Ene 15

Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público: cuestiones generales

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Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público: cuestiones generales

En ciertas ocasiones, conviene descender a la esencia del derecho administrativo y acudir a sus normas básicas y estructurales. Así tuvimos ocasión de hacerlo en otra entrada al tratar algunas nociones primarias de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y lo repetimos hoy, al tratar las cuestiones más básicas y elementales de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

 

Ley 40/2015

 

El procedimiento administrativo, configurado para la realización de las funciones públicas de carácter administrativo, viene regulado tanto en la Ley 40/2015 (LRJSP), como en la Ley 39/2015 (LPAC).

La Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector publico, viene a dar respuesta a uno de los objetivos básicos del procedimiento administrativo, en definitiva, asegurar la pronta y eficaz satisfacción del interés general. La misma entró en vigor el 2 de octubre de 2016.

El objetivo antedicho viene recogido expresamente en el artículo 3.1 de la LRJSP:

“las Administraciones Públicas sirven con objetividad a los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho”.

A tenor del objeto de la Ley 40/2015 (LRJSP) y en desarrollo del artículo 18 de la Constitución Española; que dispone que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015 establece y regula las bases del régimen jurídico y el sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas (artículo 1 LRJSP).

En cuanto al ámbito de aplicación de la Ley 40/2015 (artículo 2), este es coincidente con el de la Ley 39/2015 (también recogido en su artículo 2). Dicho ámbito abarca a todas las Administraciones Públicas, entendiendo por tales las siguientes: Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas y Entidades que integran la Administración Local.

Además, las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, quedará sujetas a lo dispuesto en las normas de la Ley 40/2015LRJSP– y la Ley 39/2015 -LPAC-, que especialmente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas (art. 2.2 b LRJSP y 2.2 b LPAC).

En definitiva, la Ley 40/2015, así como la Ley 39/2015, resultan de aplicación general a todas las Administraciones Públicas incluida la Administración Institucional, a excepción de las integrantes de la Administración corporativa (como es el caso de los Colegios Profesionales o las Cámaras oficiales de Comercio), pues su actuación se ajustará a su regulación específica salvo cuando actúen en virtud de una atribución específica directamente realizada por la Ley, o al amparo de ésta, por una Administración Pública.

La Ley 40/2015, al igual que la Ley 39/2015, hacen suyas las normas que regulan el acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y consagran la relación por medios electrónicos con las Administraciones Públicas como un derecho de los ciudadanos y una correlativa obligación para todas las Administraciones. En este punto, regulan aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa.

En cuanto al derecho administrativo sancionador, desde octubre de 2016, la potestad sancionadora ha quedado regulada dentro del ámbito de aplicación de la Ley 40/2015, aunque quedando excluidas del régimen sancionador las sanciones en materia de contratos.

Así, los artículos 25 a 31 recogen los principios de la potestad sancionadora (Legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, non bis in idem respecto a la concurrencia de sanciones y prescripción; comenzando a contarse el plazo de prescripción desde el día en que la infracción se hubiera cometido). Las sanciones administrativas pueden ser pecuniarias y no pecuniarias, pero en ningún caso pueden implicar directa o subsidiariamente privación de libertad, pues atentaría contra el principio de proporcionalidad de las sanciones (art. 29 LRJSP).

Por último, es importante destacar que, aunque la Ley 39/2015, como indica su preámbulo; “constituye uno de los pilares sobre los que se asentará el Derecho administrativo español”, y a pesar de que compendia textos anteriores (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento común, Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible); lo cierto es que deja fuera algunos contenido que han pasado a estar regulados por la Ley 40/2015.

En consecuencia, dentro de los nuevos contenidos que se han introducido en la Ley 40/2015, podemos destacar los siguientes: clasificación de órganos administrativos, aspectos materiales de la potestad sancionadora y la responsabilidad patrimonial, sede electrónica, identificación y firma electrónica de las Administraciones Públicas, o relaciones interadministrativas, entre otros.

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