Abogado en Recurso de Casación contencioso administrativo

I. Mejor abogado en recurso de casación contencioso administrativo

En Administrativando Abogados, contamos con quienes pretenden situarse entre los mejores abogados especialistas en recursos de casación contencioso administrativo, con una larga trayectoria en la disciplina y con un profundo conocimiento de la técnica de dicha impugnación, que podrán asesorarle con la mayor profesionalidad y dedicación.

Ello, en una materia de máxima complejidad jurídica, que exige un dominio especial y una intensa dedicación en los correspondientes escritos de preparación e interposición que, en cualquier caso, deberán de respetar las normas de estilo impuestas por el Tribunal Supremo.

II. ¿Por qué es necesario valerse de los mejores abogados especialistas en recursos de casación contencioso administrativo?

El recurso de casación contencioso administrativo, se configura como una impugnación extraordinaria con un ámbito restringido de las potestades jurisdiccionales de revisión. Su interposición solo se admite por una serie de motivos limitados y su finalidad principal, resulta ser la anulación de la sentencia judicial que aplica – interpreta erróneamente la normativa o que no ha seguido el procedimiento establecido.

Es por ello, que la técnica del recurso de casación, requiere de un equipo de abogados expertos como el que tenemos en Administrativando Abogados, que con su amplia carrera en algunos de los despachos más relevantes, les permite ofrecer un asesoramiento exquisito a los clientes sobre esta impugnación tan extraordinaria y con unas exigencias formales y de contenido tan sumamente regladas.

Este tipo de recursos encuentran su regulación, en función de las distintas ramas del Derecho, en las siguientes normas: (i) en el caso de lo contencioso-administrativo, 86 a 101 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y otorga su competencia a la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo; (ii) en el ámbito penal, se regula en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la competencia para conocer se otorga a la Sala Segunda de lo Penal; (iii) en el ámbito civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y se otorga la competencia a la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, (iv) y por último, en lo social, se regula en la Ley reguladora de la jurisdicción social y se concede a la Sala Cuarta del Alto Tribunal.

El acceso al Tribunal Supremo es uno de los más limitados, ya que sólo se admitirá su admisión, en la jurisdicción contencioso administrativa, cuando se demuestre la concurrencia del llamado “interés casacional objetivo”. Se presume su existencia, principalmente: (i) cuando en la resolución impugnada, se hayan aplicado normas sobre las que no exista jurisprudencia; (ii) cuando contraríe esta última; (iii) se declare nula una disposición de carácter general; (iv) cuando resuelva recursos o actos de organismos reguladores y (v) cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los Gobiernos o Consejos de Gobiernos de las Comunidades Autónomas.