Ago 9

El recurso de apelación contencioso-administrativo: aspectos prácticos a destacar

Tags:

Recurso de apelación administrativo

Publicamos artículo de nuestro colaborador D. José Enrique Candela Talavero, Funcionario con Habilitación Nacional y Doctorando en Derecho Administrativo. 

Con carácter general, es la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA) la norma clave para acercarnos al recurso de apelación en sus aspectos prácticos y al que dedica sus artículos 81 a 85.

Recurso de apelación contencioso – administrativo, que “no se concibe como una repetición del proceso de primera instancia, sino como una revisión del mismo, que descansa por tanto en una pretensión revocatoria de la sentencia dictada y, por ende, en el deber procesal de quien la deduce de trasladar un análisis crítico, por escueto que sea, de la decisión que se combate” (STS de 26 de mayo de 1999).

Resulta ser las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo aquellas que son susceptibles de recurso de apelación.

Esto no obstante advertir, que en dos materias queda excepcionada esta regla, que no son sino, uno, que se dictasen en supuestos con una cuantía que no exceda de 30.000€ (Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 29 de noviembre de 2017, recurso de apelación 32/2017).

Sobre este eventualidad, saber que habrá que considerar la cifra individualizada de cada una de las liquidaciones por su cuantía respectiva a los efectos de la impugnabilidad de la sentencia recurrida (SSTS de 27 de abril y de 1 de julio y de 2009); que en caso de liquidaciones de intereses de deudas tributarias, se atenderá a cada liquidación de manera individualizada, por lo que el total no determinará la cuantía de la apelación (STS de 29 de enero de 2007).

En supuestos de apremio, la cuantía quedará determinada por cada deuda acumulada a la providencia de apremio, con independencia de la cuantía de ésta (STS de 9 de julio de 2007) y para casos de contratación, de reclamarse certificaciones de una misma obra, la cuantía, será la de cada certificación (Auto del TS de 31 de mayo de 2007) y dos, los previstos en el relativo a materia electoral (artículo 8 LJCA).

En relación a esta segunda excepción, conviene traer a colación, la regulación prevista en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (artículos 109 a 117) recordando la STC 24/1990, de 15 de febrero en virtud del cual “la jurisdicción del orden contencioso-administrativo actúa controlando los acuerdos de las Juntas Electorales “.

Mientras que, por el contrario, quedan sometidas a este recurso de apelación contencioso – administrativo, aquellas sentencias cuando su objeto fuera:

a) Las que declaren la inadmisibilidad del recurso en el caso de la letra a) del apartado anterior. No olvidar, que para fijar estas cuantías, como resolviera la STSJ de Madrid de 30 de marzo de 2006, se tiene que tener presente la entidad real material de la cuestión litigiosa, resultando irrelevante que este recurso de apelación hubiera sido admitido en la instancia, o el caso se tramitara como de cuantía indeterminada. Cantidad para la que la STSJ de Madrid de 24 de noviembre de 2016, recordará la doctrina del Tribunal Supremo -expuesta en los Autos de 25 de octubre y 13 de diciembre de 1999, y en las STS de 6 de marzo de 1999 y 17 de abril de 2.000, entre otras.

b) Las dictadas en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona. Así se reconoció en la STSJ de Catalunya de 29 de mayo de 2017 ante una pretensión fundamentada en la vulneración de derechos fundamentales por contaminación acústica, pretensión que fuera estimada por el Tribunal.

c) Las que resuelvan litigios entre Administraciones públicas. Para que así se produzca, hay que saber que no será suficiente que las partes detenten esa condición pues como recordó la STSJ de Galicia de 10 de diciembre de 2012, estas Administraciones tienen que ejerciten un poder público. Sabiendo que no ostentará condición pública, sino que adopta forma de particular en casos de ser sujeto pasivo de un tributo (STS de 28 de Junio de 2012), o en supuestos de ser expropiada (STSJ de Cataluña del 10 de diciembre de 2015).

d) Las que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales. (SSTS de 31 de marzo de 2011, (rec. nº2888/2007); de 6 de marzo de 1999 (rec.nº 2514/1999) y 1 de julio de 2003 (rec.nº 5801/2003).

Por lo que hace a su vertiente subjetiva, se fija la ley en el carácter de la disponibilidad de la legitimación sea como parte demandante, sea como demandada. Recurso de apelación contencioso – administrativo que, a diferencia del recurso de casación(“por quienes hayan sido parte en el procedimiento a que se contraiga la sentencia o resolución recurrida” (art. 89.3 LJCA), se permite su interposición por las partes en la primera instancia, y por quienes sin personarse en autos pudieran haberlo hecho al disponer de legitimación.

Por lo que hace a la garantía y seguridad de la finalidad del recurso de apelación contencioso – administrativo y para no quedar vacía de contenido la sentencia que en su caso se dicte, será posible en cualquier momento, y cuando exista parte que lo inste, adoptarse medidas cautelares, que impondrá una ponderación de intereses públicos y privados (STS de 28 de enero de 2008) al decidir la adopción de la medida cautelar.

Garantías de las medidas cautelares, que no se prestarán si se instase esta ejecución provisional por una Administración pública, y que no estará reñida con que la sentencia recurrida mediante el recurso de apelación, pudiera ejecutarse de esta manera provisional, para lo que, en caso de derivar perjuicios esta ejecución, se podrá reclamar garantías (artículo 133.2LJCA).

Advertir la posible ejecución provisional permitida en el recurso de apelación contencioso – administrativo, aunque produzca perjuicios, pero no si estos son perjuicios de imposible reparación o se generasen situaciones irreversibles. Situaciones que también se contemplan para el recurso de casación en el artículo 91 LJCA, y que fue resuelto por la STS de 1 de diciembre de 2011, (rec. nº 4175/2010). En este supuesto, reconoció el auto de 13 de mayo de 2010 de la Audiencia Nacional en este proceso para la ejecución provisional de la sentencia “sólo cuando concurran las circunstancias del número 3 de dicho artículo se denegará tal ejecución, por ello no se trata de ponderar los intereses en conflicto sino determinar si la situación que se crea es irreversible o genera un perjuicio de difícil reparación, y tales circunstancias no concurren, puesto que una sentencia estimatoria de la casación dictada por el Tribunal Supremo supondría la devolución de las cantidades percibidas por el Ayuntamiento “ (STS de 1 de diciembre de 2011, FD1).

Siendo doctrina del Tribunal Supremo (SSTS de 25 de julio del 2007 y de 1 de diciembre de 2011,FD4) que “cuando el motivo del recurso invoca infracción del artículo 91.3 de la. LJCA por no haber ponderado los intereses y circunstancias en conflicto, parece desconocer la esencia de la ejecución provisional. Una vez dictada sentencia, ésta es obligatoria y, como tal, ha de ser ejecutada por norma, sin ponderar entre perjuicios en el caso de retraso de la ejecución y perjuicios en el supuesto de ejecución inmediata. Por ello, debe existir una tendencia a la ejecución, que sólo será limitada cuando resulte susceptible de causar perjuicios de difícil o imposible reparación, en relación con la situación a que puede dar lugar, a juicio del órgano judicial. Muy claro en este sentido resulta el primer apartado de los artículos 84 y 91 LJCA, ambos de idéntico tenor literal, cuando afirman que la interposición o preparación del recurso de apelación o de casación, respectivamente, “no impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida”. Así, los intereses que deben ponderarse serían tres: el interés del vencedor a la ejecución -si bien provisional- de lo juzgado, con el fin de obtener la ventaja reconocida en el fallo (y de evitar que la Administración vencida haga un uso fraudulento de los recursos que están en sus manos con finalidad dilatoria); el interés de la Administración — también titular del derecho a la tutela judicial efectiva que su posición constitucional no sea irreversiblemente perturbada en el eventual caso de que la casación fuere estimada; y el interés del juez a la ejecución de sus sentencias, como función encomendada constitucionalmente por el artículo 117.3 CE. El primero y el tercero de estos intereses aconsejan la ejecución provisional, y así será, salvo que el segundo de ellos pueda resultar inalterable o gravemente perjudicado“. Ponderación que no olvida este criterio marcado por la jurisprudencia comunitaria en auto de 26 de junio de 2003) que no es sino que “debe determinarse si la anulación, en su caso, de la Decisión controvertida por el juez que conoce del fondo permitiría invertir la situación provocada por su ejecución inmediata y, al contrario, si la suspensión de la ejecución de dicha Decisión podría entorpecer la plena eficacia de ésta en el supuesto de que se desestimara el recurso”.

Finalmente señalar que la finalidad del recurso de apelación contencioso – administrativo, como resolvieron las SSTS de 17 junio 1993 y 10 enero 1997 “es combatir la sentencia apelada, demostrando la incongruencia de su fallo o su inadecuación al ordenamiento jurídico, lo que no obsta para que este Tribunal Supremo pueda reconsiderar las cuestiones planteadas si es necesario para revisar el fallo”. Y con esta un sinfín de pronunciamientos que desestiman los recursos de apelación por ser meras reproducciones de los fundamentos utilizados en primera instancia. Buscando una “revisión crítica de los fundamentos de la sentencia apelada, en correlación con los de la pretensión objeto del fallo”.