Error judicial. ¿Qué es y cómo reclamar la indemnización?

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I. ¿Qué es error judicial y cuándo se produce?

El error judicial se produce cuando un órgano jurisdiccional incurre, al resolver un asunto, en una equivocación especialmente grave, patente y manifiesta en la valoración de los hechos o en la interpretación y aplicación del Derecho. No basta, por tanto, con que una resolución sea discutible, desacertada o posteriormente revocada, sino que debe tratarse de un error claro e incontestable que conduzca a una conclusión ilógica, irracional o jurídicamente insostenible.

El artículo 121 de la Constitución Española reconoce el derecho a ser indemnizado por los daños causados por error judicial, así como por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

En Administrativando Abogados analizamos la viabilidad de las reclamaciones derivadas de error judicial o funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y defendemos los intereses de quienes hayan sufrido un perjuicio indemnizable frente al Estado.

II. ¿Qué no debe entenderse como error judicial?

No debe confundirse el error judicial con cualquier desacuerdo, defecto o equivocación producida en el curso de un proceso. En particular, no constituyen por sí solos error judicial:

  1. La mera discrepancia en la interpretación jurídica. Que un tribunal interprete una norma de una determinada manera y la parte perjudicada, o incluso un órgano superior, considere preferible otra interpretación no convierte automáticamente la resolución en errónea a estos efectos. La mera revocación o anulación de una resolución tampoco genera por sí sola derecho a indemnización.
  2. La diferente valoración de la prueba. La apreciación de testimonios, informes periciales o documentos forma parte de la función jurisdiccional. Sólo podrá hablarse de error judicial cuando la valoración resulte manifiestamente irracional, se apoye en hechos inexistentes o contradiga de forma patente lo que consta en las actuaciones.
  3. Los errores que podían corregirse mediante los recursos ordinarios o extraordinarios previstos legalmente.La declaración de error judicial no puede utilizarse como una nueva instancia para revisar una resolución desfavorable. De hecho, el artículo 293.1.f) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en lo sucesivo, LOPJ) exige haber agotado previamente los recursos disponibles antes de promover esta vía.
  4. La falta de motivación o la incongruencia, por sí solas. Estos defectos deben combatirse inicialmente mediante los mecanismos procesales correspondientes y, cuando afecten a derechos fundamentales, a través del recurso de amparo si concurren sus requisitos. Solo en supuestos especialmente graves y manifiestos podrían llegar a integrarse en un verdadero error judicial.

Dado el carácter excepcional y restrictivo de esta figura, en Administrativando Abogados analizamos las actuaciones judiciales y la resolución cuestionada para determinar si existe un auténtico error judicial o si resulta más adecuada otra vía de impugnación o reclamación.

III. ¿Qué requisitos se deben cumplir para la viabilidad de la reclamación por error judicial?

Para que pueda prosperar una reclamación indemnizatoria por error judicial, deben concurrir una serie de requisitos materiales y procesales:

  1. Existencia de una resolución judicial firme causante del perjuicio, de modo que no puede acudirse a esta vía mientras la resolución pueda ser combatida mediante los recursos legalmente previstos.
  2. Agotamiento previo de los recursos procedentes, tanto ordinarios como extraordinarios cuando resulten aplicables, ya que la declaración de error judicial no puede utilizarse como una vía alternativa para revisar resoluciones todavía impugnables.
  3. Existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, que recaiga sobre una persona o grupo determinado y mantenga una relación directa con el error judicial declarado.

IV. ¿Cuál es el procedimiento para reclamar la indemnización por error judicial?

La reclamación por error judicial se articula a través de un procedimiento bifásico regulado en el artículo 293 de la LOPJ. A diferencia de otros supuestos de responsabilidad patrimonial, antes de solicitar una indemnización al Estado es necesario obtener una declaración judicial previa que reconozca expresamente la existencia del error.

1. Primera fase: declaración previa del error judicial

El interesado debe promover una acción de declaración de error judicial ante la Sala del Tribunal Supremo correspondiente al mismo orden jurisdiccional que el órgano al que se atribuye el error. Excepcionalmente, dicha declaración puede resultar directamente de una sentencia dictada en un recurso de revisión.

La acción debe interponerse en el plazo improrrogable de tres meses desde el día en que pudo ejercitarse y exige haber agotado previamente los recursos previstos en el ordenamiento. La sentencia que resuelva esta pretensión será definitiva y no susceptible de ulterior recurso.

2. Segunda fase: reclamación de la indemnización ante el Ministerio de Justicia

Una vez declarado el error judicial, el interesado podrá presentar la correspondiente reclamación indemnizatoria ante el Ministerio de Justicia, que se tramitará conforme a las normas de responsabilidad patrimonial del Estado.

El derecho a reclamar la indemnización prescribe al año desde que pudo ejercitarse, lo que, en los supuestos de error judicial, se produce normalmente a partir de la declaración judicial que reconoce el error. Si la reclamación es desestimada expresa o presuntamente, podrá interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo.

V. ¿Qué daños son indemnizables y cómo se calculan?

La indemnización por error judicial puede comprender tanto el daño emergente, referido a las pérdidas económicas efectivamente sufridas como consecuencia directa del error, como el lucro cesante, correspondiente a las ganancias razonablemente dejadas de obtener. También pueden indemnizarse los daños personales o morales, siempre que sean reales, estén suficientemente acreditados y exista una relación causal directa con el error judicial declarado.

De acuerdo con el artículo 292 de la LOPJ, el daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado respecto de una persona o grupo de personas. Su cuantificación se determina atendiendo a las circunstancias concretas del caso, la entidad del perjuicio y la prueba aportada, tanto en la vía administrativa ante el Ministerio de Justicia como, en su caso, posteriormente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

En Administrativando Abogados analizamos y cuantificamos las distintas partidas indemnizatorias —incluido, cuando proceda, el lucro cesante y el daño moral— con el objetivo de obtener una reparación adecuada de los perjuicios efectivamente sufridos.

VI. Si se declara el error judicial, ¿se anula automáticamente la sentencia equivocada?

La declaración de error judicial no anula ni revoca por sí misma la resolución firme en la que se produjo el error. Su finalidad principal es reconocer oficialmente su existencia y abrir la posibilidad de reclamar una indemnización frente al Estado por los daños causados. De hecho, la LOPJ establece expresamente que la solicitud de declaración de error no impide la ejecución de la resolución judicial cuestionada.

La eventual anulación o modificación de una sentencia firme requiere acudir, cuando proceda, a los mecanismos extraordinarios previstos por el ordenamiento, como el recurso de revisión. Por tanto, la declaración de error judicial y la revisión de una sentencia son vías distintas, aunque en determinados casos puedan estar relacionadas.

VII. ¿Se puede reclamar directamente una indemnización al juez o magistrado autor del error?

El perjudicado no puede reclamar directamente al juez o magistrado por los daños causados en el ejercicio de sus funciones. Conforme al artículo 296 de la LOPJ, la responsabilidad corresponde al Estado, y la reclamación indemnizatoria debe dirigirse al Ministerio de Justicia en los términos legalmente previstos.

Ahora bien, si el daño deriva de dolo o culpa grave del juez o magistrado, la Administración General del Estado, una vez abonada la indemnización al perjudicado, podrá exigirle por vía administrativa el reembolso de las cantidades satisfechas. Todo ello sin perjuicio de la eventual responsabilidad disciplinaria que pudiera corresponder.

VIII. ¿Qué ocurre si la Administración no responde a la solicitud de indemnización por error judicial?

Si el Ministerio de Justicia no resuelve expresamente la solicitud de indemnización por error judicial dentro del plazo legalmente previsto, podrá producirse la desestimación por silencio administrativo, quedando abierta la posibilidad de acudir a la vía contencioso-administrativa.

En estos casos, el interesado podrá impugnar la desestimación presunta ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en la Ley reguladora de dicha jurisdicción. La falta de respuesta de la Administración no elimina, en todo caso, su obligación de dictar resolución expresa.

¿Has sufrido las consecuencias de un error judicial y necesitas reclamar una indemnización? En Administrativando Abogados analizamos la viabilidad de la reclamación, la existencia del error judicial previamente declarado y la acreditación de los daños, diseñando la estrategia jurídica más adecuada para defender tus derechos frente al Estado.

Resumen

El error judicial es una equivocación grave, patente y manifiesta de un órgano jurisdiccional al valorar los hechos o aplicar el Derecho, que provoca un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado. No comprende simples discrepancias interpretativas, valoraciones probatorias razonables ni defectos que debieron combatirse mediante los recursos ordinarios o extraordinarios previstos legalmente.

La reclamación se articula en dos fases: primero, debe obtenerse una declaración expresa de error judicial, normalmente ante el Tribunal Supremo, dentro del plazo de tres meses desde que la acción pudo ejercitarse; después, reconocida la existencia del error, podrá reclamarse la indemnización ante el Ministerio de Justicia dentro del plazo de un año. Esta declaración no anula por sí sola la sentencia cuestionada, sino que abre la vía indemnizatoria frente al Estado. Si la reclamación es desestimada expresa o presuntamente, podrá acudirse a la jurisdicción contencioso-administrativa.

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David Muñoz Zapata

Director

Doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, con la tesis: “Estudio y propuesta de revisión de la prerrogativa en los contratos administrativos”, que fue calificada con sobresaliente cum laude por el tribunal nombrado al efecto.

Asimismo ha realizado el Máster en “Derechos Fundamentales y Libertades Públicas” y el Máster en “Derecho de la Contratación Pública” de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Cuenta con una experiencia profesional de dieciocho años, compaginando puestos tanto en el sector privado, en el ámbito de la abogacía y la asesoría jurídica, como en el sector público, ocupando destinos en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha.

Igualmente, posee amplia experiencia en el ámbito del Derecho deportivo, habiendo sido, durante seis años, Secretario del Comité de Disciplina Deportiva de Castilla-La Mancha y Secretario del Consejo Regional de Deportes de dicha Comunidad Autónoma. De igual modo, fue el autor del Anteproyecto de la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha.

En el ámbito de la docencia, es profesor en diversas titulaciones de Máster y postgrado del ámbito del Derecho administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha y ha sido docente de varios cursos para empleados públicos de la Diputación Provincial de Toledo y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Finalmente, en el ámbito de la investigación del Derecho administrativo, ha participado en varios congresos y seminarios y posee media docena de trabajos publicados en distintos soportes.

De la mano de Administrativando Abogados, vuelve al ejercicio de la abogacía tras ser diputado de las Cortes de Castilla-La Mancha en su X Legislatura, participando durante la misma en la ponencia de veinticuatro leyes.

Adela Merino León

Asociada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos. Es profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Loyola y participa como miembros del tribunal de TFM en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid. 

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Socia

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues. 

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores. 

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias. 

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía. 

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo. 

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Socio

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo. 

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi. 

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19. 

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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