COPE entrevista a Administrativando Abogados para analizar las claves jurídicas de la seguridad ferroviaria tras el accidente de Adamuz

Administrativando entrevistado en COPE sobre seguridad ferroviaria tras accidente Adamuz

COPE ha contado con la participación de Administrativando Abogados para analizar, desde una perspectiva jurídica y especializada, la situación de la seguridad ferroviaria en España tras el accidente ferroviario de Adamuz.

Durante la intervención, el despacho abordó algunas de las cuestiones que rodean a la supervisión de la seguridad ferroviaria y al papel que deben desempeñar los organismos competentes para prevenir nuevos accidentes, poniendo el foco en la necesidad de reforzar los mecanismos de control y supervisión.

La Asociación de Víctimas del Accidente Ferroviario de Adamuz ha reclamado a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea que supervise a los organismos españoles encargados de la seguridad ferroviaria, ante la preocupación existente por la falta de determinados sistemas de detección de vías rotas y por el parón en las auditorías de seguridad.

La seguridad ferroviaria tras el accidente de Adamuz

El accidente ferroviario de Adamuz ha vuelto a situar la seguridad de las infraestructuras ferroviarias en el centro del debate público y jurídico.

En este contexto, la Asociación de Víctimas considera necesario reforzar los mecanismos de supervisión y control existentes para garantizar que las infraestructuras ferroviarias cuentan con las medidas necesarias para detectar posibles incidencias y reducir los riesgos asociados a la circulación de trenes.

Uno de los aspectos señalados por la asociación es la ausencia de sistemas de detección de vías rotas en determinados puntos de la red ferroviaria, una cuestión que plantea interrogantes sobre los mecanismos técnicos disponibles para identificar posibles daños en la infraestructura.

A esta situación se suma, según denuncian las víctimas, el parón en las auditorías de seguridad, que consideran fundamentales para comprobar el adecuado funcionamiento de los sistemas y procedimientos destinados a garantizar la seguridad ferroviaria.

La petición de las víctimas a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea

Ante esta situación, la Asociación de Víctimas del Accidente Ferroviario de Adamuz ha pedido a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea que supervise a los organismos españoles responsables de la seguridad ferroviaria.

La petición plantea la necesidad de reforzar la supervisión independiente y de garantizar que los mecanismos de control se desarrollen de acuerdo con los estándares europeos de seguridad.

La intervención en COPE permitió poner sobre la mesa las implicaciones jurídicas que pueden derivarse de los sistemas de supervisión y de las responsabilidades de las distintas administraciones y organismos que intervienen en la gestión y control de la seguridad ferroviaria.

El papel de los organismos responsables de la seguridad ferroviaria

La seguridad ferroviaria implica la participación de diferentes organismos y administraciones, cada uno de ellos con competencias específicas en materia de regulación, supervisión, mantenimiento e investigación de accidentes.

Desde el punto de vista jurídico, resulta especialmente relevante determinar cuáles son las obligaciones atribuidas a cada organismo y qué mecanismos existen para garantizar el cumplimiento efectivo de las normas de seguridad.

La existencia de sistemas de control, auditorías y procedimientos de supervisión constituye uno de los elementos esenciales para verificar que las condiciones de seguridad se mantienen y que las posibles deficiencias pueden ser identificadas y corregidas.

En este sentido, la petición formulada por las víctimas ante la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea abre también el debate sobre el alcance de la supervisión europea sobre los organismos nacionales responsables de la seguridad ferroviaria.

La importancia de las auditorías de seguridad

Las auditorías de seguridad desempeñan un papel relevante dentro de los mecanismos de prevención y control de los riesgos asociados al transporte ferroviario.

Su finalidad es comprobar el cumplimiento de los procedimientos y requisitos establecidos, así como detectar posibles deficiencias que puedan requerir medidas correctoras.

La preocupación expresada por la Asociación de Víctimas ante el parón de estas auditorías pone de manifiesto la importancia de mantener activos los mecanismos de supervisión y evaluación de la seguridad de las infraestructuras.

Desde una perspectiva jurídica, estos controles también permiten determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa y documentar las actuaciones realizadas por los organismos responsables.

Un análisis desde la perspectiva del Derecho Administrativo

La intervención de Administrativando Abogados en COPE permite abordar el caso de Adamuz desde una perspectiva estrictamente jurídica, más allá de las cuestiones técnicas relacionadas con la infraestructura ferroviaria.

El análisis del funcionamiento de las administraciones públicas, la distribución de competencias, los mecanismos de supervisión y las posibles responsabilidades administrativas constituye una parte esencial para comprender las consecuencias jurídicas que pueden derivarse de un accidente de estas características.

La determinación de responsabilidades exige analizar las competencias concretas de cada organismo, las obligaciones que tenía atribuidas y las actuaciones desarrolladas antes y después del accidente.

Por ello, cualquier valoración jurídica debe partir del conocimiento de los hechos acreditados y de la documentación y procedimientos administrativos correspondientes.

La supervisión europea de la seguridad ferroviaria

La petición de las víctimas a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea pone también el foco en la dimensión europea de la seguridad ferroviaria.

La normativa europea establece un marco común destinado a favorecer unos elevados niveles de seguridad en el transporte ferroviario dentro de los Estados miembros.

En este contexto, la supervisión y coordinación entre las autoridades nacionales y los organismos europeos adquieren especial relevancia para garantizar la aplicación efectiva de los estándares de seguridad.

El caso de Adamuz plantea así cuestiones relacionadas no solo con la actuación de los organismos españoles, sino también con los mecanismos europeos de control y supervisión existentes en materia ferroviaria.

Administrativando Abogados, divulgación jurídica en medios de comunicación

La participación de Administrativando Abogados en COPE sobre el accidente ferroviario de Adamuz refleja nuevamente la labor divulgativa del despacho y su compromiso con acercar el Derecho Administrativo y las cuestiones jurídicas de actualidad a la ciudadanía.

A través de sus intervenciones en medios de comunicación, el despacho analiza asuntos de relevancia jurídica relacionados con las Administraciones Públicas, la actuación de los organismos reguladores, los procedimientos administrativos y las posibles responsabilidades derivadas de la actuación de las instituciones.

El caso de Adamuz constituye un ejemplo de la importancia de abordar desde una perspectiva técnica las cuestiones relacionadas con la seguridad de los servicios públicos y las obligaciones de los organismos encargados de su supervisión.

El seguimiento de las investigaciones y de las actuaciones de las distintas autoridades permitirá determinar las circunstancias del accidente y, en su caso, las responsabilidades que pudieran corresponder conforme al ordenamiento jurídico.

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David Muñoz Zapata

Director

Doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, con la tesis: “Estudio y propuesta de revisión de la prerrogativa en los contratos administrativos”, que fue calificada con sobresaliente cum laude por el tribunal nombrado al efecto.

Asimismo ha realizado el Máster en “Derechos Fundamentales y Libertades Públicas” y el Máster en “Derecho de la Contratación Pública” de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Cuenta con una experiencia profesional de dieciocho años, compaginando puestos tanto en el sector privado, en el ámbito de la abogacía y la asesoría jurídica, como en el sector público, ocupando destinos en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha.

Igualmente, posee amplia experiencia en el ámbito del Derecho deportivo, habiendo sido, durante seis años, Secretario del Comité de Disciplina Deportiva de Castilla-La Mancha y Secretario del Consejo Regional de Deportes de dicha Comunidad Autónoma. De igual modo, fue el autor del Anteproyecto de la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha.

En el ámbito de la docencia, es profesor en diversas titulaciones de Máster y postgrado del ámbito del Derecho administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha y ha sido docente de varios cursos para empleados públicos de la Diputación Provincial de Toledo y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Finalmente, en el ámbito de la investigación del Derecho administrativo, ha participado en varios congresos y seminarios y posee media docena de trabajos publicados en distintos soportes.

De la mano de Administrativando Abogados, vuelve al ejercicio de la abogacía tras ser diputado de las Cortes de Castilla-La Mancha en su X Legislatura, participando durante la misma en la ponencia de veinticuatro leyes.

Adela Merino León

Asociada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos. Es profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Loyola y participa como miembros del tribunal de TFM en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid. 

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Socia

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues. 

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores. 

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias. 

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía. 

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo. 

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Socio

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo. 

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi. 

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19. 

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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