Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: breves pinceladas de su contenido

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Consideraciones iniciales

 

En la presente entrada del blog, se estudia en profundidad la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en adelante, LJCA, pieza capital de nuestro Estado de Derecho como advierte la exposición de motivos de la propia norma.

Se revisa su contenido, reformas que condujeron al texto vigente, normas de atribución de competencia objetiva y territorial, soluciones que ofrece la ley en supuestos de falta de jurisdicción y competencia, así como una sucinta distinción entre el procedimiento contencioso ordinario y abreviado, con indicación de sus distintas fases.

 

Contenido

 

La LJCA regula la Jurisdicción contencioso-administrativa o justicia administrativa, la cual tiene por objeto controlar la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa sometida a Derecho Administrativo, junto al sometimiento de ésta a los fines que la justifican, como ordena nuestra Carta Magna en los artículos 103 y 153.

En suma, la jurisdicción contencioso-administrativa conoce de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujetas al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación, como se deriva del artículo 1 LJCA. En consecuencia, de las actuaciones no sujetas a Derecho Administrativo no conoce la jurisdicción contenciosa, la cual tampoco se configura como una jurisdicción revisora.

 

Reformas del texto vigente

 

La Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa vigente, ha sufrido varias modificaciones. Por todas y entre otras, conviene destacar, la operada por la Disposición final 3ª de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio. La misma, afecta por un lado a la configuración del recurso de casación y, por otro, a la ejecución de las sentencias que ordenan el derribo de edificaciones ilegales.

Así mismo, goza de importancia la incorporación de un nuevo precepto en la Ley, el artículo 108.3, que incide sobre problema de la ejecución de Sentencias que ordenan el derribo de edificaciones ilegales, planteando dicha disposición problemas interpretativos en la práctica.

Tras la importante reforma efectuada por la Ley 37/2011 de Agilización Procesal en el ámbito procesal contencioso-administrativo, se acometieron ciertas modificaciones en la LJCA, entre otras, se realizaron modificaciones en cuestiones de competencia y se reformó la regulación de las tasas judiciales.

 

Normas de atribución de competencia objetiva: arts. 8-13 LJCA

 

En cuanto a las normas para la determinación de la competencia objetiva en la jurisdicción contenciosa-administrativa, estas se encuentran recogidas en los artículos 8 a 13 de la LJCA.

La ley señala los órganos de la jurisdicción Contencioso-Administrativa y las competencias de éstos en los Art. 6-13 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. Así, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo se halla integrado por los siguientes órganos: Juzgados de lo Contencioso-administrativo (Art. 8 ), Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo (Art. 9), Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia (Art. 10), Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional (Art. 11), y Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (Art. 12).

El artículo 8 LJCA dispone que los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán, en única o primera instancia de los recursos frente a los actos de las entidades locales cuando tengan por objeto cuestiones de personal, sanciones administrativas consistentes en multas no superiores a 60.000 euros, reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda de 30.050 euros; de las autorizaciones para la entrada en domicilios; entre otras cuestiones de su competencia.

Por su parte, como se deriva del artículo 9, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, conocerán de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos que tengan por objeto: en primera o única instancia en las materias de personal cuando se trate de actos dictados por Ministros y Secretarios de Estado, contra los actos de los órganos centrales de la Administración General del Estado: en primera instancia de las resoluciones que acuerden la inadmisión de las peticiones de asilo político, así mismo conocerán del procedimiento previsto en el artículo 12 bis de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, entre otros.

Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con (artículo 10): los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales, o las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos.

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, conocerá en única instancia (artículo 11) entre otros recursos: contra los actos de los Ministros y Secretarios de Estado cuando rectifiquen en vía de recurso, en relación con los convenios entre Administraciones públicas no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia, contra los actos del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del FROB. En segunda instancia, conocerá de las apelaciones contra autos y sentencias dictados por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo y de los recursos de queja. También conocerá de los recursos de revisión contra sentencias firmes dictadas por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo y de las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.

Por último, conforme al artículo 12, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, conocerá en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno, del Consejo General del Poder Judicial;, de la Junta Electoral Central, de las Juntas Electorales y aquellos en materia de personal, administración y gestión patrimonial adoptados por el Congreso de los Diputados, del Senado, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Adicionalmente, conocerá de todo recurso de casación, recursos de queja y recursos de casación y revisión contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de Cuentas.

 

Competencia territorial: art. 14 LJCA

 

La competencia territorial de los Juzgados y Tribunales contenciosos, se encuentra determinada por el artículo 14 LJCA, según el cual la competencia territorial se determinará conforme a las siguientes reglas:

En primer lugar, con carácter general, será competente el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiere dictado la disposición o el acto impugnado.

En segundo lugar, si el recurso tiene por objeto actos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones, el demandante podrá escoger entre demandar en el juzgado o tribunal de su domicilio o donde se encuentre la sede del órgano autor del acto originario impugnado.

En tercer lugar, será competente el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción radiquen los inmuebles afectados cuando se impugnen planes de ordenación urbana y, en general, las que comporten intervención administrativa en la propiedad privada.

 

Incidente de jurisdicción vs incidente de falta de competencia: arts. 5 y 7 LJCA

 

En términos procesales, nos puede surgir la duda de cómo resolver un error en la determinación de la jurisdicción o competencia. La LJCA nos da una repuesta clara en sus artículos 5 y 7 respectivamente.

En el caso de que por equivocación un ciudadano acuda a la jurisdicción contenciosa-administrativa, se apertura el incidente de jurisdicción del artículo 5. El juez da traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, resolviéndose el incidente por medio de auto en el cual se indica que el interesado dispondrá del plazo de un mes para acudir a la jurisdicción competente que indique.

Por su parte, si al tribunal o juzgado al que nos dirigimos no tiene competencia, se apertura un incidente de falta de competencia, dándose traslado del mismo a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo de diez días expresen su parecer. El incidente termina con un auto por el que se remiten las actuaciones al órgano que se considere competente directamente y se emplaza a las partes para su personación en el plazo de 30 días.

 

Procedimiento contencioso ordinario y abreviado

 

La LJCA distingue dos vías para iniciar un pleito contencioso-administrativo, por un lado, se puede acudir a un procedimiento contencioso ordinario, y, por otro, a uno abreviado.

El procedimiento ordinario, se compone de numerosas fases: escrito de interposición, remisión del expediente, formalización de la demanda, contestación por parte de la Administración, apertura del periodo de prueba, fase de conclusiones o de vista (esta última poco frecuente en la práctica) y sentencia.

Este procedimiento se inicia cuando el particular presenta el “escrito de interposición del recurso”, ante el juzgado o tribunal que considere competente. El tribunal remite a la Administración el escrito y le requiere para que haga llegar el expediente administrativo (prueba pública), el cual es puesto de manifiesto al particular, concediéndole 20 días para formalizar escrito de demanda.

A continuación, la Administración contesta a la demanda, abriendo el tribunal el periodo probatorio dando traslado a ambas partes. Tras la fase de vista pública o conclusiones, se dicta la sentencia la cual podrá ser susceptible o no de ulterior recurso.

Por su parte, el procedimiento abreviado se encuentra regulado en el artículo 78 LJCA y del mismo conocen únicamente los juzgados y juzgados centrales de lo contencioso-administrativo, de forma que, por ejemplo, una sala de lo contencioso-administrativo no puede llevar un procedimiento abreviado. El único asunto que se encomienda por el procedimiento abreviado a las salas de lo contencioso es el recogido en el artículo 29.2 LJCA a saber, cuando se condena la inactividad de la administración en la ejecución de actos firmes.

El procedimiento es más sencillo, y hay que destacar que solo se pueden tramitar de forma abreviada los siguientes asuntos: materia de personal, extranjería, inadmisiones de peticiones de asilo político, cuestiones de disciplina deportiva en materia de dopaje, así como todos los asuntos de cuantía que no supere los 30 mil euros. Además, hay que recordar que en los procedimientos abreviados de cuantía inferior a 30 mil euros no hay segunda instancia, es decir, no cabe recurso apelación frente sentencias de cuantía inferior a 30 mil euros.

Con respecto a las fases del procedimiento, se inicia por demanda de la que se da traslado a la Administración y se señala día para la celebración de la vista. Se cita a las partes indicando una fecha y hora concreta y se solicita a la Administración la remisión del expediente con al menos 15 días de antelación a la fecha señalada para la vista. En la vista, la Administración contesta a la demanda ventilándose el procedimiento en esa fase, pues resulta ser también en el acto de la vista donde se propone la prueba. Además, si algún medio de prueba no es admitido, o el juez decide no recibir el pleito a prueba se puede recurrir en ese momento mediante un recurso de reposición in voce. En dicho caso, el juez dará traslado a la otra parte para que se oponga y resuelve el recurso en el mismo acto de la vista. Practicadas las pruebas se da traslado a las partes para que remitan sus conclusiones, las cuales tienen por finalidad la valoración de la prueba.

Finalmente, el pleito se declara concluso y visto para sentencia, que será dictada en el plazo de 10 días desde la vista. No obstante, lo habitual es que, por razones de carga de trabajos, los Juzgados dicten sentencia transcurrido sobradamente el merito plazo.

Accede al contenido íntegro de la Ley utilizando este enlace.

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