Los micrófonos de Onda Cero Andalucía han contado recientemente con el análisis de Antonio Benítez Ostos, socio director y fundador de Administrativando Abogados, despacho que lidera la defensa de la Asociación Víctimas de Adamuz, para desgranar la compleja situación jurídica que rodea la gestión del siniestro ferroviario en la provincia de Córdoba. En su calidad de representante de la Asociación de víctimas, ha expuesto las acciones emprendidas ante lo que califica como un funcionamiento anómalo de los servicios públicos de emergencias.
Una gestión de «papel y lápiz»
La revelación más impactante de la entrevista gira en torno a la precariedad técnica: según denunció Benítez Ostos, el personal del Centro Coordinador del 061 de Córdoba se vió obligado a gestionar la catástrofe de forma analógica: con papel y lápiz. Un bloqueo en el sistema informático impidió que las llamadas y la coordinación de ambulancias se realizaran a través de los cauces digitales previstos. Esta situación ha sido calificada por el letrado como un «auténtico caos», lo que pone en entredicho la capacidad de respuesta de la Administración ante situaciones de estrés máximo.La batalla legal: ¿Qué es la Responsabilidad Patrimonial?
Uno de los puntos clave de la intervención de Benítez Ostos fue la mención a la responsabilidad patrimonial de la Administración. Pero, ¿qué significa esto para las víctimas? Lo explica a continuación:- Funcionamiento anormal: Si se demuestra que el servicio público (en este caso, Emergencias) no operó según los estándares exigibles, existe una falta.
- Agravamiento del daño: La clave legal reside en determinar si ese «caos» y el uso de papel y lápiz retrasaron la atención médica, empeorando las lesiones o las consecuencias para los afectados.
- Indemnización: De confirmarse este nexo, la Junta de Andalucía y los organismos implicados deberían indemnizar a las víctimas por este deficiente servicio.
