Ene 21

Reintegro de subvención o pérdida del derecho al cobro: Principio de proporcionalidad

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Cuando a un administrado le es notificado un reintegro de subvención (en caso de haber recibido la cantidad económica previamente reconocida) o, en su caso, una pérdida al derecho al cobro de dicha cantidad (en el supuesto de no haber sido aún liquidada), cuenta con diferentes argumentos de defensa para poder revocar dicho acto administrativo.

Uno de los posibles motivos de oposición a tan desgraciada noticia, es que se haya podido producir una posible vulneración del Principio de Proporcionalidad que, como bien sabemos, ha de presidir todo acto subvencional y que encuentra su máxima expresión en los artículos 30.8 y 37 de la Ley General de subvenciones.

El Principio de Proporcionalidad exige una solución diferente, porque la conducta del beneficiario de la subvención evidencia una voluntad de cumplimiento y porque la finalidad de la ayuda se ha cumplido, mediante el acometimiento del proyecto, que nadie ha cuestionado.

Así, por ejemplo, el mentado artículo 37.2 de la LGS establece que:

Cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, entidad colaboradora se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de esta ley o, en su caso, las establecidas en la normativa autonómica reguladora de la subvención”.

En la Sentencia de 3 de mayo de 2013, recordamos que; “La STS de 12 de marzo de 2008 (Rec. 2618/2005) razona que el principio de proporcionalidad permite emplear ciertos criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas al conceder las subvenciones”; debiéndose valorar “la incidencia que aquella anomalía supone en el conjunto de las relaciones Administración-beneficiario, poniendo de manifiesto la conexión entre la proporcionalidad y la equidad. Y, en la misma línea, la más reciente STS de 30 de marzo de 2010 sostiene que, en aplicación del principio de proporcionalidad deben ponderarse las circunstancias concurrentes en cada supuesto, a los efectos de determinar el grado de incumplimiento” (Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4º, Sentencia de 3 de mayo de 2013).

El principio exige ponderar las causas de incumplimiento de las condiciones impuestas determinantes del otorgamiento de la subvención y valorar la actuación del beneficiario, tendente a satisfacer de forma significativa los intereses públicos perseguidos, y proporciona un criterio interpretativo de la obligación de reintegro.

A modo de ejemplo, y a mayor abundamiento, nos ilustra sobre tal posicionamiento la STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 3 junio 2015, que dispone expresamente:

“Expuesto lo anterior, debemos señalar que esta Sala (Sección 8ª) viene considerando que para resolver la controversia suscitada hay que valorar la entidad de los incumplimientos en los que se fundamenta la orden de reintegro y a que obligación se refiere pues no se pueden asimilar los supuestos evidentes y graves de incumplimiento , como son aquellos supuestos en que el importe de la subvención no se ha destinado a los fines para los que fue concedida o que las obras no se han realizado, con aquellos otros casos en que, si bien puede existir algún incumplimiento , no se trata de incumplimientos que puedan calificarse de graves ni afectan a las obligaciones esenciales previstas en la Orden de concesión.

Pues bien, en el presente supuesto, no se discute que las subvenciones concedidas para los Proyectos números 87, 2650 y 3459 no hayan sido destinados al proyecto que en su día fue aprobado y que las obras previstas se ejecutaron. Todas estas circunstancias, valoradas en su conjunto, determinan que estemos ante un retraso en el pago de certificaciones (proyecto nº 87) y ante un retraso en el plazo de establecido para la aportación del certificado de gasto ejecutado y pagado (proyectos 2650 y 3459), que no tienen la entidad suficiente para constituir un incumplimiento grave que dé lugar al reintegro previsto en el artículo 13 de la Orden TER/1005/2010, de 22 de abril.

La Sala 3ª del Tribunal Supremo ha examinado la aplicación del principio de proporcionalidad, que se contempla en el artículo 17.3.n) y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a los procedimientos de reintegro de subvenciones , concluyendo que el mismo es plenamente aplicable y que no deben equipararse los retrasos de cierta levedad con el incumplimiento del fin de la subvención, por lo que a una y otro no pueden asignárseles las mismas consecuencias. Así lo hacen en la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2007, a cuyo tenor ” En todo caso, el principio de proporcionalidad (de matriz jurisprudencia) y ahora ya inserto en la Ley 38/2003, 17 de noviembre (EDL 2003/120317), General de Subvenciones, inaplicable al caso de autos ratione temporis) permite emplear ciertos criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas al conceder las subvenciones. Casos como el presente, caracterizados por las circunstancias que acabamos de describir, en los que no existe un incumplimiento absoluto de la obligación de justificación, pueden no ser tratados del mismo modo que estos últimos. Si se trata de una justificación ligeramente tardía, resulta indiscutible la realización efectiva y material -y dentro de su plazo propio-de las condiciones sustantivas y concurren las circunstancias excepcionales que ya hemos descrito, habrá que valorar la incidencia que aquella anomalía temporal supone en el conjunto de las relaciones Administración-beneficiario.

En casos tan singulares como el presente -cuya especificidad, insistimos, no permite extrapolar la misma conclusión a cualesquiera otros incumplimientos formales , ni siquiera de signo meramente temporales aplicable el criterio de proporcionalidad (con apelación adicional a la “equidad”) que con acierto adopta la Sala de instancia y que ulteriormente corroboraría el artículo 37.2 de la vigente Ley General de Subvenciones antes citada: cuando el cumplimiento por los beneficiarios “se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos” pueden no deducirse las consecuencias “rigurosas” de pérdida de la subvención que auspicia el Abogado del Estado en su recurso.”

Aplicando tales criterios de proporcionalidad al caso que nos ocupa, debe afirmarse que no cabe equiparar en cuanto a las consecuencias aplicables un retraso de cierta levedad en la demora del cumplimiento de algunas de las condiciones secundarias de la subvención con el incumplimiento mismo del fin al que fue condicionada.

Así las cosas, no habiéndose acreditado por la Administración demandada la incidencia que aquellas anomalías temporales han supuesto en el conjunto de las relaciones Administración-beneficiario, debemos concluir que el reintegro exigido por el retraso en el pago así como en la aportación del certificado del gasto ejecutado y pagado no es proporcional y debe ser anulado.

SEXTO.- – Lo expuesto en los anteriores Fundamentos determina la estimación en parte del presente recurso a los efectos de anular los reintegros de las subvenciones concedidas para los Proyectos nº 2650 y 3459, sin hacer pronunciamiento sobre pago de costas procesales”.