¿Cuándo prescriben las deudas tributarias?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

I. Introducción

La prescripción, como es sabido, resulta ser un modo de extinción de acciones o derechos por el transcurso del tiempo, que en el ámbito tributario se traduce en que todas las deudas podrán ser reclamadas en unos plazos establecidos legalmente, y si ese tiempo vence, la Administración ya no podrá perseguir la recaudación de dichas deudas por encontrarse prescritas.

La prescripción de las deudas tributarias, se encuentran reguladas en la Sección 3.ª del Capitulo IV sobre la deuda tributaria de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, “LGT”).

II. Plazo

Según lo establecido en el artículo 66 LGT, una deuda frente a Hacienda, prescribe a los cuatro años. Dicho periodo de tiempo, comienza a computar desde el día siguiente al término del plazo establecido para la presentación de su declaración o autoliquidación. Sin embargo, como sucede en otras ramas del derecho, el plazo de prescripción puede ser interrumpido si se inicia cualquier procedimiento de reclamación o investigación por parte de la Agencia Tributaria.

Literalmente, el artículo antes mencionado, establece que en el plazo de cuatro años, prescribe para la Administración: (i) el derecho a determinar la deuda mediante la correspondiente liquidación tributaria; (ii) el derecho a exigir el pago de las deudas liquidadas; (iii) y tanto el derecho a solicitar como a obtener las devoluciones derivadas de la legislación tributaria, como los ingresos indebidos y el reembolso de los costes de las garantías.

Sin embargo, la misma LGT establece que el cómputo de los plazos será distinto para cada uno de los casos anteriores. Es por ello, que en el supuesto de las deudas frente a Hacienda que se determinen mediante declaración o autoliquidación, el plazo de prescripción, comenzará al día siguiente a aquel en que termine el plazo legal para presentar la correspondiente declaración.

En el supuesto de tributos periódicos, en los que para su determinación no sea necesaria una declaración o autoliquidación, el plazo comienzo a computar el día de su devengo.

Para aquellos tributos ya liquidados, el plazo de prescripción comienza cuando finalice el periodo de pago voluntario. Asimismo, para las devoluciones, tanto para obtenerlas como para solicitarlas, el plazo comienza a computar al día siguiente a aquel en que finalicen los tiempos para solicitar o efectuar la correspondiente devolución.

III. Prescripción de las obligaciones formales

Según lo establecido en el artículo 70 LGT, los tributos tienen obligaciones accesorias a la principal que pueden exigirse mientras la obligación tributaria principal no haya prescrito. Así, por ejemplo, el deber de conservación y suministro de información contenida en el artículo 29 de la LGT, deberá cumplirse en los plazos previstos en la normativa mercantil o en el previsto para sus obligaciones formales si fuera superior al mercantil.

Asimismo, el deber de justificar la procedencia de datos que tienen su origen en periodos impositivos prescritos, se mantendrán durante el plazo de prescripción de derecho de la Administración a determinar las deudas tributarias afectadas por la correspondiente operación, lo que se traduce en la obligación de mantener la documentación durante periodos muy amplios en los que la Administración aun puede llevar a cabo la comprobación de los datos.

IV. Interrupción del plazo de prescripción

Por mor de lo establecido en el art. 68.1 LGT, el plazo de prescripción de los cuatro años, será interrumpido en base a alguna de las siguientes circunstancias, dependiendo del derecho al que afecte.

A) En el caso del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, la prescripción podrá ser interrumpida por:

  • Cualquier actuación de la Administración, que siendo notificada al interesado, esté enfocada a reconocer, regularizar, comprobar, inspeccionar, asegurar o liquidar total o parcialmente la deuda tributaria, aunque como consecuencia de la incorrecta declaración del interesado, la actuación fuera dirigida contra otra obligación tributaria de la correspondiente.
  • Por la presentación de cualquier recurso o reclamación, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción o por presentar denuncia ante el Ministerio Fiscal. Asimismo, se entenderá interrumpida por la notificación de una comunicación judicial en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en marcha.
  • Por último, también se entenderá interrumpida por cualquier acto fehaciente del obligado tributario dirigido a la liquidación o autoliquidación correspondiente.

 B) En relación con el derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas, el plazo de cuatro años de prescripción se entenderá interrumpido:

  • Por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el obligado tributaria y que se oriente a la recaudación de la deuda.
  • Asimismo, se entenderá interrumpido por la presentación de alguna reclamación o recurso cualquiera, por la declaración de concurso del deudor, o por el ejercicio de acciones civiles o penales con el fin de cobrar la deuda. De igual manera, también se entenderá interrumpido por la recepción de alguna comunicación judicial ordenando la paralización del procedimiento administrativo en curso.
  • Por último, si el obligado tributario realizase alguna actuación fehaciente dirigida al pago o extinción de la deuda, el plazo también se entenderá interrumpido.

 C) Por lo que concierne al derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de los ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías, la LGT entiende que el plazo se interrumpirá por:

    • La realización, por parte del obligado tributario, de cualquier acción que procure la devolución, el reembolso o la rectificación de su autoliquidación.
    • Así como por la presentación de cualquier reclamación o recurso.

D) Por último, en lo referente al derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el rembolso del coste de las garantías, la LGT establece que se entenderá interrumpido el plazo:

  • Por cualquier actuación de la Administración enfocada a la devolución o el reembolso.
  • Al igual que por la presentación de cualquier reclamación o recurso de cualquier tipo.
  • Y por cualquier acto fehaciente del obligado por el cual requiera a la Administración la devolución o el reembolso correspondiente.

V. Efectos de la prescripción

Tal y como establece FERNANDEZ JUNQUERA, M: “la prescripción se diferencia de la caducidad en que sus plazos se pueden interrumpir teniendo que comenzar de nuevo su cómputo”. (Cfr. FERNÁNDEZ JUNQUERA, M., La prescripción de la obligación tributaria. Un estudio jurisprudencial, 1a ed., Aranzadi, 2001, pp. 49 y ss.).

Es decir, la interrupción de la prescripción de la deuda frente a Hacienda, por cualquier de las causas recogidas anteriormente, da lugar al inicio del cómputo de un nuevo plazo de prescripción desde el día en que se interrumpió. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en su artículo 68,7 la LGT recoge ciertas excepcionalidades a lo anterior:

a) Si el plazo de prescripción de la deuda frente a Hacienda, se hubiera interrumpido por la interposición de un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por el ejercicio de acciones civiles o penales, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción correspondiente o la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, el cómputo del plazo se reanudará desde la notificación a la Administración tributaria de la resolución firme, del levantamiento de la paralización o de la resolución del expediente por parte del Ministerio Fiscal.

b) Si el órgano judicial no acuerda la suspensión del acto recurrido, no existe una interrupción de la prescripción, siendo posible para la Administración realizar cualquier acción sobre la deuda tributaria (exigir el pago, liquidarlo, etc.).

En el otro supuesto que se plantea en el artículo 68.7 LGT, es cuando la interrupción se produce por la declaración de concurso,  el precepto plantea que el inicio del computo dependerá de la aprobación del convenio concursal, pudendo darse dos situaciones: (i) si existiesen deudas sometidas al convenio, el plazo se reanuda cuando las deudas resulten exigibles; (ii) mientras que si éstas no se encuentran sometidas al convenio, el plazo se inicia cuando el este ultimo se aprueba.

Si por el contrario, no se ha podido aprobar un convenio, el plazo se inicia con la resolución judicial firme que declare dicha circunstancias.

Asimismo, por último, creemos conveniente aclarar que la interrupción de la prescripción de la deuda tributaria, se extiende a todos los sujetos obligados, incluidos los responsables. Sin embargo, si la obligación es mancomunada y la reclamación únicamente se dirige contra uno de aquéllos, la interrupción no se extiende a los demás.

Sigue leyendo Administrativando

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Autorizo el tratamiento de mis datos con la finalidad de publicar una opinión en los post o noticias editados en el blog, más info.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube

Vídeos sobre infinidad de temáticas relacionadas con el derecho administrativo y contencioso-administrativo.

Apúntate a nuestra newsletter

Puedes suscribirte a la newsletter de Administrativando dejando tu e-mail a continuación.

Adela Merino León

Abogada

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos. 

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

José Cortés Bermúdez

Abogado

Proviene de firmas internacionales como el despacho Martínez Echevarría & Rivera Abogados

Durante más de una década de ejercicio profesional, ha participado en la orientación y defensa de todo tipo de asuntos sobre Derecho Administrativo, asesorando a importantes compañías y fondos de inversión tanto nacionales como extranjeros.

Asimismo, cuenta con experiencia en la resolución de consultas a entidades públicas y privadas, participando en la elaboración de informes  y dictámenes jurídicos de importante complejidad técnica.

Igualmente, de forma periódica, interviene en fase litigiosa ante los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso – Administrativo.

También participa en diferentes programas docentes en la escuela de formación Administrativando Business School.

María José Amo Gago

Asociada

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues. 

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores. 

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias. 

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo. 

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi. 

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19. 

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

En AB Legal International S.L.P. utilizamos cookies propias y de terceros que permiten al usuario la navegación a través de una página web (técnicas), para el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento de los usuarios (analíticas),  que permiten la gestión de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página (publicitarias) y  cookies  que almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo elaboración de perfiles web ( hay que poner la información genérica sobre el tipo de datos que se van a recopilar y utilizar en caso de que se elaboren perfiles) (análisis de perfiles) (si hubiera otras finalidades debería incluirse la información). Si acepta este aviso consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra política de cookies.

Puedes suscribirte a Administrativando dejando tu e-mail a continuación y recibirás semanalmente los últimos artículos en tu bandeja de entrada.