Abogado contencioso administrativo Tarragona

Somos un despacho de abogados especializados en Contencioso Administrativo, que prestamos servicio y actuamos en todo el territorio nacional, incluyendo Tarragona. Contamos con sede en Madrid, Badajoz y Córdoba. Asimismo, tenemos oficinas de representación en Barcelona y en Sevilla.

Los abogados expertos en contencioso-administrativo que actúan en Tarragona y que conforman nuestra boutique legal, son profesionistas que se encuentran abocados exclusivamente al estudio y defensa de la rama administrativa; todos nuestros letrados cuentan con un destacado historial profesional e investigador que los posiciona dentro de un grupo selecto de abogados que son referencia en España dentro de esta disciplina jurídica.

Resulta preciso hacer hincapié que, en la fase contenciosa, la parte recurrente es quien tiene la obligación de la carga probatoria, esto es, el demostrar los hechos en los cuales sustenta su pretensión, ya que de oficio la autoridad judicial no va descubrir los hechos trascendentales para emitir su fallo.

De tal forma, el entrar en contienda con las autoridades administrativas es una tarea complicada, razón por la cual es muy aconsejable el contratar una buena defensa para que nos represente ante un juzgado o tribunal, ya que, como es bien sabido, la Administración Pública por su inherente condición, tiene a su favor el hecho de que las afirmaciones que haya precisado dentro del expediente administrativo se tengan habitualmente asumidas como ciertas y probadas dentro del juicio. Y es por ello, que nuestro grupo de abogados especialistas en contencioso-administrativo con alcance en Tarragona, dispone de una alto grado de capacitación tanto en el conocimiento de la normativa, como en el desempeño de la práctica, contando con un éxito destacable en los asuntos que intervienen.

Para la obtención de tales resultados, nuestro departamento de abogados en contencioso-administrativo en Tarragona se distingue por mantener en cada cuestión que se le plantea un enfoque multidisciplinar, teniendo en cuenta cada supuesto de la controversia para dar lugar a una táctica legal que implique demostrar la ilicitud del acto administrativo, además de desvirtuar los argumentos que la autoridad pueda esgrimir durante el juicio.