El TSJM ha anulado la sentencia que hizo fijas a 21 maestras interinas de Getafe, como solicitaba Administrativando Abogados

Tras el recurso presentado por Administrativando Abogados, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSPJ), ha anulado la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 32 de Madrid que hizo fijas a 21 maestras interinas del Ayuntamiento de Getafe, en Madrid.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha tumbado con costas la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 32 de Madrid que hizo fijas a 21 maestras interinas de escuelas infantiles municipales de Getafe (Madrid). Así lo ha determinado en su sentencia 124/2023 de 1 de marzo.

Para comprender los hechos en su totalidad, hay que remontarse dos años atrás, cuando tras la convocatoria de unas oposiciones convocadas por el Ayuntamiento de Getafe (Madrid) para cubrir 46 plazas como parte del proceso de estabilización, 21 maestras interinas, cuyos puestos se pretendían cubrir, impugnaron las oposiciones.

El juez de primera instancia, Ilustrísimo Sr. D. Luís Vacas, anuló las bases de la convocatoria e hizo fijas a las maestras, teniendo en cuenta que algunas de ellas llevaban trabajando como interinas desde 2013 y que desde 1998 no se había convocado ningún proceso selectivo. El juez entendió que el hecho de concatenar contratos temporales vulneraba el Estatuto del Empleado Público, la Directiva 1999/70/CE del Consejo sobre el trabajo de duración determinada y una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la temporalidad de los interinos.

Esta sentencia fue recurrida por el Ayuntamiento de Getafe y 11 docentes que superaron la oposición, al considerar injusta la decisión. En esta ocasión, Antonio Benítez Ostos y Alonso Ramón Díaz, socio-director y of counsel de Administrativando Abogados, se encargaron de representar a las 11 maestras.

 

Argumentación de la defensa

Los letrados de Administrativando Abogados apuntaron que las docentes que habían superado el proceso selectivo, no tenían por qué cargar con las consecuencias de la irregular actuación de la Administración. Para ello, argumentaron que la sentencia de primera instancia incurría en una confusión conceptual, por la que se les había concedido la condición de empleadas públicas fijas a través de un recurso frente a las bases de la convocatoria que llevó a que se revocaran. Los abogados consideraban que no era posible jurídicamente porque “no se había recurrido la oferta de empleo público ni la convocatoria de las pruebas selectivas, actos administrativos donde realmente se contemplan las plazas que serán objetivo de concurrencia competitiva”.

Además, la defensa alegó una desviación procesal, argumentando que no cabía plantear cuestiones “que no han sido objeto de análisis administrativo y que el juzgador debió omitir”. Los letrados subrayaron, además, que se había producido un error a la hora de interpretar el Ordenamiento Jurídico, “ya que las sentencias de contraste utilizadas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 32 de Madrid para motivar su posicionamiento no guardaban relación con el supuesto enjuiciado”.

Por último, se manifestó la “imposibilidad jurídica de reconocer la fijeza a un empleado público con sujeción al mismo régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para los funcionarios de carrera sin adquirir previamente esta condición”. Los letrados argumentaron así que la legislación de la función pública no reconoce la posibilidad de adquisición de funcionario de carrera sin la superación de un proceso selectivo, “cumpliendo así los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.

 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado íntegramente el recurso, imponiendo las costas a las recurrentes.

Satisfacción con la sentencia

Antonio Benítez Ostos se ha mostrado conforme con la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, señalando que “no encontrábamos ningún sentido al hecho de que nuestros clientes tuviesen que renunciar a obtener su plaza para compensar un posible fraude de ley por parte del Ayuntamiento con respecto a las interinas recurrentes, sin perjuicio de que pudieran reclamar al Ayuntamiento los daños y perjuicios que consideren”.

Los letrados de Administrativando Abogados apuntan también que “esta resolución salvaguarda el Estado de Derecho”.

Respecto al posible alcance de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Benítez Ostos concluye que “es de gran envergadura dado que se tendrá en cuenta en procesos muy similares que se encuentran en curso”.

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Adela Merino León

Abogada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Asociada Senior

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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