El Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga a un colegio de Tenerife a cambiar de nombre

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha obligado al Centro Educativo Hispano Británico, situado en La Laguna (Tenerife), a cambiar el nombre. El motivo es que su denominación es muy parecida a la del Colegio Hispano Británico SL, ubicado en la localidad de Tías (Lanzarote).

El Centro Educativo Hispano Británico de Tenerife ya no podrá utilizar este nombre por su similitud con la denominación del Colegio Hispano Británico SL situado en Lanzarote, según se desprende de la sentencia 81/2023 de 17 de febrero del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El centro educativo de Lanzarote había presentado un recurso contencioso – administrativo contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que había permitido la inscripción del colegio de Tenerife. Hace un año, sin esperar al fallo del Tribuna Superior de Justicia de Madrid, optó por cambiar su denominación y pasó a llamarse Centro Educativo Hispano Británico S 21, pero el proceso judicial continuó su curso.

Denuncia previa

El colegio de Lanzarote denunció a principios de 2022 la inscripción del nombre del centro educativo tinerfeño en la Oficina Española de Patentes y Marcas por las similitudes que presentaban ambos nombres. El recurso fue inicialmente desestimado, pero ahora ha sido aceptado por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El centro tinerfeño argumentaba que debía reconocerse su marca original y debían rechazarse las resoluciones en contra, alegando que no había ninguna justificación para prohibir el registro, considerando que las diferencias entre ambos nombres eran suficientes como para eliminar el riesgo de confusión entre ambos. Además, apoyaban su argumentación en el hecho de que los términos “Hispano” y “Británico” muestran las características de la educación que imparten.

Frente a estos argumentos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid apunta que “una simple visión, lectura o audición del conjunto puede inducir a algún error al consumidor”, y más aún, como ocurre en este caso, si ambas denominaciones pertenecen al ámbito educativo.

Sentencia del TSJ de Madrid

Ahora, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid condena al ya denominado Centro Educativo Hispano Británico S 21 y a la Oficina de Patentes y Marcas, a pagar, a partes iguales, los 3.000 euros correspondientes a los honorarios del letrado.

Por su parte, el centro tinerfeño, que cuenta con más de 40 años de antigüedad, quita importancia al cambio, señalando que el pleito es “absurdo” teniendo en cuenta que ambos centros están situados en diferentes islas, Tenerife y Lanzarote, lo que, en su opinión, evita el riesgo de confusión en el mercado. A pesar de ello, consintió en cambiar su denominación añadiendo un “S 21” a su nombre, sin esperar al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La decisión de cambiar de nombre fue comunicada en su momento a la Consejería de Educación. El centro de Tenerife ha manifestado que la decisión judicial “no ha tenido repercusión en el día a día del centro”.

Oficina Española de Patentes y Marcas

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) es un organismo autónomo de la Administración General del Estado que tiene como misión conceder los diversos títulos de propiedad industrial, tras el examen de las solicitudes correspondientes. Su objetivo, entre otros, es otorgar protección jurídica a las distintas modalidades de propiedad industrial mediante la concesión de marcas y nombres comerciales, y difundir la información relativa a las diferentes formas de protección de la propiedad industrial.

En España surten efectos las Marcas Nacionales, las Marcas de la UE (con efectos en todos los Estados miembros de la Unión Europea) y las Marcas Internacionales que hayan designado España. En este sentido, la Oficina Española de Patentes y Marcas ofrece, a través de su página web, una consulta de signos distintivos registrados o solicitados. La búsqueda de marcas nacionales e internacionales puede realizarse por denominación o por elementos figurativos.

Además, también ofrece un servicio a los ciudadanos y profesionales de la propiedad industrial que les permite buscar y acceder, de forma sencilla, a sentencias recientes que cumplan los requisitos establecidos por el usuario. De esta manera, la OEPM pone a disposición del público una base de datos de sentencias judiciales en materia de propiedad industrial, aunque advierte de su carácter meramente informativo.

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Adela Merino León

Asociada

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Directora

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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