¿Qué se necesita para ser concesionario de un estanco de tabaco?

I. ¿Qué es un estanco de tabaco?

En términos generales, de un lado, un “estanco” ha sido definido por el Diccionario de la Lengua Española, como: El embargo o prohibición del curso y venta libre de algunas cosas, o asiento que se hace para reservar exclusivamente las ventas de mercancías o géneros, fijando los precios a que se hayan de vender.

De otro lado, el estanco de tabaco, es definido por el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico de la Real Academia Española, como: El monopolio público de importación, producción, distribución y venta de tabaco.

Ahora bien, vistas ambas definiciones y partiendo de la base del control de un producto estancado como es el tabaco, ¿qué se necesita para ser concesionario de un estanco de tabaco?

II. ¿Qué se necesita para ser concesionario de un estanco de tabaco?

El Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio, por el que se desarrolla la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del mercado de tabacos y normativa tributaria, y se regula el estatuto concesional de la red de expendedurías de tabaco y timbre, y la Resolución, de 26 de julio de 2022, de la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública, por la que se aprueban los pliegos de la subasta pública para la provisión de expendedurías de tabaco y timbre del Estado, de manera expresa señalan lo que se necesita para ser concesionario de un estanco de tabaco, indicando a tales fines que, será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:

  1. Ser persona física mayor de dieciocho años.
  2. Ser nacional español o de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea.
  3. Estar al menos en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado en Educación Secundaria, Graduado Escolar, Bachiller Elemental o equivalente.
  4. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
  5. No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, incluyendo el de recaudación ejecutiva, no hallarse declarado en concurso salvo que en este haya adquirido eficacia un convenio o se haya iniciado un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, no estar sujeto a intervención judicial o haber sido inhabilitado sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso conforme a la normativa concursal.
  6. No haber sido condenado o sancionado mediante sentencia firme o resolución administrativa de igual carácter por delito o infracción administrativa de contrabando, por delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, por delitos contra la salud pública o por delitos de robo o receptación de productos de tabaco.
  7. No haber dado lugar, por causa en que se le declare culpable, a la revocación de una concesión de expendeduría de tabaco y timbre del Estado o una autorización de punto de venta con recargo.
  8. No haber sido sancionado de manera firme en vía administrativa por infracción muy grave en los últimos cinco años, o dos graves en los últimos tres años, de la Ley 13/1998, de 4 de mayo de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria.
  9. No ser titular de otra expendeduría de tabaco y timbre del Estado ni de una autorización de punto de venta con recargo.
  10. No tener vinculación profesional o laboral con otro operador del mercado de tabacos, salvo que, en caso de resultar adjudicatario, cese en las mencionadas vinculaciones. Caso en el cual, la adjudicación no será definitiva hasta que el cese sea efectivo.
  11. No incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 71, apartados 1, letras a) a f), y 2, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
  12. No haber desempeñado puestos en el Comisionado para el Mercado de Tabacos ni haber formado parte de sus órganos de dirección o asesoramiento en los últimos dos años. Ahora si bien, en caso de que exista conflicto de intereses, esta prohibición se extenderá a sus cónyuges o personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes, descendientes y parientes en segundo grado, por consanguinidad o afinidad.
  13. No haber transmitido una expendeduría en los últimos tres años por actos inter vivos.

III. ¿Cuál es el procedimiento para ser concesionario de un estanco de tabaco?

Dentro de los aspectos legalmente establecidos en cuanto a lo que se necesita para ser concesionario de un estanco de tabaco, lo primero que se necesita es una concesión administrativa, que será otorgada mediante un procedimiento de subasta pública que se efectuará previa convocatoria y se aprobará mediante resolución de la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas, publicada en el Boletín Oficial del Estado (en lo sucesivo BOE), y se adjudicará de conformidad con la evaluación que se efectúe a las ofertas presentadas, atendiendo al mejor precio ofertado partiendo del mínimo establecido para cada polígono en el pliego de condiciones de la convocatoria. A la mencionada subasta podrán concurrir quienes con plena capacidad de obrar acrediten unos criterios de selección mínimos determinados reglamentariamente tales como la solvencia técnica y económica, las características del local, del entorno y de distancias entre expendedurías que se especifiquen, entre otros.

La decisión de la subasta se aprobará mediante resolución de la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas, y se publicará en el BOE.

IV. ¿Quién otorga las concesiones para un estanco de tabaco?

Como se ha observado, la concesión administrativa es un requisito que se necesita para ser concesionario de un estanco de tabaco, estas concesiones de expendedurías de tabaco se otorgarán por la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta del Comisionado para el Mercado de Tabacos, y previo informe de su Comité Consultivo, que deberá emitirse en el plazo de quince días, entendiéndose informado favorablemente si no lo emitiese en dicho plazo.

V. ¿Cuál es la duración de la concesión de un estanco de tabaco?

No sólo basta con saber que se necesita para ser concesionario de un estanco de tabaco, también durante cuánto tiempo puede mantenerse esta concesión, la cual tendrá una duración de veinticinco años. Transcurrido este plazo de vigencia, se convocará subasta para la provisión de nuevas expendedurías. No obstante, hasta la nueva adjudicación, el anterior concesionario podrá seguir prestando el servicio, previa autorización del Comisionado para el Mercado de Tabacos.

VI. ¿Cómo puede ser revocada la concesión de un estanco de tabaco?

La concesión de un estanco de tabaco puede ser revocada por la concurrencia de alguna de las circunstancias inhabilitantes para ser titular de la concesión acaecida en el período de vigencia, o la comprobación de la falsedad de los documentos, datos o informaciones en virtud de los cuales se hubiera obtenido la concesión. Esta revocación se deberá realizar previa instrucción del correspondiente expediente por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, en el que se deberá dar audiencia al interesado, sin derecho a indemnización o compensación. No obstante, en los supuestos de no estar al corriente en las obligaciones tributarias o de la Seguridad Social, la Administración podrá optar de forma fehaciente por el embargo de la concesión.

VII. ¿Cuáles son las causas por las cuales se extingue la relación concesional?

Una vez determinado que se necesita para ser concesionario de un estanco de tabaco, es necesario conocer cuáles son las causas por las cuales se extingue la relación concesional. En ese sentido, se observa que, la concesión administrativa de una expendeduría de tabaco, se extinguirá por las siguientes causas:

  1. El fallecimiento del expendedor, sin perjuicio de los derechos sucesorios reconocidos por la legislación vigente.
  2. La gran invalidez, que inhabilite al titular de la expendeduría para el desempeño de las funciones y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Real Decreto, así como la incapacidad absoluta o relativa, acaecidas con posterioridad al inicio de la actividad, que imposibiliten al titular para gestionar el punto de venta, salvo que se constituya el órgano tutelar correspondiente y sin perjuicio de la posibilidad de transmisión de la expendeduría con arreglo a la normativa vigente.
  3. La renuncia expresa del titular de la expendeduría, formulada por escrito ante el Comisionado con una antelación mínima de noventa días a la fecha en que hubiera de surtir efecto. Si, al formular su renuncia el titular, se encontrara en tramitación un expediente sancionador incoado contra el mismo, el Comisionado podrá suspender la tramitación de aquélla y sus efectos hasta la definitiva resolución del expediente.
  4. La concurrencia de las circunstancias inhabilitantes.
  5. La revocación de la concesión, previa instrucción del expediente correspondiente.
  6. El vencimiento del plazo concesional.

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Adela Merino León

Asociada

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Directora

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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