Feb 12

La reversión en la expropiación forzosa: cuestiones a tener en cuenta

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Seguidamente, artículo de nuestro colaborador D. José Enrique Candela Talavero, Funcionario Habilitado Nacional y Doctorando en Derecho Administrativo.

Previsto en la Constitución que la propiedad privada no es un derecho absoluto sino que “nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos salvo por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes” (art. 33.3 CE), la potestad administrativa de la expropiación forzosa habilita al poder público, garante de la salvaguarda de los interés generales, a acordar la privación de toda clase de bienes y derechos individuales e incluso de intereses legítimos de contenido patrimonial (STC 227/1998 de 29 de noviembre). Y por otra parte, si es competencia exclusiva del Estado en virtud del artículo 149.1.1 y 18 CE, la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y sobre legislación sobre expropiación forzosa, dos normas básicas estatales hemos de considerar ante el fenómeno de la reversión, como son la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa (LEF) y su Reglamento aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957 (REF).

Siendo que el derecho de propiedad tiene un contenido estatutario, su titular tendrá únicamente aquellas facultades que en cada caso la norma jurídica le conceda (STS de 2 de noviembre de 1989), la expropiación forzosa tiene un “carácter instrumental y no finalista- al ser consecuencia de la variabilidad y contingencia de lo que en cada momento reclama la utilidad pública o el interés social de acuerdo con la dimensión social de la propiedad privada y con los propios principios establecidos e intereses tutelados por la Constitución” (STC 37/1987).

La Ley de Expropiación Forzosa (LEF), reconoce en su artículo 9 que “para proceder a la expropiación forzosa será indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés social del fin a que hay de afectarse el objeto expropiado”.

Pues bien la reversión es un medio de protección frente al expropiado por cuanto “en caso de no ejecutarse la obra o no establecerse el servicio que motivó la expropiación, así como si hubiera alguna parte sobrante de los bienes expropiados, o desapareciese la afectación, el primitivo dueño o sus causahabientes, podrán recobrar la totalidad o la parte sobrante de lo expropiado, mediante el abono a quién fuera su titular de la indemnización” (artículo 54.1 LEF).

Indemnización expropiatoria que será actualizada en el período comprendido entre la fecha de iniciación del expediente de justiprecio y la de ejercicio del derecho de reversión, determinada por la Administración en el mismo acuerdo que reconozca el derecho de reversión (artículo 55 LEF), de manera que, siendo un derecho nuevo este de la reversión, que no nace con el acuerdo de expropiación, y salvo los supuestos del artículo 54.2 LEF, el justiprecio de estos bienes se tiene que referir al estado y naturaleza de los mismos en el momento de formalizarse la reversión (SSTS de 25 de febrero de 1992 y 20 de julio de 2002).

Previsión que podemos unir con otras dos normas de relevancia, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (artículo 24) y el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU) que en su artículo 47.1 prevé supuestos , con excepciones, de reversión, si se alterara el uso que motivó la expropiación de suelo en virtud de modificación o revisión del instrumento de ordenación territorial y urbanística.

Recordar así, por ser gráfica, que la STS 8 de noviembre de 2006, reconoció el derecho a la reversión, que no siendo viable en la práctica, se tradujo en el abono de las correspondientes indemnizaciones (también admitida en la STS de 12 de febrero de 1996), resolviendo en su FD3º, que “en consideración a esta naturaleza híbrida de la actuación expropiatoria por la que, por un lado, cabe considerar, a efectos de determinar el cumplimiento de la causa expropiandi, la labor urbanizadora en el conjunto realizada en los terrenos para precisar si la misma se ha realizado o no, pero sin olvidar, como decíamos, que junto con ello, que haría encajar el supuesto en el apartado 3 del artículo 225 (Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992), ha existido a su vez una concreción del destino final de esa urbanización, inicialmente previsto para uso empresarial, fundamentalmente de oficinas y dotacional, y que se ha visto después modificado para afectarlo, junto con los anteriores, a un uso también residencial, alterando con ello el inicialmente previsto, alteración que también afecta a los usos dotacionales, lo que determina el nacimiento del derecho de reversión a favor del expropiado”.

De manera genérica, contemplan los artículos 54 Ley de Expropiación Forzosa y el artículo 63 del Reglamento de Expropiación Forzosa, supuestos de reversión tales como no ejecutarse la obra o no establecerse el servicio que motivó la expropiación, así como si hubiera alguna parte sobrante de los bienes expropiados, o desapareciese la afectación.

Casos en los que el primitivo dueño o sus causahabientes, admitiéndose cuando exista una cotitularidad del derecho de reversión, legitimación de cualquiera de los cotitulares actuando en beneficio de los demás y siempre que no conste oposición de alguno de los condóminos (STS de 19 de mayo de 1998) pero sin que el titular actual de la finca de mayor superficie de la que formaba parte la finca expropiada (STS de 26 de mayo de 1998), pueda recobrar la totalidad o la parte sobrante de lo expropiado, mediante el abono a quien fuera su titular de la indemnización que se determina en el artículo 55 LEF.

Así que no ejecutar la obra o establecer el servicio, provoca una renuncia expresa por la Administración a notificar al expropiado. No obstante, la STS de 15 de marzo de 1997 advirtió que en caso contrario, transcurridos más de cinco años desde la expropiación, aquel expropiado o sus causahabientes lo pueden advertir, y tras dos años más, caso que la obra no se ejecutara, podrá ejercitarse el derecho de reversión. No ejecutar la obra o cuando no exista identidad entre la obra y el fin pretendido, pero sin que se deba admitir en este caso supuestos de actuaciones retardadas (STS de 15 de marzo de 1997).

Para el supuesto de la desaparición de la afectación, la inejecución de la obra a la disposición del bien para otra finalidad pública, es una desafectación que se admite sea su declaración de manera expresa y tácita (STS de 7 de diciembre de 1994). Desafectación provocada por el abandono del bien (STS de 22 de junio de 1991) o de manera tácita cuando los terrenos expropiados para una finalidad constructiva concreta, se destinan para construir otros edificios o aparcamientos no previstos inicialmente (STS de 21 de septiembre de 2002).

Y el caso de terminar la obra y resulta que quedara alguna parte sobrante, no admitiéndose para el subsuelo la STS 15 de abril de 1994 y 1 de diciembre de 1987 -se refería al aprovechamiento del subsuelo de una plaza para aparcamiento- podrá notificarlo expresamente la Administración a los expropiados o instarlo éstos tras cinco años. Siendo clave, que para poder tomar posesión del bien o derecho revertido y no dejar caducar el derecho de reversión, es requisito el previo pago o consignación del importe resultante en un período máximo de tres meses desde su determinación en vía administrativa y sin perjuicio de la interposición de recurso contencioso-administrativo (artículo 55.3 LEF).

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