Mar 24

¿Qué es el Derecho Administrativo?

Tags:
¿Qué es el Derecho Administrativo?

 

El Derecho Administrativo es la rama del derecho público que regula la organización, funcionamiento, poderes y deberes de la Administración pública y las consiguientes relaciones jurídicas entre la Administración y otros sujetos.

Habida cuenta la dificultad y tecnicidad de la disciplina, conviene advertir desde ya, que encontremos pocos abogados  especialistas o  expertos en  derecho administrativo  y contencioso – administrativo.

En un inicio,conviene distinguir entre dos clases básicas de derechos, los derechos generales y los derechos estatutarios. El derecho general por excelencia es el Derecho Civil,  que  se  aplica con carácter general a todas las personas. Por su parte, el Derecho Administrativos es aplica  a determinada clase de sujetos, y se trata, en efecto, de un Derecho de naturaleza estatutaria, en cuanto se dirige a la regulación delas singulares e species  de sujetos  que se  agrupan bajo  el nombre de Administraciones  Públicas, sustrayendo  a  estos  sujetos  singulares   del derecho común.Del concepto se pueden extraer varias consecuencias.

En primer término, el Derecho Administrativo pertenece al Derecho Público, constituyendo una  de    sus    ramas   más  importantes   y   se   encuentra  íntimamente conectado con el Derecho  Constitucional, el cual enuncia los principios básicos del ordenamiento jurídico que impregnan el resto de disciplinas, incluyendo el Derecho Administrativo.De hecho, todas las instituciones del Derecho Administrativo están marcadas por laregulación básica del poder y de la   libertad que  se  contienen  en  la  Constitución  (porejemplo,  el art. 14 CE  consagra  el principio de no  discriminación por razón de origen, loque impediría la restricción de la entrada  en  un  hotel de  las personas procedentes deun país concreto).

En segundo término, el Derecho Administrativo es el Derecho común de lasAdministraciones Públicas,  lo  que significa que  tiende  a  cubrir  todas   las  áreas en  las  que  intervienen  las Administraciones Públicas,  incluso  aquellas que constituyen el objetode regulación de otros derechos. Cuando  en el Derecho  Administrativosurge una  laguna,  ésta  se  integra con sus propios principios, sin perjuicio de que enocasiones las normas administrativas remitan a los principios y normas del Derechocomún. Por consiguiente, el Derecho Administrativo no sólo está integrado por  normassino también por principios  generales  que  sirven  para articular, completar e interpretar esas normas.

En tercer término, para que haya una relación jurídico-administrativa, es necesaria la presencia de una Administración Pública. Sin embargo, hay matizaciones.  De los  actos de  “órganos de apoyo”a Administraciones Públicas,que afecten a terceros, conoce la jurisdicción contencioso-administrativa. Se trata de actos referidos a gestión de personal, aspectos  patrimoniales  que afectan    a    terceros  ( suministros,    arrendamientos,   expropiaciones ).    Por    su   parte,  la Administración, en no pocas ocasiones, acude  a  la  técnica  de la  concesión  pues  no  puede gestionar por si  misma  todos  los  servicios,  por lo que encomienda la gestión de  un servicio concreto a un empresario privado, aunque retiene la titularidad última del servicio concedido y mantiene, en términos  generales,  el  ejercicio  de  las  potestades de   policía  necesarias.  Así mismo, en ocasiones, la Administración interviene  en  las  relaciones entre  particulares  en el marco de contratos  de  carácter  privado ( tales como,contratos  mercantiles  suscritos en los sectores del agua, la energía, los transportes y las comunicaciones),garantizar la libre concurrencia o libre competenciaque imponen en el mercado los Tratados de la Unión.

El Derecho Administrativo, responde a una disciplina de contenido y especialización ilimitada, cuyas áreas de práctica son innumerables. Dentro de las áreas de práctica de esta rama del derecho,el abogado    especialista o     experto en     derecho  administrativo  y  contencioso -administrativo, deberá de dominar las siguientes materias:


ÁREAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO


EXPROPIACIÓN FORZOSA Y  VALORACIONES:  que abarcaría   tramitaciones  de  expedientes expropiatorios, asistencia a actas previas de ocupación, hojas de aprecio, alegaciones durante el procedimiento expropiatorio e interposición de los oportunosrecursos administrativos, incluso ante el Jurado Provincial de Expropiación, reclamación de pago de justiprecio,intereses de demora, indemnización por   ocupación  temporal,procedimiento   de reversión,  entre  otros.

PATRIMONIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: se interviene tanto en la gestión del patrimonio de las Administraciones Públicas, como en la adquisición    y     privatización de sociedades públicas.

URBANISMO: con actuaciones tales como la redacción de planeamientos, proyectos de reparcelación, proyectos de urbanización, licencias urbanísticas, sancionadores urbanísticos, restablecimiento de la legalidad urbanística, cuestiones relacionadas con Juntas de compensación y entidades urbanísticas de conservación,

CONTRATACIÓN PÚBLICA: asesoramiento en licitaciones públicas. Elaboración y revisión de pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas. Redacción de informes jurídicos. Solicitud de aclaraciones ante el órgano de contratación. Interposición de recursos especiales en materia de contratación pública. Defensa frente a exclusión de ofertas.Resoluciones de contratos, reclamación de pago del precio, intereses moratorios, asistencia a mesas de contratación, justificación de ofertas anormales o desproporcionadas.

FUNCIÓN PÚBLICA: Defensa de los derechos que correspondan a los funcionarios o empleados públicos.Impugnación de bases reguladoras y de listados de aprobados en oposición o concursos – oposiciones. Excedencias, destinos, permisos, consolidación de empleo, traslados, expedientes disciplinarios,…

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS O FISCALES, de toda índole, ya sea mediante la formulación de alegaciones ante la Agencia Tributaria o mediante la interposición del oportuno recurso de reposición o reclamación económico – administrativa.

SECTORES REGULADOS: asesoramiento en relación a las distintas materias reguladas, tanto en aquellas de corte tradicional: aguas, minas, costas, puertos,   turismo,   transporte   o  farmacia, como en las de mayor actualidad tales como telecomunicaciones, energía o juego).

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: Inicio de la reclamación, alegaciones, proposición de prueba,interposición de recursos administrativos y contenciosos – administrativos  frente   a la   resolución   por   la   que desestime   la  solicitud de  reclamación patrimonial.

SANCIONADORES: Formalización de alegaciones frente al acuerdo de inicio, propuesta resolución o resolución sancionadora.

SUBVENCIONES   Y   AYUDAS   : asesoramiento   tanto en su tramitación,   como    en   los procedimientos instados por la Administración encaminados al reintegro de subvención o pérdida del derecho al cobro de la misma.

MEDIO AMBIENTE: Obtención de licencias o autorizaciones administrativas, defensa de expedientes sancionadores en materia ambiental. Formalización de denuncias administrativas.

CONTENCIOSOS – ADMINISTRATIVOS: interposición de recursos contenciosos administrativos tanto en procedimientos abreviados como ordinarios. Interposición de recurso de apelación contencioso – administración, recurso de casación contencioso – administrativo y recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

En los últimos años, el derecho administrativo ha tenido que adaptarse a la incorporación de las nuevas tecnologías en la Administración Publica, lo que ha dado lugar en España a la Administración Publica Electrónica. De esta manera, se configura la relación por medios electrónicos con la Administración como un derecho para el ciudadano y una obligación para la Administración con la entrada en vigor de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos que reconoce este derecho desde el 31 de diciembre de 2009. No obstante, dicha ley es derogada a partir del 2 de octubre de 2016, por la nueva Ley del Procedimiento Administrativo Común, que va más allá establece la tramitación electrónica como la actuación habitual de las Administraciones.

Por último, destacar  la   potestad de autotutela ejecutiva de la  Administración,   lo   que   quiere decir,que si una vez producido un acto administrativoque imponga una obligación al administrado,  éste  no se cumple  voluntariamente  por  su   destinatario,   la  Administración  lo ejecuta por sí misma. Esto constituye uno de los rasgos más característicos de la eficacia de los actos administrativos, al poderse hacer efectivos gracias a la coacción administrativa empelada para la ejecución forzosa de los actos administrativos.

La ejecución forzosa viene regulada en la LPAC, y hace realidad la obligación establecida en el acto administrativo cuando el destinatario de tal obligación no la ha cumplido voluntariamente. Por ejemplo, el pago de una  multa,  o  la  demolición de  lo  indebidamente  construido,  aunque siempre previo apercibimiento (lo cual constituye una suerte de amenaza al obligado, pues se le ofrece una última oportunidad de cumplimiento en un plazo concreto antes de pasar a la imposición coactiva de la obligación). Por su parte, si el destinatario del acto  administrativo  es otra Administración, sólo se ejercerá el mecanismo de la coacción administrativa cuando exista una relación de supremacía. De esta manera, dentro de los medios de ejecución forzosa recogidos en la LPAC se encuentran los siguientes.

En primer  lugar, el  apremio sobre  el  patrimonio,  que  es   el procedimiento de ejecución   más frecuente y para que se inicietiene que existir un acto que obligue  al pago de  una  determinada cantidad de dinero y que el pago se haya exigido en periodo voluntario, sin que el deudor lo haya efectuado. El procedimiento de apremio se concreta en el embargo de los  bienes del  deudor en cantidad suficiente para cubrir el importe total de la deuda y por el orden que prevé con carácter general el artículo 1447 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y, tras el embargo, el procedimiento termina con la subasta pública de los bienes embargados.

En segundo lugar, la ejecución subsidiaria, que consiste en que una persona distinta del destinatario y por cuenta de este, realice lo ordenado en el acto administrativo previo, aunque requiere la previa intimación del afectado, para que, o cumpla por sí mismo, o comunicarle que si no lo hace lo ejecutará la Administración o la  persona que  ésta designe.  Por lo tanto,  si  lo ordenado en el acto administrativoresulta ser la realización de obras, la Administración  puede realizar por sí misma las obras o bien encargar su ejecución   a  un tercero. Los  gastos que  se originen, incluidos los daños y perjuicios que eventualmente puedan producirse, corren a cargo del obligado por el acto que se trata de ejecutar, a quien, incluso, puede exigírsele con carácter cautelar el previo abono de las cantidades previstas, a reserva de la correspondiente liquidación definitiva.

En tercer lugar, las multas coercitivas, que sirven para vencer la resistencia de los afectados por un acto administrativo mediante la   imposición   de multas   sucesivas, que pretenden    única y exclusivamente forzar el cumplimiento de lo ordenado por el acto  en cuestión.

En cuarto y último lugar,  la compulsión  sobre las personas,  que constituye  el  método    más radical de ejecución forzosa y consiste en el  empleo de  la  fuerza sobre las personas.  Su uso está condicionado  al  cumplimiento de tres requisitos: que solo se emplee para  ejecutar actos administrativos que impongan una   obligación  personalísima   de no  hacer  o  soportar  como desalojar un edificio que amenaza ruina, o un edificio de ocupas); que el empleo se produzca en virtud de una habilitación expresa por ley como ocurre con las  multas coercitivas, y, finalmente, que la ‘puesta en práctica ha de hacerse dentro del respeto debido a la dignidad humana y a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, de forma proporcional, adecuada a la naturaleza de la obligación impuesta. Por  último, si  para  ejecutar el acto  se  pueden  emplear varios medios, siempre deberá elegirse el menos gravoso de modo que la compulsión sobre las personas solo se emplea cuando es el único medio de ejecución forzosa posible.

Sin comentarios aún.

Deja un comentario

restablecer todos los campos