Dic 9

Derivación de responsabilidad solidaria por grupo de empresas

Tags:

derivacion-responsabilidad-solidaria

Sobre los requisitos exigidos para entender la existencia de un grupo de empresas a efectos laborales y la posible derivación de responsabilidad solidaria entre ellas, por parte de la Administración Pública actuante (normalmente, la Tesorería General de la Seguridad Social), conviene traer a colación, a efectos ilustrativos y tomando como referencia lo expuesto al respecto por el Alto Tribunal, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia 1292/2016 de 2 Jun. 2016, Rec. 2890/2014:

“QUINTO.- La jurisprudencia sobre el grupo de empresas a efectos laborales.

Sin perder de vista que el marco legal que ofrecen los arts. 104 (LA LEY 2305/1994) y 15 de la LGSS constituye el fundamento de la resolución administrativa impugnada, conviene recordar los requisitos que la Jurisprudencia ha establecido para determinar la existencia de «grupo de empresas laboral», y más concretamente, por la esencia del litigio que nos ocupa, a las particularidades en el caso de empresas participadas por otras sociedades dominantes.

Así, respecto de la cuestión de la calificación de empresas participadas en el capital social por otras como empresas dominantes, la jurisprudencia se puede resumir con la sentencia de la Sala General de lo Social (Pleno), en su Sentencia de 25 de septiembre de 2013, recurso de casación 3/2013 (LA LEY 163975/2013) cuando destaca que «[…] [el] simple dato de participación económica, por llamativo que pueda parecer, una vez descartada cualquier conducta fraudulenta […], carece de relevancia a los efectos que aquí interesan.

Dicha participación económica, que siempre se produce de forma absoluta (100%), y con normalidad, en las sociedades unipersonales, no tiene efectos ni para provocar por sí misma una extensión de la responsabilidad, ni para atribuir una posición empresarial plural a las sociedades del grupo.[…] No es posible reconocer en el caso la existencia de una caja única que se pueda identificar con la reprobable “confusión de patrimonios” por el único hecho de que una de las mercantiles que integran el grupo de sociedades, cuyo objeto social nada tiene que ver con la confección de prendas de vestir, posea la práctica totalidad (el 99,97 %) del capital de la empresa en la que prestan sus servicios los trabajadores despedidos de forma colectiva, porque aquél patológico fenómeno (la confusión patrimonial derivada de una única caja), como apunta nuestra reciente -y ya citada- sentencia del Pleno de 27 de mayo de 2013 (R. 78/2012 (LA LEY 111894/2013) ), y la consecuente extensión de responsabilidades que ello podría acarrear, requiere la concurrencia de otros elementos que permitan apreciar lo que se ha dado en llamar “promiscuidad en la gestión económica” (FJ 9º.2), y es obvio que ni de la incuestionada declaración de hechos probados, ni de las circunstancias que, con tal valor fáctico, pudieran advertirse en la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia, existe la más mínima prueba de tal patología, sobre la que, en fin, como igualmente hemos destacado con anterioridad para descartar cualquier posibilidad de éxito en la impugnación, nada razona ni explica el recurso».

Por consiguiente, en el estado actual de la jurisprudencia, la presencia de los ” elementos adicionales ” a los que la Sala de instancia se refiere resulta esencial para entender que concurre una unidad empresarial a efectos laborales en los grupos de empresa. Y esos componentes adicionales, a tenor de aquella doctrina, serían actualmente los siguientes: 1. El funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de las empresas del grupo, manifestado en la prestación indistinta de trabajo -simultánea o sucesivamente- en favor de varias de las empresas del grupo; 2. La confusión patrimonial; 3. La unidad de caja; 4. La utilización fraudulenta de la personalidad jurídica, con creación de la empresa «aparente»; y 5. El uso abusivo -anormal- de la dirección unitaria, con perjuicio para los derechos de los trabajadores”.

Pues bien, resumiendo lo expuesto, concluimos:

1º.-No es suficiente que concurra el mero hecho de dos o más empresas que pertenezcan al mismo grupo empresarial para derivar de ello, sin más, una responsabilidad solidaria respecto de obligaciones contraídas por una de ellas con sus propios trabajadores, si no que es necesaria, además, la presencia de elementos adicionales, porque hay que partir de que las empresas del grupo tienen, en principio, un ámbito de responsabilidad propio como personas jurídicas independientes que son.

2º.-Los requisitos adicionales que, por tanto, han de concurrir, para que las empresas del grupo respondan solidariamente de sus propias deudas, resultan ser los que siguen:

– El funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de las empresas del grupo, manifestando en la prestación indistinta de trabajo -simultánea o sucesivamente- en favor de varias de las empresas de grupo.

– La confusión patrimonial. La mera utilización de infraestructuras comunes, aunque puede ser un indicio, no supone un elemento para derivar responsabilidad de una empresa a otra.

– La unidad de caja o caja única. Hace referencia a lo que se denomina “promiscuidad en la gestión económica”. La jurisprudencia se refiere a ella con las características de “permeabilidad operativa y contable”. No existe unidad de caja el hecho de que una empresa tenga acciones en otra y ello aunque esa participación de una de las empresas en la otra llegue a alcanzar porcentajes ciertamente llamativos. (como el 99,97% que le correspondía a la empresa dominante en la STS 25/09/13 . rco 3/13-; o del 100% de la STS 28/01/14 (LA LEY 85133/2014)-RCO 16/13-).

Lo mismo, que si varias empresas llevan a cabo una política de colaboración, porque ello no comporta necesariamente la pérdida de su independencia a efectos jurídico-laborales.

– La utilización fraudulenta de la personalidad jurídica, con creación de la empresa aparente.

– El uso abusivo -anormal- de la dirección unitaria, con perjuicio para los derechos de los trabajadores, como en los supuestos de actuaciones en exclusivo beneficio del grupo o de la empresa dominante. empresariales, no determina la existencia de responsabilidad laboral del grupo,

3º.-No determina la existencia de responsabilidad laboral del grupo, la dirección unitaria de varias entidades empresariales.

4º.-Tampoco determina dicha responsabilidad, la existencia de una dirección comercial común.

5º.-En igual forma, tampoco determina la responsabilidad de la que comentamos, el hecho o circunstancia de que una empresa tenga acciones en otra, en tanto que respectivamente se hallan investidas de personalidad jurídica individual y ello –excluida la presencia del fraude que llevaría a la conclusión opuesta-aunque esta participación de una de las empresas en la otra llegue a alcanzar porcentajes ciertamente llamativos.

6º.-De la misma manera, la coincidencia de algunos accionistas en las empresas del grupo, carece de eficacia para ser determinante de una condena solidaria, teniendo en cuenta que todas y cada de las sociedades tienen personalidad jurídica propia e independiente de la de sus socios.

7º.-Y tampoco cabe exigir esa responsabilidad solidaria por el sólo dato de que el Administrador único de una empresa sea representante legal de otra, pues aunque ello comporta dirección unitaria, no determina sino la propia existencia del grupo de empresas, pero no la responsabilidad solidaria de sus componentes.

Asimismo y sobre la normativa empleada por parte de la Administración para derivar de forma solidaria la responsabilidad en el pago de deudas entre cualquiera de las sociedades del grupo, resulta ser la que sigue:

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social:

Artículo 18:

“3. Son responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar y del pago de los demás recursos de la Seguridad Social las personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad a las que las normas reguladoras de cada régimen y recurso impongan directamente la obligación de su ingreso y, además, los que resulten responsables solidarios, subsidiarios o sucesores mortis causa de aquellos, por concurrir hechos, omisiones, negocios o actos jurídicos que determinen esas responsabilidades, en aplicación de cualquier norma con rango de ley que se refiera o no excluya expresamente las obligaciones de Seguridad Social, o de pactos o convenios no contrarios a las leyes. Dicha responsabilidad solidaria, subsidiaria o mortis causa se declarará y exigirá mediante el procedimiento recaudatorio establecido en esta ley y en su normativa de desarrollo.

4. En caso de que la responsabilidad por la obligación de cotizar corresponda al empresario, podrá dirigirse el procedimiento recaudatorio que se establece en esta ley y en su normativa de desarrollo contra quien efectivamente reciba la prestación de servicios de los trabajadores que emplee, aunque formalmente no figure como empresario en los contratos de trabajo, en los registros públicos o en los archivos de las entidades gestoras y servicios comunes”.

Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social:

Artículo 12 Responsables de pago: normas comunes:

“1. Son responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar y del pago de los demás recursos de la Seguridad Social las personas físicas o jurídicas, o entidades sin personalidad, a las que las normas reguladoras de cada régimen y recurso impongan directamente la obligación de su ingreso y, además, los que resulten responsables solidarios, subsidiarios o sucesores mortis causa de aquéllos, por concurrir hechos, omisiones, negocios o actos jurídicos que determinen esas responsabilidades, en aplicación de cualquier norma con rango legal que se refiera o no excluya expresamente a las obligaciones de Seguridad Social, o de pactos o convenios no contrarios a las leyes”.

Artículo 13 Responsables solidarios:

“1. Cuando concurran hechos, negocios o actos jurídicos que determinen la responsabilidad solidaria de varias personas, físicas o jurídicas o entidades sin personalidad, respecto de deudas con la Seguridad Social, podrá dirigirse reclamación de deuda o acta de liquidación contra todos o contra cualquiera de ellos. El procedimiento recaudatorio seguido contra un responsable solidario no suspenderá ni impedirá que pueda seguirse contra otro, hasta la total extinción del crédito”.

De la lectura de los citados preceptos, llegamos a la conclusión, de que podrá exigirse responsabilidad solidaria por las deudas de un grupo de empresas:

– Contra quien resulte responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar y del pago de los demás recursos de la Seguridad Social.

– Será responsable de la obligación de cotizar, entre otros y por lo que nos ocupa, los que resulten responsables solidarios, subsidiarios o sucesores mortis causa de aquellos, por concurrir hechos, omisiones, negocios o actos jurídicos que determinen esas responsabilidades, en aplicación de cualquier norma con rango de ley que se refiera o no excluya expresamente las obligaciones de Seguridad Social, o de pactos o convenios no contrarios a las leyes.

– Asimismo, se ha de demostrar, que dicho responsable es el que recibe efectivamente la prestación de servicios de los trabajadores que emplee, aunque formalmente no figure como empresario en los contratos de trabajo, en los registros públicos o en los archivos de las entidades gestoras y servicios comunes.

A efecto ilustrativos y sobre dicho particular, Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia 29/2018 de 18 Ene. 2018, Rec. 438/2017, en cuyo Fundamento de derecho cuarto, quinto párrafo, establece:

“(…) y como señala la muy reciente Sentencia del TS de 2 de junio de 2016 …Para declarar la responsabilidad con esta base, lo relevante no es tanto el elemento de fraude a los derechos de los trabajadores que la actora dice inexistente, sino si es posible alcanzar la conclusión de que el empresario real que recibe la prestación laboral, y por ende es responsable de la obligación de cotizar, es el grupo de empresas y, por tanto, todas ellas han de responder del pago de la obligación, aunque no sean la empresa formalmente empleadora. Para establecer esta conclusión hay que acudir a la realidad económica, organizativa y patrimonial subyacente, más allá del papel que juegue cada una de las empresas en el conjunto del grupo….Por consiguiente, en el estado actual de la jurisprudencia, la presencia de los ” elementos adicionales ” a los que la Sala de instancia se refiere resulta esencial para entender que concurre una unidad empresarial a efectos laborales en los grupos de empresa “.

Sin comentarios aún.

Deja un comentario

restablecer todos los campos