Administrativando Abogados llevará a los tribunales los casos de los afectados por la exclusión de las compras realizadas entre el 23 y el 31 de diciembre de 2024
Administrativando Abogados, boutique especializada en Derecho Administrativo y Contencioso-Administrativo, ha sido entrevistada por El MUNDO para abordar la situación de alrededor de 2.700 afectados por la derogación del Real Decreto que prorrogaba el Plan MOVES III a finales de 2024, compradores que, pese a haber adquirido sus vehículos durante la vigencia de la normativa y haber presentado posteriormente la documentación dentro del plazo que consideraban aplicable, se han quedado sin la subvención.
El origen del problema se encuentra en el Real Decreto aprobado por el Gobierno el 23 de diciembre de 2024, mediante el que se prorrogaba el Plan MOVES III hasta el 30 de junio de 2025. Sin embargo, el Congreso de los Diputados derogó dicha norma el 23 de enero de 2025. Posteriormente, el Gobierno aprobó un nuevo Real Decreto en abril de 2025 que recuperaba las ayudas con carácter retroactivo para determinadas adquisiciones realizadas desde el 1 de enero de 2025, dejando fuera a quienes habían comprado sus vehículos durante los últimos días de diciembre de 2024.
Desde Administrativando Abogados se considera que esta situación genera una problemática jurídica relevante, especialmente en aquellos supuestos en los que los compradores actuaron confiando en la vigencia de la prórroga aprobada por el Gobierno.
Administrativando Abogados prepara la vía judicial
La letrada de Administrativando Abogados Alicia Ibáñez explica a El MUNDO que los afectados se encuentran ante una situación especialmente controvertida: “Si has comprado el coche en el año 2024, plenamente vigente el Plan MOVES, y pides la ayuda en enero, tú piensas que tenías de margen hasta el 30 de junio de 2025. Pues te dicen que las actuaciones subvencionables no se corresponden”.
El despacho tiene previsto acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, planteando acciones individualizadas para defender los derechos de los afectados y analizar las circunstancias concretas de cada expediente.
La cuestión no se limita, por tanto, a determinar si las comunidades autónomas pueden conceder o denegar una determinada subvención, sino que exige examinar el impacto que tuvo la sucesión de normas aprobadas y posteriormente derogadas sobre quienes tomaron la decisión de comprar su vehículo confiando en una disposición vigente en ese momento.
“Se trata de analizar cada caso de manera individual y determinar las consecuencias jurídicas que se derivan de las decisiones adoptadas por la Administración”, señala Alicia Ibáñez.
Compradores que tomaron decisiones económicas confiando en la ayuda
Los afectados argumentan que adoptaron decisiones económicas de relevancia basándose en la prórroga del Plan MOVES III. En algunos casos, además, procedieron a achatarrar sus vehículos anteriores para acceder a la cuantía máxima de la subvención, que para determinados turismos podía alcanzar los 7.000 euros.
Es el caso de Iván Ponce, que adquirió un Tesla por 36.000 euros el 23 de diciembre de 2024 y posteriormente achatarró su vehículo diésel. Aunque presentó la documentación en enero de 2025, la ayuda le fue denegada al quedar su adquisición fuera del ámbito temporal contemplado por la nueva regulación.
Otros afectados afrontan igualmente importantes consecuencias económicas. Laura Manzanero, por ejemplo, adquirió un vehículo eléctrico el 30 de diciembre de 2024 y presentó la documentación el 20 de enero de 2025. Tras la denegación de la ayuda, explica que la ausencia de la subvención puede obligarla a recurrir a financiación para poder hacer frente al pago del vehículo.
Estos testimonios reflejan, a juicio de Administrativando Abogados, la trascendencia que ha tenido la modificación sobrevenida del marco normativo para ciudadanos que habían planificado sus decisiones económicas conforme a la regulación existente en el momento de realizar la compra.
Un problema derivado de la sucesión normativa
Aunque la gestión del Plan MOVES III corresponde a las comunidades autónomas, desde el despacho se subraya que el origen del conflicto se encuentra en la sucesión de normas estatales: primero, la prórroga aprobada en diciembre de 2024; después, su derogación; y finalmente, la aprobación de una nueva regulación con efectos retroactivos que no incluyó las adquisiciones realizadas durante los últimos días de diciembre.
Administrativando Abogados considera necesario estudiar jurídicamente si las actuaciones de la Administración han podido generar situaciones de perjuicio para quienes actuaron amparados por una regulación que se encontraba formalmente vigente cuando adquirieron sus vehículos.
Baleares, una excepción
Hasta el momento, Islas Baleares ha sido la única comunidad autónoma que ha adoptado una solución específica para este colectivo mediante una convocatoria de ayudas financiada con fondos propios autonómicos, con una dotación de hasta 340.000 euros para los ejercicios 2025 y 2026.
Para el resto de afectados, la vía judicial se presenta como una de las alternativas para reclamar la reparación de los perjuicios que, en cada caso concreto, hayan podido producirse.
Administrativando Abogados, firma de referencia a nivel nacional en Derecho Administrativo y en la defensa de particulares y empresas frente a las Administraciones Públicas, continuará analizando los expedientes de los afectados y preparando las correspondientes acciones judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
