Imaginemos por un momento que el órgano que ha dictado el acto administrativo en cuestión no es competente para ello, sino que dicha facultad correspondía al órgano del que depende jerárquicamente. En tal caso, nos hallaríamos ante un mero de vicio de anulabilidad, por incompetencia jerárquica, que pudiese ser fácilmente subsanado con la mera convalidación.