El turismo de masas y el urbanismo durante la segunda mitad del siglo XX: el problema del derribo de Isla Valdecañas

España se posicionó a lo largo de la segunda mitad del siglo XX como destino turístico preferente mundial con un impacto positivo para el país pero con un impacto negativo que, en numerosas ocasiones, se obvia.

El Tribunal Constitucional ha decidido en su Pleno del martes de 20 de junio de 2023, suspender cautelarmente el derribo de la “Isla de Valdecañas” como nos explica en este vídeo la abogada Elena Molino Fernández, asociada de Administrativando Abogados.

En este artículo vamos a repasar los antecedentes de aquellas edificaciones levantadas en pro del turismo pero que entran en conflicto, directamente, con la protección del medio ambiente de nuestro país e incluso, con la economía de las localidades más turísticas de nuestro litoral.

Antecedentes

Hasta lo años sesenta del siglo pasado, en nuestro país, el turismo no era un sector significativo. Y todo ello a pesar de los esfuerzos que a comienzos de siglo había realizado Benigno de la Vega-Inclán, esfuerzos que caerían en saco roto por la Guerra Civil y el periodo de dictadura posterior.

Sin embargo, fue a finales de la década de los cincuenta cuando el Régimen franquista fue consciente de las posibilidades del turismo español que, con sus casi 8.000 kilómetros de costa, podría atraer divisas extranjeras y ayudar a la recuperación económica de España. Ante esta perspectiva comenzó a potenciarse la atracción del turismo internacional a través de la construcción de infraestructuras turísticas, como hoteles, aeropuertos y carreteras, principalmente en las zonas costeras y las Islas Baleares y Canarias.

Además, se llegó a acuerdos con agencias de viajes internacionales y se llevaron a cabo campañas publicitaras en radios y televisiones de países como Francia y Alemania.

Esto propició que a lo largo de los años sesenta se produjera el conocido como “milagro económico español” que no solo permitió impulsar la economía, también supuso la llegada de nuevas ideas, estilos de vida y corrientes intelectuales, hasta el momento impensables en una España basada en la autarquía y el aislacionismo internacional.

El turismo de masas

Comienza así el turismo de masas en España, que experimentó un crecimiento notable durante las décadas de 1960 y 1970, especialmente procedente de países europeos como el Reino Unido, Alemania y Francia. Los precios asequibles y la oferta de «sol y playa» fueron algunos de los principales atractivos para los visitantes extranjeros.

En términos positivos, el turismo de masas contribuyó al desarrollo económico de las zonas costeras, especialmente de Levante y Mediterráneo. La llegada de un gran número de turistas generó empleo en sectores como la hostelería, la construcción y los servicios turísticos. Además, impulsó la inversión en infraestructuras: hoteles, apartamentos, restaurantes y centros comerciales, carreteras… lo que benefició a la economía local e incrementó los ingresos de las comunidades costeras puesto que los visitantes gastaban dinero en alojamiento, comida, entretenimiento y actividades recreativas, lo que a su vez estimulaba la actividad económica en la zona. Esto contribuyó a mejorar la calidad de vida de los residentes locales, generándose oportunidades de empleo y aumentando las arcas municipales.

El descontrol urbanístico

Sin embargo, el turismo de masas tuvo también impactos negativos en el litoral español: uno de los principales problemas fue la sobreexplotación de los recursos naturales y es que la construcción descontrolada de infraestructuras turísticas, especialmente hoteles en primera línea, como el Sidi Saler en Valencia; torres de apartamentos, como las de Benidorm o Fuengirola; y urbanizaciones, como las de Marbella, causaron una degradación del entorno natural y la pérdida de espacios naturales y biodiversidad costera.

Además, el turismo de masas provocó una presión excesiva sobre las playas y los ecosistemas marinos; las masificaciones en las zonas costeras llevaron a problemas de contaminación, erosión de las playas y agotamiento de los recursos hídricos. Esto tuvo un impacto negativo en la calidad del medio ambiente y afectó la biodiversidad de la región desde la zona litoral hacia el interior.

A todo ello hay que sumarle la estacionalidad del turismo de masas; la mayoría visitaba nuestro litoral entre junio y septiembre, lo cual provocaba una concentración de actividad económica, de presión sobre los recursos públicos y de empleo temporal cuyos resultados negativos no tardaron en aparecer.

La solución: La Ley de Costas

Ya en Democracia, los diferentes gobiernos que se sucedieron no eran ajenos a la problemática que estaba surgiendo por lo que se fueron dando los primeros pasos para atajar la situación que culminaron en la publicación de la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en cuya exposición de motivos ya se puede leer:

“Nuestra costa está afectada, como ocurre en otros países del mundo, por un fuerte incremento de la población y la consiguiente intensificación de usos turístico, agrícola, industrial, de transporte, pesquero y otros.

En efecto, en la orla litoral de una anchura de unos cinco kilómetros, que significa el 7 por 100 de nuestro territorio, la población española, que era a principios del presente siglo del orden del 12 por 100 de la población total, es actualmente alrededor del 35 por 100 de ésta, con una densidad cuatro veces superior a la media nacional. Esta proporción llega a su vez a triplicarse estacionalmente en ciertas zonas por la población turística, ya que el 82 por 100 de ésta se concentra en la costa.

(…)Diversos son los factores que han incidido negativamente sobre la conservación de este escenario natural, revalorizado por el cambio en las costumbres humanas y por la civilización del ocio como fenómenos de masas.

(…)Por encima de los intereses contrapuestos que confluyen en muchas ocasiones sobre el dominio público marítimo-terrestre, un doble propósito se alza como la idea cardinal de esta Ley: garantizar su carácter público y conservar sus características naturales conciliando las exigencias de desarrollo con los imperativos de protección, y derogando cuantas normas legales se opongan a dicho propósito.”

Así pues, se estableció como mecanismo fundamental para la protección de nuestro litoral ante un aumento descontrolado de la construcción en “primera línea”, un aumento cada vez más importante de la llegada de turistas a nuestras playas y una total degradación de la biodiversidad y medio ambiente.

Sin embargo, como veremos en próximas ediciones, esto no siempre ha funcionado.

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Adela Merino León

Abogada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Asociada Senior

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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