Providencia de apremio: ¿Qué es y por qué motivos se puede recurrir?

I. ¿Qué es la providencia de apremio?

La providencia de apremio es el acto de la Administración que ordena la ejecución contra el patrimonio del obligado al pago. En la misma se identificará la deuda pendiente, se liquidarán los recargos del periodo ejecutivo y se le concede un plazo al obligado tributario para que efectúe el pago, plazo en el cual, si se paga el importe total de la deuda y del recargo de apremio reducido del 10 % finaliza el procedimiento y no se liquidan intereses de demora.

Esta providencia de apremio será título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio y tendrá la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados tributarios.

II. Contenido de la providencia de apremio

La providencia de apremio deberá contener:

  1. Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio del obligado al pago.
  2. Concepto, importe de la deuda y periodo al que corresponde.
  3. Indicación expresa de que la deuda no ha sido satisfecha de haber finalizado el correspondiente plazo de ingreso en periodo voluntario y del comienzo del devengo de los intereses de demora.
  4. Liquidación del recargo del periodo ejecutivo.
  5. Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de apremio reducido, en el plazo al que se refiere el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
  6. Advertencia de que, en caso de no efectuar el ingreso del importe total de la deuda pendiente en dicho plazo, incluido el recargo de apremio reducido del 10 por ciento, se procederá al embargo de sus bienes o a la ejecución de las garantías existentes para el cobro de la deuda con inclusión del recargo de apremio del 20 por ciento y de los intereses de demora que se devenguen hasta la fecha de cancelación de la deuda.
  7. Fecha de emisión de la providencia de apremio.

III. Normativa que regula la providencia de apremio

La providencia de apremio es un acto administrativo que se encuentra regulado en:

  1. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
  2. El Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

IV. ¿Quién dicta la providencia de apremio?

La providencia de apremio será dictada por los órganos de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

V. ¿Qué se hace constar en la notificación de la providencia de apremio?

En la notificación de la providencia de apremio se harán constar al menos los siguientes extremos:

  1. Lugar de ingreso de la deuda y del recargo.
  2. Repercusión de costas del procedimiento.
  3. Posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago.
  4. Indicación expresa de que la suspensión del procedimiento se producirá en los casos y condiciones previstos en la normativa vigente.
  5. Recursos que procedan contra la providencia de apremio, órganos ante los que puedan interponerse y plazo para su interposición.

VI. ¿Cuáles son los plazos para efectuar el pago de la deuda tributaria una vez recibida la notificación de la providencia de apremio?

Una vez iniciado el periodo ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos:

  1. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
  2. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

No obstante, si el vencimiento de cualquier plazo coincide con un sábado o un día inhábil, quedará trasladado al primer día hábil siguiente.

VII. ¿Cuáles son los motivos admisibles para recurrir una providencia de apremio?

Contra la providencia de apremio sólo serán admisibles los motivos de oposición tasados en el artículo 167.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a saber:

  1. Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.
  2. Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.
  3. Falta de notificación de la liquidación.
  4. Anulación de la liquidación.
  5. Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada.

VIII. ¿Qué recursos se pueden interponer contra una providencia de apremio?

Una vez notificada la providencia de apremio, si el obligado tributario no está conforme y desea recurrir, deberá optar, en el plazo máximo de un mes contado desde el día siguiente al de recepción de la notificación de apremio, entre presentar un recurso de reposición o una reclamación económica administrativa.

1.- El recurso de reposición, se ha de interponer mediante escrito, ante el órgano que dictó la providencia, en el cual se expresará las razones por las que no está conforme con el mismo, y la mención de no haber presentado reclamación económico administrativa.

Este escrito deberá contener, además la siguiente información:

  • Nombre o razón social y NIF, y en caso de que la persona actúe a través de representante, también el nombre y NIF de éste. Si desea que las notificaciones que se produzcan con relación al recurso se dirijan a lugar distinto al establecido como domicilio fiscal, se deberá indicar el domicilio al que quiera que se dirijan.
  • El acto que se recurre, su fecha y el número de expediente.
  • El lugar, fecha y firma.

En caso de necesitar conocer el expediente para poder manifestar las razones por las que no está conforme con el acto, se podrá acudir ante la oficina que dictó la providencia de apremio, donde se le pondrá a disposición.

2.- La reclamación económico-administrativa, se presentará mediante escrito dirigido al Órgano que dictó la providencia de apremio, el cual deberá contener, al menos, la misma información reflejada anteriormente para la presentación del recurso de reposición. Esta reclamación económico-administrativa será resuelta por el Tribunal Económico-Administrativo competente, el cual viene a ser un órgano independiente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

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Adela Merino León

Abogada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Asociada Senior

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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