El BOE deroga la Constitución Española y ocho leyes fundamentales por error

El pasado miércoles 19 de abril, el Boletín Oficial del Estado (BOE) derogó por error la Constitución española y otras ocho leyes fundamentales al leerse en su encabezamiento la apostilla de “disposición derogada”, que se suele incluir en las normas que han perdido vigencia.

En la mañana del miércoles 19 de abril, la Constitución apareció como derogada en la web del BOE durante 20 minutos por un error. Y no solo la Carta Magna, sino también otras leyes fundamentales: la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Código Penal, el Código Civil, el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social, la Ley reguladora de la jurisdicción social, el texto refundido de la Ley Concursal y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

Una llamada al servicio de atención al ciudadano del BOE alertó del error y, tras verificarlo, se subsanó a los 20 minutos de haberse detectado, aunque no se sabe exactamente desde cuándo la Carta Magna aparecía con la apostilla de “disposición derogada”.

El error, detectado por Iberley, la base de datos jurídica de consulta laboral, fiscal y contable, ha causado un gran revuelo en el sector jurídico. Según los expertos, no es la primera vez que ocurre que en la web del BOE se aplique la apostilla de “disposición derogada” en normas que se encuentran en vigor.

Un error de gravedad

En la última ocasión, Iberley avisó por correo electrónico a los responsables de la publicación del BOE que, tras agradecer la apreciación, procedieron a subsanar el error. En esta ocasión, se ha hecho captura del encabezamiento de la Constitución española con la apostilla de “disposición derogada”, que fue enviada al servicio de atención al ciudadano. Dos horas después, tras haberse subsanado la equivocación, los responsables del BOE enviaban un mensaje anunciando: “Ya hemos detectado y solucionado el error. Gracias por las indicaciones”.

Los expertos consideran que el error de derogar la Constitución y ocho leyes troncales del sistema democrático español “es muy grave”, especialmente teniendo en cuenta la trascendencia del BOE como referente principal. Además, los juristas subrayan el hecho de que no fueron los responsables del BOE quienes se dieron cuenta del error, sino una entidad privada, aunque finalmente la equivocación fuera subsanada.

El portal jurídico especializado Confilegal ha recogido el error del BOE, publicando los pantallazos que demuestran que la equivocación ocurrió en la mañana del miércoles. Puestos en contacto con el BOE para aclarar qué fue lo que provocó que se produjera esta situación, resultó imposible hablar con algún responsable que pudiera explicar qué es lo que había ocurrido.

Errores y subsanaciones

El Boletín Oficial del Estado (BOE) es el diario oficial nacional que recoge la publicación de leyes, disposiciones y actos de inserción obligatoria. De su edición, impresión, publicación y difusión se ocupa, en régimen de descentralización funcional, la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

El BOE contiene las leyes aprobadas por las Cortes Generales, las disposiciones emanadas del Gobierno de España y las disposiciones generales de las Comunidades Autónomas, de ahí su importancia.

No es la primera vez que se detectan errores y corrigen desajustes en el BOE. En 2021 se publicó una rectificación como consecuencia de un error en la publicación de un nombramiento que había realizado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El texto de rectificación que se publicó en el BOE rezaba así: «En la página 25540, en el anexo, puesto número de orden 46, Demarcación de Costas. Andalucía Atlántico, Cádiz, Técnico de Proyectos y Obras, código 4406382, con residencia en Cádiz, en “Datos del adjudicatario”, en la columna “Nombre”, donde dice: “Digo”’, debe decir: “Diego”.

Anulación de oposiciones

Se da la circunstancia, además, de que la Sala III del Tribunal Supremo anuló en noviembre de 2022 unas oposiciones de la Policía Nacional, tras la corrección de errores en el BOE. En el auto, la Sala dejaba sin efecto la anulación señalando que “la resolución de la Dirección General de la Policía de 15 de noviembre de 2022 (BOE de 18 de noviembre de 2022) debe ser interpretada y aplicada de conformidad con las correcciones introducidas en el BOE de 30 de noviembre de 2022”.

Anécdotas relacionadas con el BOE que, aunque afectan a un gran número de personas, no tienen la trascendencia jurídica de la situación dada la mañana del miércoles 19 de abril, cuando la Constitución española como nombra suprema de nuestro ordenamiento jurídico apareció como “derogada” durante casi media hora, para sorpresa de las personas que se toparon con la apostilla de “disposición derogada” junto al encabezamiento de la Carta Magna y las otras leyes fundamentales.

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Adela Merino León

Asociada

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Directora

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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