Breves pinceladas sobre la extensión de efectos de una sentencia contencioso – administrativa

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Punto de partida

A efectos ilustrativos, analizaremos esta cuestión desde la óptica de la reciente Sentencia 18 de junio 2020, recurso de casación 7.369, sección segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

El estudio de esta sentencia tiene un doble interés. Por un lado, versa sobre materias sustantivas, como es la exención en su caso del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas. Por otro lado, trata sobre un aspecto procesal directamente invocable no solo por la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en materia tributaria, sino por la totalidad de la Sala, e incluso desde un punto de vista trasversal por el resto de Órganos Jurisdiccionales, dado que pivota sobre la interpretación de los requisitos de la extensión de efectos, y es la primera vez en la que se aborda esta cuestión con carácter doctrinal desde la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Debate jurídico planteado

En primer lugar, el debate jurídico planteado desde el plano sustantivo, gira en torno al derecho o no, a la exención en virtud del artículo 7.4 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las prestaciones por maternidad recibidas por las personas que se encuentran en esas situaciones.

Se plantea a raíz de una sentencia dictada por la Sección Quinta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en virtud de la cual se estima la pretensión, dando la razón al contribuyente y reconociéndole el derecho a la exención de esas cantidades recibidas en concepto de prestación por maternidad.

Al ser la sentencia del Tribunal de Justicia de Madrid favorable para el contribuyente en ese caso concreto, el recurrente en casación solicita la extensión de efectos de esa sentencia en virtud del artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en lo sucesivo, LJCA, dado que la sentencia de Madrid fue favorable y el recurrente se encontraba en la misma situación jurídica.

El TSJ de Madrid, órgano de instancia, dicta auto denegando la extensión de efectos, por falta de identidad tanto sustantiva como procesal, de modo que no se cumplían los requisitos establecidos por el articulo 110 LJCA. Matiza que, el contribuyente respecto del cual insta la extensión de efectos solicitó en vía administrativa la rectificación de su liquidación del IRPF, cuestión que no hizo el recurrente.

Adicionalmente, el Abogado del Estado, en la contestación al recurso de casación planteado, indica que el articulo 110 LJCA, exige no solo una identidad sustantiva que efectivamente se produce (nos encontramos en ambos casos en un supuesto de prestaciones por maternidad y el derecho o no a su exención), sino también es necesario la identidad procesal que se extiende a todos los actos que se han realizado durante el iter. Pues bien, a diferencia de lo que ocurría en el asunto primigenio, en este no se ha acudido con carácter previo a la Administración para solicitar esta rectificación.

Pronunciamiento del Tribunal Supremo

La Sección de Admisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, apreció la existencia de interés casacional objetivo, pero, debía determinar si con la finalidad de aplicar la extensión de efectos del fallo de una sentencia firme en materia tributaria (aunque extensible a otras materias), se requiere que el interesado con carácter previo al escrito razonado que debe presentar ante el órgano jurisdiccional que ha dictado la sentencia cuya extensión de efectos se pretende, ha de formalizar una solicitud de rectificación de autoliquidación del tributo en cuestión ante la Administración Tributaria. Es decir, si se debe platear dicha actuación previa ante la Administración, respondiendo negativamente, como a continuación veremos.

¿El planteamiento de una cuestión administrativa previa es un requisito para conceder la extensión de efectos y que prospere el recurso de casación?

La sentencia que resuelve en casación entiende que el procedimiento administrativo previo es inútil, pues la finalidad de la extensión de efectos es evitar gastos, molestias y trastornos al recurrente, siendo del todo innecesario que se le exija plantear un nuevo proceso con todos los gastos que conlleva si ya hay una sentencia en la que se establece una doctrina en cuanto a la cuestión jurídica debatida.

Esto encuentra su fundamento en la protección de la tutela judicial efectiva; articulo 24 de la Constitución, y la protección otorgada por el articulo 14 de nuestra Carta Magna en cuanto a la seguridad jurídica e igualdad, que implica que si se ha resuelto de una forma en un supuesto concreto se debe resolver de la misma forma en situaciones posteriores idénticas.

Notas finales

La Sala Tercera del Tribunal Supremo entiende que la exigencia de requerimiento administrativo previo no es un requisito de la extensión de efectos. En conclusión, la sentencia de 20 de junio de 2020 del Tribunal Supremo es fundamental pues recoge los requisitos que deben concurrir para que opere la extensión de efectos y determina la interpretación que ha de darse a esa identidad en materia de extensión de efectos regulada en el articulo 110 de la LJCA.

En el siguiente vídeo, nos ilustra sobre esta cuestión, como siempre de forma pedagógica, D. Raúl C. Cancio, Letrado de la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Supremo:

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