Jul 27

Requisitos para que opere la Responsabilidad Patrimonial de una Administración Pública

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De principio, hay que aclarar que la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, resulta ser una Institución de por sí compleja, cuya operatividad pende del cumplimiento de estrictos requisitos, matices que no pueden ser obviados y límites que hay que conocer y respetar. Es por ello que, con carácter previo, resulta vital esbozar al menos las líneas maestras que la configuran.

Es preciso comenzar apuntando que, nuestro Ordenamiento Jurídico, tiene su base no sólo en el principio genérico de la tutela efectiva que en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos reconoce el art. 24 de la Constitución, sino también, de modo específico, en el artículo 106.2 de la propia Constitución al disponer que: “Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo los casos de fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”; en el artículo 32, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y en los artículos 121 y 122 de la Ley de Expropiación Forzosa, que determinan el derecho de los particulares a ser indemnizados por el Estado de toda lesión que sufran, siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado, habiendo precisado la Jurisprudencia (por todas, Sentencias de 24 de marzo de 1992; RJ 1992,3386, 5 de octubre de 1992 -RJ 1993,7192- y 22 de marzo de 1995 -RJ 1995,1986-) y, en interpretación de los anteriores preceptos, que para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración, es necesario que operen cumulativamente, el siguiente orden de requisitos:

• La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

• Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e indirecta y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal.

Ausencia de fuerza mayor, lo que no de caso fortuito.

• Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente por su propia naturaleza.

• Que no haya transcurrido más de un año desde que el daño en cuestión se produjo o desde que el alcance de éste pudo ser valorado y determinado.

En relación con los antedichos requisitos, varios apuntes de carácter general al respecto:

A los fines del artículo 106.2 de la Constitución, la Jurisprudencia (STS de 5 de junio de 1989 -RJ 1989,4338- y 22 de marzo de 1995), ha homologado como servicio público, toda actuación, gestión, actividad o tareas propias de la función administrativa que se ejerce, incluso por omisión o pasividad con resultado lesivo.

Por lo que se refiere a la relación de causalidad, a efectos de configurar la responsabilidad patrimonial, la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal (Sentencias de 6 de octubre de 1998 –RJ 1998,7813-) y 13 de octubre de 1998 (RJ 1998,7820) establece que, aún cuando la Jurisprudencia ha venido refiriéndose de modo general a un carácter directo, inmediato y exclusivo para particularizar el nexo causal entre la actividad administrativa y el daño o lesión que debe concurrir para que pueda apreciarse responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, no queda excluido que la expresada relación causal -especialmente en los supuestos de responsabilidad por funcionamiento anormal de los servicios públicos- puede aparecer bajo formas mediatas, indirectas y concurrentes, circunstancia que puede dar lugar o no a una moderación de la responsabilidad y que entre las diversas concepciones con arreglo a las cuales la causalidad puede concebirse, se imponen, en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, aquellas que explican el daño por la concurrencia objetiva de factores cuya inexistencia, en hipótesis, hubiera evitado aquél, por lo que no son admisibles, en consecuencia, concepciones restrictivas que irían en contra del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

Además de estos requisitos, es preciso tener en cuenta que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente (así, en Sentencias 14 mayo [ RJ 1994, 4 190] , 4 junio [ RJ 1994, 4783] , 2 julio [ RJ 1994, 6673] , 27 septiembre, 7 noviembre y 19 noviembre 1994 [ RJ 1994, 10469] , 11 de febrero 1995, 25 febrero 1995, 28 febrero [ RJ 1995, 1495] , 1 abril [ RJ 1995, 3226] y 11 de septiembre de 1995 [RJ 1995, 6423] ) que la responsabilidad patrimonial de la Administración, contemplada por los arts. 106.2 de la Constitución (RCL 1978, 2836) , 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957 (RCL 1957, 1058, 1178) y 121 y 122 de la Ley de Expropiación Forzosa (RCL 1954, 1848) , se configura como una responsabilidad objetiva o por el resultado en la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando para declararla que, como consecuencia directa de aquélla, se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado.

Esta fundamental característica impone que, no sólo no es menester demostrar para exigir aquella responsabilidad que los titulares o gestores de la actividad administrativa que ha generado un daño han actuado con dolo o culpa, sino que ni siquiera es necesario probar que el servicio público se ha desenvuelto de manera anómala, pues los preceptos constitucionales y legales que componen el régimen jurídico aplicable extienden la obligación de indemnizar a los casos de funcionamiento normal de los servicios públicos.

Precisamente el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de la Administración hace que sólo se excluya en los supuestos de fuerza mayor y no en los de caso fortuito, lo que implica, como también se recordaba en la STS 1 de diciembre de 1989 (RJ 1989, 8992) , que: «el carácter fortuito del hecho causante de una lesión no excluye la responsabilidad patrimonial».

Por último, conviene apuntar que cuando se tratan de reclamaciones derivadas de actuaciones sanitarias, la doctrina jurisprudencial también viene declarando que no resulta suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la “lex artis” como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta, independiente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo, ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente, de manera que, si el servicio sanitario o médico se prestó correctamente y de acuerdo con el estado del saber y de los médicos disponibles, la lesión causada no constituiría un daño antijurídico.

Todo lo anterior, sin obviar, que la Jurisprudencia de nuestros Tribunales de Justicia, tal y como hemos explicado ab initio de este artículo, aplica de forma restrictiva los requisitos antes esbozados para que surja la responsabilidad de un Organismo Público, bajo el amparo de que las Administraciones Públicas, no pueden ser “aseguradoras universales” de todo daño o perjuicio que pueda sufrir un ciudadano.