Aplazamiento de deudas con la Seguridad Social: requisitos, garantías y qué pasa si incumples

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I. ¿En qué consiste el aplazamiento de deudas con la Seguridad Social?

El aplazamiento de deudas con la Seguridad Social es un mecanismo administrativo regulado en el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en lo sucesivo, LGSS), mediante el cual la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), previa solicitud del deudor y siempre que concurran los requisitos legalmente establecidos, puede autorizar el pago de determinadas deudas fuera del plazo reglamentario de ingreso. Su concesión permite fraccionar el pago de la deuda y suspende el procedimiento recaudatorio respecto de las cantidades aplazadas mientras se cumplan las condiciones establecidas.

¿Su empresa o negocio atraviesa dificultades de tesorería y mantiene deudas con la TGSS? En Administrativando Abogados analizamos la viabilidad del aplazamiento, preparamos la solicitud y defendemos sus intereses frente a la Tesorería General de la Seguridad Social durante el procedimiento.

II. ¿Quién puede solicitar el aplazamiento de una deuda con la Seguridad Social?

Puede solicitar el aplazamiento de deudas con la Seguridad Social cualquier sujeto que tenga la condición de responsable del pago de la deuda, siempre que concurran los requisitos legalmente establecidos. Entre ellos pueden encontrarse:

  1. Empresas y empleadores, respecto de las deudas por cotizaciones y demás recursos de la Seguridad Social de los que sean responsables. No obstante, quedan fuera del aplazamiento las cuotas correspondientes a la aportación de los trabajadores y las relativas a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que tienen carácter inaplazable.
  2. Trabajadores autónomos, respecto de las cuotas y demás deudas generadas en el régimen correspondiente, incluso cuando hayan cesado en su actividad y mantengan cantidades pendientes de ingreso.
  3. Responsables solidarios o subsidiarios, cuando exista una deuda de la que legalmente respondan y esta les haya sido exigida conforme al procedimiento recaudatorio correspondiente.

La solicitud también puede presentarse mediante representante debidamente acreditado, como un abogado, graduado social, asesor u otra persona autorizada, siempre que la representación conste por alguno de los medios admitidos por la Seguridad Social. En este caso, el representante actúa en nombre del sujeto responsable del pago, que continúa siendo el verdadero solicitante del aplazamiento.

III. ¿Cuándo se puede solicitar el aplazamiento de deudas con la Seguridad Social?

La solicitud de aplazamiento de deudas con la Seguridad Social puede presentarse desde el momento en que comienza el plazo reglamentario de ingreso de la deuda y mientras esta no haya sido satisfecha, incluso cuando ya se encuentre en período ejecutivo.

No obstante, si el procedimiento recaudatorio ha avanzado hasta la vía de apremio, el aplazamiento deberá solicitarse antes de que se autorice la enajenación de los bienes embargados, ya sea mediante subasta u otro procedimiento legal de realización. Por tanto, cuanto más temprana sea la solicitud, mayores serán las posibilidades de ordenar la deuda antes de que la ejecución alcance fases más avanzadas.

IV. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar el aplazamiento de una deuda con la Seguridad Social?

Para solicitar el aplazamiento de deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social, deben cumplirse una serie de requisitos formales y materiales:

  1. Incluir la totalidad de las deudas aplazables que el responsable mantenga con la Seguridad Social en el momento de presentar la solicitud, incluidos, en su caso, los recargos, intereses y costas exigibles. Quedan fuera las cuotas legalmente inaplazables.
  2. Justificar una situación económico-financiera que dificulte efectuar el pago dentro del plazo ordinario. La concesión no es automática, sino que corresponde a la TGSS valorar las circunstancias concurrentes. Con carácter general, pueden denegar solicitudes cuando la deuda aplazable no supere el doble del Salario Mínimo Interprofesional vigente.
  3. Presentar la solicitud y documentación correspondiente, incluyendo, cuando proceda:
    1. El modelo TC 17/10, de solicitud de aplazamiento.
    2. El modelo TC 17/11, de reconocimiento de deuda.
    3. La identificación del responsable del pago, la deuda afectada y los códigos de cuenta de cotización correspondientes.
    4. Una propuesta de plazo y vencimientos. Con carácter general, la duración total del aplazamiento no podrá exceder de 5 años, salvo circunstancias extraordinarias debidamente acreditadas.
  1. Aportar garantías cuando resulten exigibles. Como regla general, el aplazamiento debe quedar suficientemente garantizado, aunque existen excepciones, entre ellas determinados supuestos en función del importe de la deuda o de las circunstancias del solicitante.
  2. Facilitar una cuenta bancaria para la domiciliación de los vencimientos, pudiendo utilizarse el modelo TC 17/12 previsto por la Seguridad Social.

V. ¿Qué garantías se deben aportar para aplazar una deuda con la Seguridad Social?

Para aplazar una deuda con la Seguridad Social, la regla general es que el cumplimiento del aplazamiento debe quedar suficientemente garantizado. No obstante, existen determinados supuestos en los que la constitución de garantías no resulta necesaria.

  1. Deudas de hasta 150.000 euros: no será necesario constituir avales ni otras garantías cuando el importe total de la deuda aplazable sea igual o inferior a 150.000 euros.
  2. Deudas inferiores a 250.000 euros: tampoco será necesario aportar garantía cuando se acuerde ingresar al menos un tercio de la deuda dentro de los diez días siguientes a la notificación de la concesión del aplazamiento y el importe restante se satisfaga dentro de los dos años siguientes.
  3. Cuando resulte exigible garantía: deberá aportarse una garantía suficiente para cubrir el principal de la deuda, los recargos, intereses y costas. La garantía ordinariamente admitida es el aval solidario de una entidad financiera; cuando no sea posible constituirlo por causa justificada, podrán admitirse otras garantías, como:
    1. Hipoteca inmobiliaria o mobiliaria.
    2. Prenda, con o sin desplazamiento de la posesión.
    3. Seguro de caución contratado con una entidad aseguradora autorizada.
    4. Fianza personal u otras garantías que la TGSS considere suficientes.
    5. En deudas sometidas a procedimiento de apremio, también puede admitirse la anotación preventiva de embargo sobre bienes de valor suficiente.

La garantía deberá constituirse, con carácter general, dentro de los 30 días naturales siguientes a la notificación de la resolución de concesión. Si no se constituye dentro de dicho plazo, el aplazamiento se considerará incumplido, salvo que la propia resolución establezca un plazo superior, que no podrá exceder de seis meses.

¿Necesita determinar qué garantía resulta más adecuada para solicitar un aplazamiento ante la TGSS? En Administrativando Abogados analizamos la cuantía y situación de la deuda, los bienes disponibles y las alternativas de garantía para diseñar la estrategia más adecuada y defender sus intereses frente a la Tesorería General de la Seguridad Social.

VI. Supuestos en los cuales se puede denegar el aplazamiento de deudas con la Seguridad Social

La Tesorería General de la Seguridad Social puede denegar la solicitud de aplazamiento cuando concurran circunstancias que hagan improcedente o inviable su concesión. Entre los supuestos más habituales se encuentran:

  1. Incumplimientos reiterados de aplazamientos anteriores, especialmente cuando el deudor haya dejado de atender de forma repetida los vencimientos de planes previamente concedidos.
  2. Avance del procedimiento ejecutivo hasta fases incompatibles con el aplazamiento, como cuando ya se haya autorizado la enajenación de bienes embargados.
  3. Escasa cuantía de la deuda aplazable, ya que, con carácter general, pueden denegarse las solicitudes cuando el importe no supere el doble del Salario Mínimo Interprofesional vigente.

VII. ¿Cuál es el plazo máximo para devolver la deuda aplazada?

Con carácter general, el período total de amortización que puede conceder la TGSS no debe superar los cinco años, es decir, 60 mensualidades. La duración concreta del aplazamiento dependerá de la cuantía de la deuda, de la situación económico-financiera del solicitante y de las garantías aportadas, cuando resulten exigibles.

No obstante, en circunstancias extraordinarias debidamente acreditadas, la TGSS puede autorizar un plazo superior, siempre que exista una justificación suficiente y se cumplan las condiciones previstas en la normativa aplicable.

VIII. ¿Qué sucede en caso de incumplimiento del aplazamiento de las deudas con la Seguridad Social?

Conforme a lo previsto en el artículo 23.6 y 7 de la LGSS y en el artículo 36 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, el incumplimiento de las condiciones o pagos del aplazamiento de deudas con la Seguridad Social produce importantes consecuencias recaudatorias:

  1. El aplazamiento se considera incumplido cuando el deudor deja de atender alguno de los pagos establecidos o deja de mantenerse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social posteriores a la concesión.
  2. Se reanuda el procedimiento de apremio que hubiera quedado suspendido y, respecto de las deudas que todavía no hubieran sido apremiadas, se dictará la correspondiente providencia de apremio.
  3. Se ejecutarán prioritariamente las garantías constituidas para asegurar el cumplimiento del aplazamiento, cuando existan.
  4. Se aplicarán los recargos correspondientes, que podrán ser del 20 % o del 35 % del principal, según se hayan cumplido o no dentro de plazo las obligaciones de liquidación de cuotas, además de los intereses de demora devengados desde los respectivos vencimientos reglamentarios.
  5. La situación del deudor frente a la Seguridad Social puede dejar de considerarse regularizada, con las consecuencias que ello pueda producir para la obtención de certificados de estar al corriente y para aquellos procedimientos en los que dicho requisito resulte legalmente exigible.

¿Ha recibido una comunicación de incumplimiento de su aplazamiento o se enfrenta a actuaciones de apremio? En Administrativando Abogados analizamos la legalidad de la actuación de la TGSS y las posibles vías de recurso para defender sus intereses y evitar, cuando jurídicamente resulte posible, actuaciones ejecutivas sobre su patrimonio.

Resumen

El aplazamiento de deudas con la Seguridad Social permite a empresas, autónomos y demás responsables del pago fraccionar determinadas deudas, con carácter general, hasta un máximo de cinco años. La solicitud debe comprender la totalidad de la deuda aplazable y, cuando proceda, incorporar garantías, cuya exigencia varía según la cuantía y las condiciones del aplazamiento.

El incumplimiento de los pagos acordados o de las obligaciones posteriores con la Seguridad Social deja sin efecto el aplazamiento y reactiva el procedimiento recaudatorio, pudiendo dar lugar al apremio, la ejecución de garantías y la aplicación de recargos e intereses.

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David Muñoz Zapata

Director

Doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, con la tesis: “Estudio y propuesta de revisión de la prerrogativa en los contratos administrativos”, que fue calificada con sobresaliente cum laude por el tribunal nombrado al efecto.

Asimismo ha realizado el Máster en “Derechos Fundamentales y Libertades Públicas” y el Máster en “Derecho de la Contratación Pública” de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Cuenta con una experiencia profesional de dieciocho años, compaginando puestos tanto en el sector privado, en el ámbito de la abogacía y la asesoría jurídica, como en el sector público, ocupando destinos en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha.

Igualmente, posee amplia experiencia en el ámbito del Derecho deportivo, habiendo sido, durante seis años, Secretario del Comité de Disciplina Deportiva de Castilla-La Mancha y Secretario del Consejo Regional de Deportes de dicha Comunidad Autónoma. De igual modo, fue el autor del Anteproyecto de la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha.

En el ámbito de la docencia, es profesor en diversas titulaciones de Máster y postgrado del ámbito del Derecho administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha y ha sido docente de varios cursos para empleados públicos de la Diputación Provincial de Toledo y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Finalmente, en el ámbito de la investigación del Derecho administrativo, ha participado en varios congresos y seminarios y posee media docena de trabajos publicados en distintos soportes.

De la mano de Administrativando Abogados, vuelve al ejercicio de la abogacía tras ser diputado de las Cortes de Castilla-La Mancha en su X Legislatura, participando durante la misma en la ponencia de veinticuatro leyes.

Adela Merino León

Asociada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos. Es profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Loyola y participa como miembros del tribunal de TFM en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid. 

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Socia

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues. 

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores. 

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias. 

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía. 

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo. 

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Socio

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo. 

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi. 

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19. 

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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