberá tenerse en cuenta el derecho reconocido en el artículo 28 de la Ley 39/2015 a no aportar nuevamente documentos que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las especialidades propias de la contratación pública.
¿La Administración demora o deniega la expedición de sus certificados de buena ejecución? En Administrativando Abogados analizamos la documentación contractual y las vías de actuación disponibles para solicitar su expedición, recurrir una eventual denegación y evitar que una demora administrativa perjudique injustificadamente la acreditación de la solvencia de su empresa.
VI. ¿Puede utilizarse un mismo certificado de buena ejecución para múltiples licitaciones públicas de forma simultánea?
Sí. Un mismo certificado de buena ejecución puede utilizarse para acreditar la solvencia técnica o profesional en distintas licitaciones públicas, siempre que la prestación certificada resulte adecuada para cumplir los requisitos exigidos en cada procedimiento y se encuentre dentro del período temporal computable conforme a la LCSP y a los pliegos.
El certificado no se consume por haber sido aportado en una licitación anterior ni queda reservado a un único procedimiento. En la contratación electrónica puede incorporarse en tantas licitaciones como resulte necesario, mediante copia digital o a través de los sistemas de acreditación previstos en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
VII. ¿En qué se diferencia el certificado de buena ejecución del acta de recepción?
El acta de recepción y el certificado de buena ejecución cumplen funciones distintas. El acta de recepción es un acto formal bilateral que documenta que la Administración recibe la prestación ejecutada y, cuando proceda, deja constancia de su conformidad, constituyendo además un hito relevante para el inicio del plazo de garantía y para la posterior liquidación del contrato.
Por su parte, el certificado de buena ejecución es una declaración unilateral de conocimiento que tiene una finalidad principalmente probatoria: acredita que una determinada obra, servicio o suministro fue efectivamente realizado y, cuando corresponda, que se ejecutó correctamente. Su utilidad principal es permitir al contratista demostrar su experiencia y solvencia técnica o profesional en futuras licitaciones.


