Algunos aspectos clave en contratación pública

Consideraciones iniciales

Con respecto a las fases de la contratación pública, podemos distinguir entre la de preparación adjudicación de los contratos públicos, y la de ejecución, sin olvidar lo relativo a la resolución de los contratos pues goza de gran trascendencia en la práctica.

Regulación y garantías de la contratación pública

La regulación de los contratos del sector público se encuentra recogida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en lo sucesivo LCSP.

En la LCSP se recogen una serie de garantías tradicionales en materia de contratación pública, debiendo destacarse las de publicidad, de concurrencia y de vinculación a la mejor oferta relación calidad – precio.

Estas garantías constituyen las tres claves del contrato público, frente al contrato civil, lo que se traduce en que la Administración no puede acudir a un contratista libremente, sino que tiene que seguir, de forma escrupulosa y entre otras, las pautas antedichas.

Efecto de las Directivas en materia de contratación pública

 

Las Directivas europeas en materia de contratación pública, han supuesto un perfeccionamiento de las garantías previstas tradicionalmente en la LCSP, y han tenido un efecto de reforma en la fase de adjudicación de los contratos, introduciendo matizaciones y nuevos procedimientos.

No obstante, su efecto transformador en la regulación española de la contratación pública (derecho público en puridad) es leve, pues recordemos que el derecho europeo es fundamentalmente derecho de la competencia (derecho privado), centrado en la concurrencia y competencia.

¿Se aplica en España derecho privado en materia de contratación pública?

A nivel comparado, en países como Alemania, la regulación privada de los contratos públicos se ha efectuado a través del derecho de la competencia en gran medida, prueba de ello es la creación en dicho país de un tribunal administrativo central de recursos contractuales que se ha incardinado dentro del Tribunal de Defensa de la Competencia.

Por su parte, en España, la completa regulación de los contratos públicos forma parte del derecho administrativo y se controla también por el orden contencioso-administrativo. En determinados supuestos, es posible interponer un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal de Recursos Contractuales competente. Frente a sus resoluciones, cabe la interposición del correspondiente recurso contencioso – administrativo. De esta forma, no se ha producido la expansión del derecho de defensa de la competencia en este ámbito, permaneciendo la materia, principalmente, en la órbita del derecho administrativo y dentro de la jurisdicción contenciosa-administrativa y sus tribunales.

¿Es demasiado riguroso el derecho español en materia de contratos?

El contrato público administrativo se basa en la idea de la legalidad de la actuación administrativa, frente al principio de libre elección del contratista por parte de la Administración que plasman los sistemas civilistas.

El régimen de contratos del sector público ha triunfado a nivel europeo e internacional, pues promociona el mercado. De esta forma, un empresario puede participar en una contratación pública gracias a la existencia de concurrencia en el mercado.

En España las reglas legalmente establecidas para la contratación pública, resultan ser muy estrictas y con muchas garantías pues, como se ha indicado ut supra, nos basamos en el sistema tradicional de contratos administrativos, que se basa fundamentalmente en las garantías de publicidad, de concurrencia y de vinculación a la mejor oferta.

No obstante, en otros países del entorno, se aprecian menores garantías y se aplican los umbrales hacia arriba, lo que nos puede llevar a preguntarnos si ¿es el derecho español en materia de contratos demasiado riguroso?

Lo cierto es que la regulación española de la contratación publica goza de gran calidad normativa debido a las garantías que otorga en cuanto a la publicidad, concurrencia y vinculación a la mejor oferta, pero resulta discutible si estas garantías resultan exacerbadas, y si son demasiados los formalismos en el marco de los contratos públicos administrativos, debate aún sin resolver.

Nos ilustra sobre esta materia en el siguiente vídeo, el Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante, D. Santiago González – Varas:

 

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Adela Merino León

Abogada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Asociada Senior

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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