Abr 12

Desajustes entre las pretensiones instadas en la vía administrativa y el recurso contencioso – administrativo: desviación procesal

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via administrativa y recurso contencioso

Como es sabido, en base al principio de revisión propio de la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, las pretensiones (lo que se solicita), entre la vía administrativa y el recurso contencioso – administrativo, deben de ser la misma. En su defecto, se podría incurrir en lo que se conoce como “desviación procesal”, que conllevaría la inadmisión de lo instado en vía judicial (artículo 69 c LJCA).

Cuestión distinta serían los motivos de oposición o alegatos de defensa, que sí pueden variar entre una instancia y la otra. 

Nos ilustra sobre dicha figura jurídica el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia 316/2019 de 12 Mar. 2019, Rec. 44/2018, que trae a colación su sentencia dictada en el recurso de casación núm. 3635/2013, la de 20 de julio de 2012 y otras, que nos aportan razonamientos jurídicos que son expresivos de la doctrina general sobre esa causa de inadmisión. Entre ellos, no es ocioso transcribir los siguientes:

El carácter revisor de esta Jurisdicción impide que puedan plantearse ante ella cuestiones nuevas, es decir, pretensiones que no hayan sido previamente planteadas en vía administrativa. No impide esta afirmación la previsión contenida en el art. 56.1 de la LJCA, en el que se establece que en los escritos de demanda y contestación se consignarán con la debida separación los hechos, los fundamentos de derecho y las pretensiones que se deduzcan, “en justificación de las cuales podrán alegarse cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administración”.

Se distingue, así, entre cuestiones nuevas y nuevos motivos de impugnación. De esta manera no pueden plantearse en vía jurisdiccional pretensiones o cuestiones nuevas que no hayan sido planteadas previamente en vía administrativa, aunque pueden adicionarse o cambiarse los argumentos jurídicos que apoyan la pretensión ejercitada. Así lo señala también la STC 158/2005, de 20 de junio, en la que se indica que: “(…) Parte nuestra doctrina del reconocimiento de la legitimidad de la interpretación judicial relativa al carácter revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa y la doctrina de la inadmisibilidad de las cuestiones nuevas. Esa interpretación, que el Tribunal Supremo continúa aplicando tras la entrada en vigor del nuevo texto legal, asume una vinculación entre las pretensiones deducidas en vía judicial y las que se ejercieron frente a la Administración, que impide que puedan plantearse judicialmente cuestiones no suscitadas antes en vía administrativa”.

Cuando se varía en el proceso contencioso-administrativo la pretensión previamente formulada en vía administrativa, introduciéndose cuestiones nuevas, se incurre en desviación procesal, que comporta la inadmisión de esa pretensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69.c) LJCA.

En este aspecto ha de destacarse que, como se señala en la sentencia de 30 de junio de 2006, recurso de casación 3047/2003, con cita de lasSSTC 59/2003, de 24 de marzoy132/2005, de 23 de mayo, “el derecho a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución razonable, motivada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes se erige en un elemento esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en elart. 24.1 CE, si bien, no obstante, el referido derecho también se satisface con la obtención de una resolución de inadmisión, que impide entrar en el fondo de la cuestión planteada, cuando tal decisión se funda en la existencia de una causa legal que así lo justifica y que resulta aplicada razonablemente por el órgano judicial, pues, al ser el derecho a la tutela judicial efectiva un derecho prestacional de configuración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que, en cada caso, ha establecido el legislador, que no puede, sin embargo, fijar obstáculos o trabas arbitrarias o caprichosas que impidan la efectividad de la tutela judicial garantizada constitucionalmente”.

La sentencia de 7 de marzo de 1995 señala que “existirá desviación procesal generadora de inadmisibilidad del recurso cuando …se formulan nuevas pretensiones o cuando se reformen, alteren o adicionen al recurso jurisdiccional peticiones que no se discutieron en vía administrativa y ni siquiera se formularon ante ella – Sentencias de 30 enero 1980 y 31 octubre 1983 -, salvo que entre la pretensión en vía administrativa y jurisdiccional no exista una sensible variación… si nos atenemos a la narración fáctica y a la causa de pedir” – Sentencia de 29 junio 1983 -“.

A su vez, la sentencia de este Tribunal Supremo de 27 de junio de 2017, dictada en el recurso de casación 145/2016 , termina uno de sus razonamientos afirmando que “[…] en el caso de ejercitarse pretensiones sin ninguna relación con el acto impugnado, procederá declarar inadmisible el recurso sin entrar en el fondo del asunto, y en el de deducirse unas relacionadas con él y otras sin relación alguna, por no caber inadmisibilidades parciales respecto de un mismo acto por fuerza del principio de unidad de contenido de la instancia jurisdiccional, lo correcto será juzgar sobre las primeras y desestimar las segundas sin entrar en el examen de ellas “.

Dicha Resolución Judicial, en su Fundamento de Derecho Quinto y aplicándolo al supuesto que enjuicia, considera que opera dicha desviación procesal. Los siguientes términos espeta:

“1. De tal jurisprudencia resulta, en efecto, que en aquella reclamación de fecha 6 de junio de 2017 no se requirió -término que inicia el apartado dedicado a concretar la actividad pedida- el reintegro que ahora constituye la pretensión B del suplico de la demanda.

Así, allí se pedía la inclusión de una partida en los presupuestos de 2017 para reintegrar a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica la cantidad indeterminada, superior a 100.000 euros, para compensar los importes desembolsados por dicha organización con motivo de las dos exhumaciones realizadas en el cementerio de Guadalajara.

Ahora, en cambio, esa pretensión B es la de reintegrar a la recurrente, no a la Asociación, los gastos causados para la exhumación de los restos óseos de su padre. Gastos y sus respectivos conceptos que tampoco fueron objeto de alegación e identificación en la citada reclamación.

Debemos, por tanto, dar la razón a la Abogacía del Estado respecto de esa pretensión en concreto”.

Asimismo y a efectos ilustrativos, Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia de 7 Jun. 2012, Rec. 1607/2009:

“En el caso que nos ocupa, recordémoslo, el acuerdo de aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Benidorm había exceptuado de la aprobación, entre otras, el área de “Cerro Cortina”, cuya aprobación definitiva había quedado suspendida para la elaboración y tramitación del Estudio de Impacto Ambiental; y en vía administrativa se había pedido que la aprobación del Plan General en esa parte relativa a “Cerro Cortina” debía entenderse producida por silencio; y contra la desestimación presunta de esa petición se interpuso el recurso contencioso-administrativo. Así las cosas, en el curso del proceso, la parte recurrente tenía que haber acompañado la pretensión de anulación de una pretensión relativa a la aprobación definitiva por silencio del Plan General en el ámbito suspendido. En lugar de eso, lo que se pedía en la demanda, a continuación de la acción de nulidad (puramente declarativa), como acción de plena jurisdicción, era la aprobación del Plan Parcial o el reconocimiento del derecho a que éste se aprobase.

Con ello quedó desbordado el objeto del recurso delimitado en el escrito de interposición y se incurrió en desviación procesal; sin que podamos considerar -como pretende la recurrente- que se trata de un simple defecto formal sin el alcance que le ha dado la sentencia de instancia”.

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