COPE entrevista a Administrativando Abogados para explicar en qué consiste la inhibición por competencia territorial en un procedimiento judicial

Administrativando en COPE inhibición por competencia territorial

La inhibición por competencia territorial constituye una de las cuestiones procesales que pueden plantearse al inicio de un procedimiento judicial cuando existe controversia sobre cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de un asunto. Se trata de un mecanismo previsto por el ordenamiento jurídico que garantiza que cada litigio sea resuelto por el tribunal legalmente competente, reforzando así los principios de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva.

Con motivo del interés que suscita esta figura procesal, COPE ha contado con la participación de Antonio Benítez Ostos, Socio Director y Fundador de Administrativando Abogados, para explicar en qué consiste la inhibición por competencia territorial, cuándo puede plantearse y cuáles son sus efectos dentro de un procedimiento judicial.

¿Qué es la inhibición por competencia territorial?

Durante la entrevista se analizó el concepto de competencia territorial, entendida como el criterio que determina qué juzgado o tribunal debe conocer de un procedimiento en función del lugar donde concurren determinadas circunstancias previstas por la ley.

En este sentido, se explicó que la inhibición por competencia territorial tiene lugar cuando un órgano judicial considera que otro juzgado resulta territorialmente competente para conocer del asunto, procediendo a remitir las actuaciones al órgano que corresponda conforme a las reglas establecidas en la normativa procesal.

Asimismo, se recordó que esta cuestión puede plantearse tanto de oficio por el propio órgano judicial como a instancia de las partes, dependiendo del tipo de procedimiento y de la regulación aplicable en cada jurisdicción.

La importancia de determinar correctamente el órgano competente

Uno de los aspectos abordados durante la intervención fue la relevancia que tiene identificar correctamente el tribunal competente desde el inicio del procedimiento.

Durante la entrevista se destacó que la correcta aplicación de las normas sobre competencia territorial contribuye a garantizar el adecuado desarrollo del proceso, evitando incidencias procesales que puedan retrasar la tramitación del procedimiento o afectar a los derechos de las partes.

Además, se recordó que las reglas de competencia territorial persiguen ofrecer seguridad jurídica y asegurar que los asuntos sean conocidos por el órgano judicial que la ley ha previsto para cada supuesto.

Los efectos de la inhibición en el procedimiento

Otro de los aspectos analizados fue el alcance práctico que puede tener una inhibición por competencia territorial.

En este sentido, se explicó que, una vez apreciada la falta de competencia territorial, el procedimiento puede continuar ante el órgano judicial competente, garantizando así que el litigio sea resuelto por el tribunal legalmente designado.

Igualmente, se puso de manifiesto que la determinación del órgano competente constituye una cuestión esencial para preservar la correcta organización de la Administración de Justicia y el normal desarrollo de los procedimientos judiciales.

Una cuestión procesal de gran relevancia práctica

La competencia territorial representa uno de los pilares sobre los que se articula el funcionamiento de la jurisdicción, siendo una cuestión que, aunque pueda resultar técnica, tiene una importante incidencia práctica en numerosos procedimientos.

Desde Administrativando Abogados se continúa colaborando con los principales medios de comunicación para acercar el Derecho a la ciudadanía, ofreciendo un análisis jurídico especializado y riguroso sobre aquellas cuestiones procesales y administrativas que despiertan un especial interés tanto para profesionales como para particulares.

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David Muñoz Zapata

Director

Doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, con la tesis: “Estudio y propuesta de revisión de la prerrogativa en los contratos administrativos”, que fue calificada con sobresaliente cum laude por el tribunal nombrado al efecto.

Asimismo ha realizado el Máster en “Derechos Fundamentales y Libertades Públicas” y el Máster en “Derecho de la Contratación Pública” de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Cuenta con una experiencia profesional de dieciocho años, compaginando puestos tanto en el sector privado, en el ámbito de la abogacía y la asesoría jurídica, como en el sector público, ocupando destinos en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha.

Igualmente, posee amplia experiencia en el ámbito del Derecho deportivo, habiendo sido, durante seis años, Secretario del Comité de Disciplina Deportiva de Castilla-La Mancha y Secretario del Consejo Regional de Deportes de dicha Comunidad Autónoma. De igual modo, fue el autor del Anteproyecto de la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha.

En el ámbito de la docencia, es profesor en diversas titulaciones de Máster y postgrado del ámbito del Derecho administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha y ha sido docente de varios cursos para empleados públicos de la Diputación Provincial de Toledo y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Finalmente, en el ámbito de la investigación del Derecho administrativo, ha participado en varios congresos y seminarios y posee media docena de trabajos publicados en distintos soportes.

De la mano de Administrativando Abogados, vuelve al ejercicio de la abogacía tras ser diputado de las Cortes de Castilla-La Mancha en su X Legislatura, participando durante la misma en la ponencia de veinticuatro leyes.

Adela Merino León

Asociada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos. Es profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Loyola y participa como miembros del tribunal de TFM en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid. 

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Socia

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues. 

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores. 

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias. 

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo. 

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Socio

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi. 

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19. 

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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