¿Qué es la Oferta de Empleo público y cómo nos sorprenderá en este 2023?

El Gobierno ha anunciado que la Oferta de Empleo Público (OEP) de este año 2023 estará lista antes de las elecciones generales: alrededor de 30.000 plazas.

La OEP es algo que esperan todos los opositores con la misma ilusión que ansiedad, pues determina las plazas que habrá para cada Cuerpo o Escala de la Administración General del Estado y de sus Entes Públicos, de la Administración de Justicia; las Administraciones autonómicas e incluso de escalas de la Administración Local con habilitación de carácter nacional; así como, del personal estatuario.

Resumiendo: hablamos del acceso al empleo público de unas 30.000 personas.

Y es por ello, que esta OEP 2023 se espera con muchísima expectación pues es de las mayores ofertas de la historia; si usted se hubiera puesto a opositar en 2010 vería como ni siquiera se daba la tasa de reposición (o sea, funcionario que se jubilaba, plaza que quedaba sin cubrir) por aquello de los recortes y la crisis. En la actualidad hay una tasa de reposición del 100% y además se planifican las jubilaciones a futuro y por este motivo, no solo los opositores están atentos a su publicación, también personas que pueden estar pensando en opositar o no.

¿Qué es la OEP?

La Oferta de Empleo Público es un instrumento utilizado por las diferentes Administraciones Públicas para regular y gestionar el acceso a puestos de trabajo en el sector público que consiste en la publicación periódica de plazas vacantes en la Administración Pública. Suele realizarse anualmente y se divide en diferentes categorías y cuerpos de funcionarios, dependiendo del nivel de estudios y las competencias requeridas para cada puesto.

¿Cuál es su finalidad?

La finalidad de la OEP es garantizar la transparencia, igualdad de oportunidades y mérito en los procesos de selección para trabajar en el sector público. Al publicar las plazas vacantes, se da la posibilidad a los interesados de presentar sus solicitudes y participar en las correspondientes pruebas selectivas, que pueden incluir exámenes teóricos y pruebas prácticas, es decir, lo que todo el mundo conoce como “oposición”.

¿Cómo entenderla?

La OEP presenta, en primer lugar, las plazas vacantes de turno libre en la Administración General del Estado, lo que normalmente y recalco, normalmente, se traduce en plazas para trabajar en un Ministerio; en la Seguridad Social; o en un Organismo Autónomo. Así como las plazas para trabajar en Justicia o como personal laboral.

Estas plazas se ordenan de Cuerpo superior a Cuerpo inferior, es decir, de mayor titulación requerida para el acceso, a menor:

-Las plazas A1 requieren de título universitario para poder presentarse: aquí es donde encontramos, por ejemplo, las plazas para la Carrera Diplomática, el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado o el de Abogados del Estado, entre otros.

-Las plazas A2, requieren igualmente de título universitario para poder presentarse: aquí es donde encontramos el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado o Técnicos de Hacienda.

La diferencia entonces estriba en las pruebas: las oposiciones de acceso a los Cuerpos del subgrupo A1 presentan, de manera general, un examen oral de exposición de temas que no se exige en el subgrupo A2.

A continuación encontramos las plazas contempladas para el grupo C1, para el que hay que tener el título de bachillerato o técnico de FP o equivalente, en donde se encuentra el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado o el de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

Finalmente, encontramos las plazas C2, para las que hay que ostentar título de la E.S.O. o equivalente, donde se ubica el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.

En último lugar se encuentran las plazas de personal laboral, que, si bien son empleados públicos, no serían funcionarios de carrera; y aquí hay mucha confusión pero baste decir, por ahora, que son puestos para los que no se requiere que la persona sea funcionario aunque sí empleado de la Administración Pública.

Y este esquema se repetiría a lo largo de toda la OEP para Entes Públicos, Administración de Justicia, Escalas de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional o personal estatutario.

Hasta aquí son las plazas por el turno libre, que se especificará si son del cupo general o de reserva para personas con discapacidad. Y a continuación, con el mismo esquema, quedan reflejadas las plazas de promoción interna.

¿Qué significa “turno libre”? Serán las plazas a las que cualquiera, que tenga la titulación mínima exigida, puede presentarse. En cambio, “promoción interna” está diseñado para personas que ya son funcionarios de carrera y quieren ascender.

Como se desprende del análisis de una OEP, aporta mucha información con respecto a las plazas, sus características y su modo de acceso.

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Adela Merino León

Abogada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Asociada Senior

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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