Ago 3

¿Responsabilidad patrimonial por fallos provocados en LexNet?

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A raíz de la última entrada publicada en el blog, por la que analizaba de forma general los requisitos que han de producirse para que opere el instituto de la responsabilidad patrimonial, he recibido varias consultas, por las que se me preguntaba sobre la posibilidad de exigir responsabilidad patrimonial a raíz del último fallo de seguridad provocado por LexNET, el pasado 27 de julio, que ha permitido que cualquier usuario pudiera acceder a toda la documentación de cualquier causa abierta.

La respuesta, a mi parecer, es rotundamente afirmativa, siempre y cuando, evidentemente, se cumplan los requisitos de generación y evaluación económica del daño, el de la preceptiva relación de causalidad, el del plazo de un año desde que el hecho se produjo y el de ausencia de fuerza mayor. Así lo ha repetido incluso y en varias ocasiones el Consejo Fiscal, señalando que:

“las dificultades de una actuación eficaz de los fiscales en los expedientes digitales pueden generar responsabilidad patrimonial para la Administración”.

Y ello, por aplicación del artículo 121 de nuestra Carta Magna, que establece que:

“Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley”.

Este precepto, se encuentra desarrollado en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuya Exposición de Motivos señala que:

“La Constitución exige y esta Ley Orgánica consagra los principios de oralidad y publicidad, para lo que se acentúa la necesaria inmediación que ha de desarrollarse en las leyes procesales y, junto a ello, se regula por primera vez la responsabilidad patrimonial del Estado que pueda derivarse del error judicial o del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia”, siendo cierto que el artículo 292 de la norma indica que “Los daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del estado, salvo en los casos de fuerza mayor, con arreglo a lo dispuesto en este Título” y que “En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas”.